Este lunes, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, junto a su equipo técnico, presentó algunos avances del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PND) 2050 que tiene como fin mejorar las políticas públicas a mediano y largo plazo (de acá a 25 años) enfocadas en salud, seguridad, empleo, educación e infraestructura, para potenciar el desarrollo socioeconómico del país.

El ministro Fernández Valdovinos explicó que se está trabajando para realizar las últimas consultas y que por eso acudieron hasta el Congreso de la Nación, primeramente junto a los senadores, para escuchar sus ideas y complementar con toda la información ya recabada. Posteriormente, también hablarán con los diputados.

“Esto no fue elaborado desde una oficina con aire acondicionado, tuvo un proceso de elaboración participativa. Se visitaron 12 ciudades del interior, se llamó a líderes locales para escuchar de ellos mismos que esperan en el futuro, qué políticas son las más adecuadas para tener en cuenta, para que nosotros incluyamos en este PND”, explicó en conferencia de prensa.

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Luego, aclaró que el Ministerio de Economía no será el encargado de ejecutar el plan, sino los diferentes Organismos y Entidades del Estado (OEE). También destacó que por primera vez hay un plan muy amplio en participación y que los senadores y diputados, también tienen que aportar al PND 2050.

Estas serán las últimas consultas que realicen los técnicos del MEF para cerrar el plan y luego, presentarán de manera oficial el documento en un acto al que llamó “grande” junto al presidente de la República, Santiago Peña, y autoridades del legislativo.

“No es que nosotros nos estemos descuidando del corto plazo; por eso no quiero hablar sólo de las leyes. Quiero que nos distingamos más. Tenemos que pasar de mirar simplemente el ahora y empezar a mirar el mañana o el pasado mañana. Incluso por eso era el objetivo de venir a presentar”, sostuvo el ministro Valdovinos.

El PND Paraguay 2050 es una herramienta de planificación estratégica de mediano y largo plazo destinada a orientar el desarrollo socioeconómico del país, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este proceso participativo, iniciado en julio de 2024, responde a los desafíos nacionales e internacionales actuales, considerando la proximidad del cierre del vigente PND 2030.

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“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.

“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.

Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.

“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.

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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".

El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.

Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.

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Diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentaron un proyecto de ley que declara emergencia hortícola nacional por un periodo de 120 días prorrogables con la finalidad de asistir a pequeños y medianos productores tras las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas.

La iniciativa insta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a aplicar de manera urgente un plan de mitigación y recuperación, el cual debe establecer el otorgamiento de subsidios y líneas de créditos blandos, la reposición de plantines, semillas, insumos agrícolas y asistencia técnica para la recuperación de los cultivos.

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El proyecto también autoriza al Ejecutivo a impulsar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar el plan, así como gestionar recursos adicionales de organismos multilaterales.

Los proyectistas Diosnel Aguilera, María Constancia Benítez, Adrían “Billy” Vaesken y Arnaldo Valdez, sostienen que el proyecto tiene como objetivo proteger el tejido económico productivo, los ingresos rurales y garantizar el acceso a alimentos a precios razonables para la población urbana.

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La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.

Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.

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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.

El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.

De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.

De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.

La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.

Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.

Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.

Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.

La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.

Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.

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