La Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) expresó su repudio ante las nuevas denuncias de licitaciones multimillonarias para adquisiciones de sistemas de gestión y mobiliarios, teniendo en cuenta que existen fuertes indicios de direccionamiento y sobrecostos. Reiteran como exigencia la transparencia y publicidad de todas las licitaciones que se enmarcan dentro de la pandemia.
Reclaman el compromiso de la Sindicatura y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para advertir sobre irregularidades. “No pedimos milagros y cosas imposibles, solo que cumplan con su trabajo y la ley; además de castigar a los responsables de las licitaciones amañadas, sobrefacturadas y daños al IPS y demás instituciones públicas”, concluye.
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De igual modo, celebran que el Gremio de Empresas Informáticas Nacionales y también los diputados Sebastián García, Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo se hagan eco del hecho, pese a que los órganos contralores no actúan. “Queda comprobado una vez más la complicidad de otras instituciones gubernamentales para apañar los procesos administrativos dudosos o con fuertes indicios de corrupción, como la Sindicatura que representa a la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que nunca encuentran nada raro hasta que las denuncias salen a la luz”, sostiene el comunicado.
Por último, lamentan que el silencio del Consejo de Administración y los gerentes responsables. “Lamentablemente también hay profesionales médicos comprometidos con estos derroches, es prácticamente una constante en este Consejo de Administración”. Recuerdan que en su momento se había denunciado el intento de una tercerización de imágenes por US$ 100 millones en una licitación irregular.
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Diputados aprobó iniciativa para digitalizar el historial clínico de pacientes en Paraguay
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que crea la Historia Clínica Electrónica y su Registro”, durante la sesión ordinaria de este martes. Tiene por objeto establecer una normativa que permita la implementación de un sistema digital unificado de almacenamiento, acceso y gestión de la información médica de los pacientes a nivel nacional.
La iniciativa que fue presentada por los diputados colorados Rodrigo Gamarra, Hugo Meza y Miguel Del Puerto; así como su colega liberal Pedro Gómez, contempla la creación del Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica, con el propósito de garantizar la interoperabilidad entre los distintos prestadores de servicios de salud, tanto del sector público como privado.
Asimismo, busca asegurar la continuidad de la atención médica y la protección de los datos personales mediante altos estándares de confidencialidad, integridad y seguridad.
Durante su intervención, el legislador Rodrigo Gamarra, en su carácter de proyectista, solicitó el acompañamiento del pleno, al destacar que el proyecto propone herramientas tecnológicas seguras para mejorar la calidad de los servicios de salud, resguardando los datos personales de los pacientes y fomentando políticas públicas basadas en información confiable.
“Estamos seguros de que la aplicación mejorará significativamente la atención médica en nuestro país y contribuirá al bienestar de todos los ciudadanos paraguayos”, expresó.
Agregó que la propuesta también contempla situaciones de emergencia, como accidentes, donde el acceso inmediato al historial médico puede marcar la diferencia en la respuesta sanitaria. “Se trata de un proyecto acorde a los tiempos actuales, donde la tecnología debe estar al servicio eficiente de la función pública”, puntualizó.
Vanguardia tecnológica
Por su parte, el diputado Meza, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, y también coautor del proyecto, propuso su aprobación con las modificaciones introducidas por dicha comisión asesora.
“Aprobar esta propuesta no solo moderniza el sistema de salud, sino que posiciona al país a la vanguardia tecnológica en materia sanitaria en la región”, afirmó.
Asimismo, subrayó que el marco legal propuesto respeta y promueve los derechos de los pacientes, brindándoles mayor control y acceso a su historial clínico.
El congresista Miguel Ángel del Puerto, presidente de la Comisión de Salud Pública, manifestó su adhesión al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, al considerar que el documento representa un avance significativo para el sistema de salud nacional y no contraviene disposiciones constitucionales legales vigentes.
Algunos legisladores de la oposición como Raúl Benítez, Rocío Vallejo y Carlos María López solicitaron el aplazamiento del estudio en particular, expresando su preocupación respecto a los posibles riesgos vinculados a la protección y confidencialidad de los datos sensibles de los pacientes.
