El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, informó que la institución destinará la suma de G. 3.637 millones para su ampliación y reparación. A la vez, los recursos serán destinados para la construcción de comisiones asesoras, direcciones, bancadas parlamentarias, entre otros, que serán instalados en el cuatro piso.

“Vamos a seguir lo establecido en el programa anual de contrataciones y ejecuciones de obras. Este es un proyecto que ya encontré y vamos a ejecutarlo porque significará una mejora para la atención a la ciudadanía”, sostuvo a los medios de comunicación.

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Asimismo, el senador comentó que la empresa adjudicada es Ritter Construcciones SRL y las obras serán ejecutadas dentro de un período de 7 meses hasta su terminación. “Tenemos un Congreso que tiene más de 20 años, que necesita reparaciones y adecuaciones verdaderas”, comentó.

Señaló además que la fiscalización de los trabajos estará a cargo de los técnicos de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). “Actualmente, nosotros tenemos oficinas compartidas para las diferentes comisiones. En las áreas de recursos humanos y administración, donde verdaderamente la gente trabaja, existe un hacinamiento impresionante, en una pieza de 4 por 4 están 6 funcionarios que se encargan de realizar todo el relevamiento de los más de 2.000 funcionarios del Senado y el Congreso, excluyendo a Diputados”, dijo.

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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, confirmó que ningún personal se encontraba en el lugar al momento de la explosión que ocasionó severos daños materiales al local. El directivo pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

“Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. Es lo que nos toca hoy experimentar y por lo que tenemos como datos la sucursal fue dañada en términos edilicios de una forma bastante importante”, señaló a la 1020 AM. Expresó que la entidad no cuenta con mucha información aún sobre las pérdidas destacando que “lo más importante es daño a la gente no tuvimos”.

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“La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Y se está haciendo el recuento, ya las autoridades están presentes y nosotros estamos llegando. Y más datos vamos a tener más tarde”, añadió.

Se excusó de proporcionar información sobre el dinero de la bóveda al mencionar que “se está relevando datos y no tenemos datos precisos todavía”. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.

“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comercial de la entidad bancaria.

Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro, aunque en todo momento se negó a adelantar si la bóveda fue vaciada por los malvivientes. “Ya es cuestión de las autoridades correspondientes y creo que lo estarán haciendo”, significó sobre la necesidad de reforzar la dotación de la Policía en este distrito del país.

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La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) invita a los descendientes de japoneses en Paraguay a postularse a las Becas Nikkei 2025, diseñadas para fortalecer el liderazgo, la identidad cultural y las habilidades profesionales de las comunidades Nikkei.

El programa ofrece cursos en diversas áreas, como revitalización comunitaria, estrategias de turismo, creación de marcas regionales, y formación en diseño de ingeniería civil. También incluye capacitaciones en salud, como odontología geriátrica, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina preventiva, y otros.

Los interesados deben entregar su documentación en la Oficina de JICA, ubicada en el edificio Citicenter (avda. Mariscal López 3794 e/ Cruz del Chaco, 5.º piso, Asunción). También se pueden realizar consultas al teléfono (021) 608-400 o al correo electrónico lorena-acosta@jica.go.jp.