Si bien reconocieron el valor de la propuesta, insistieron en la necesidad de establecer mecanismos eficaces de control y fiscalización, así como garantizar estándares estrictos de seguridad informática para evitar accesos no autorizados o usos indebidos de la información médica.
El pedido de aplazamiento no prosperó, y el proyecto fue aprobado en la versión presentada por la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su estudio correspondiente.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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Emergencia en el Chaco: destinar los recursos a la SEN será para una mejor asistencia
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, se refirió al proyecto de ley de declaración de emergencia en el Chaco, que busca asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones. El documento fue modificado por la Cámara de Diputados, por lo cual se direcciona un presupuesto de G. 15.000 millones directamente a la SEN.
“La decisión que tomaron en la Cámara de Diputados es pasar ese monto de 15.000 millones de guaraníes a la Secretaría de Emergencia y ahora vuelve nuevamente a la Cámara de origen (Senado) para que ahí se defina esta situación”, dijo este miércoles en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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El ministro explicó que al destinar los recursos a la secretaría se podrá mejorar la distribución y optimizar la asistencia a los tres departamentos afectados por las lluvias e incluidos en el proyecto de ley.
“Si sucede esa forma, si pasa a la Secretaría de Emergencia, eso nos va a ayudar también para que sigamos con la asistencia a los tres departamentos de la región Occidental, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, nos va a permitir una mejor asistencia a esos tres departamentos”, remarcó.
Centralizar los recursos
El secretario de Estado también respondió a los cuestionamientos sobre la centralización de los recursos solo para la Secretaría de Emergencia, y no para las gobernaciones. Al respecto mencionó que de sancionarse en el Senado, y de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, la institución trabajará de forma directa con las gobernaciones y otras autoridades de la región para coordinar la distribución de los recursos y asistencia.
“Si sale para la Secretaría de Emergencia Nacional nosotros vamos a reunirnos con los gobernadores, con las autoridades nacionales, senadores y diputados de la región Occidental, porque ellos son quienes conocen sus necesidades y vamos trabajar en forma coordinada”, sentenció.
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Diputados aprueba declaración de emergencia en departamentos del Chaco
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara situación de emergencia en los tres departamentos de la Región Occidental, es decir, en Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Mediante esta normativa se pretende otorgar G. 15.000 millones en total para estas gobernaciones.
La iniciativa fue presentada por el senador Orlando Penner, y ya cuenta con media sanción por parte del Senado, no obstante, con la modificación introducida por los diputados, la propuesta legislativa vuelve a su cámara de origen para un nuevo estudio y tratamiento por parte del pleno.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores abordaron este proyecto que amplía el presupuesto de las mencionadas gobernaciones, con el objeto de combatir los efectos de las intensas lluvias registradas en esta zona del país, y brindar asistencia a los pobladores, productores y a las comunidades indígenas que residen en el Chaco.
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“Se prevé destinar G. 5.000 millones (a cada una)”, al objeto de gasto n.° 831, aportes a entidades y fines sociales. La Comisión de Presupuesto aconseja su aprobación", expresó la diputada Cristina Villalba, presidente de dicha comisión. Cabe mencionar que esta versión fue la aprobada por la Cámara de Senadores.
En tanto, el legislador Francisco Petersen, en nombre de la Comisión de Cuentas y Control, señaló que ellos aconsejan que este dinero no sea otorgado a las gobernaciones sino a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y propuso que el proyecto sea aprobado con esa modificación. “Hacer que la SEN pueda destinar los recursos no atenta contra la descentralización”, expuso la diputada Rocío Abed, quien secundó esta postura.
Estos dos posicionamientos, fueron sometidos a votación y por mayoría, los diputados decidieron aprobar la versión con modificaciones, por lo que la propuesta será remitida nuevamente a la Cámara de Senadores, instancia en la que los parlamentarios podrán ratificarse en su versión o acompañar el cambio introducido por la Cámara Baja.