Durante una conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Exteriores de India, Kumaran Periasamy destacó las nuevas oportunidades de cooperación entre su país y Paraguay, tras la reunión que mantuvieron el jefe de Estado paraguayo Santiago Peña y el primer ministro Narendra Modi. En ese sentido, informó que existe un acuerdo comercial de su país, teniendo a Paraguay como plataforma en Mercosur.

De acuerdo a informes de la prensa local, estas posibles áreas de cooperación estarían abarcando la tecnología digital, los minerales críticos, la energía, la agricultura, la salud, la defensa, los ferrocarriles, el espacio y la colaboración económica en general; conforme a lo que el propio primer ministro Modi había manifestado durante la reunión; informó P. Kumaran.

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“Tenemos un acuerdo comercial preferencial con el Mercosur. Podemos trabajar juntos para ampliarlo aún más”, destacó el portal de noticias Hindustan Times.

Kumaran resaltó que el presidente Santiago Peña expresó gran interés en atraer inversiones indias y fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, productos farmacéuticos, defensa, infraestructura, minería y energías renovables.

En ese sentido, señaló que Peña instó a las empresas indias a aprovechar la posición de Paraguay como una de las economías más abiertas de la región del Mercosur y se comprometió a facilitar las inversiones.

“Dada su ubicación central en Sudamérica, podríamos utilizar a Paraguay como plataforma para intentar acceder a otros mercados de la región. Nuestras empresas considerarían a Paraguay como una plataforma y, por lo tanto, como un factor multiplicador de fuerza. Buscaremos expandir nuestra presencia en Sudamérica, utilizando a Paraguay como plataforma”, declaró Kumaran ante medios locales.

Agregó que India y Paraguay también desean ampliar sus vínculos comerciales en el marco del acuerdo comercial preferencial India-Mercosur. Teniendo en cuenta que ya están en conversaciones técnicas con India para mejorar el acceso a sus mercados e impulsar el comercio bilateral e interregional.

“Existe un gran interés en ampliar el alcance del acuerdo comercial preferencial entre India y Mercosur en cuanto a la gama de productos, aunque es necesario alcanzar un consenso entre los cinco miembros del bloque sobre los términos de referencia para futuras negociaciones”, afirmó Kumaran.

Recordó que a la fecha el comercio bilateral entre India y Paraguay generó 477 millones de dólares durante el período 2022-23, de los cuales 317 millones correspondieron a exportaciones indias.

“Las principales exportaciones de India fueron vehículos automotores, agroquímicos, autopartes y productos farmacéuticos, mientras que las principales importaciones de Paraguay fueron aceite de soja, hierro y acero, aluminio y productos animales”, precisó.

Informaron además que durante la reunión se acordó establecer una comisión conjunta como plataforma clave para revisar y promover la cooperación en áreas prioritarias. Destacan que ambas partes están trabajando en dos memorandos de entendimiento (MdE) independientes para fortalecer la colaboración en agricultura y tecnología espacial.

“Los dos países están trabajando en un memorando de entendimiento para que Paraguay colabore con la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) para desarrollar y lanzar satélites pequeños y nano”, confirmó Kumaran.

Asimismo, el portal informativo señala que, si bien las prioridades de Paraguay en el sector de defensa difieren a las de la India, mencionan que Kumaran afirmó que existe margen para la cooperación bilateral en el contexto de los esfuerzos de Paraguay por asegurar una amplia red de vías navegables interiores, incluyendo el fortalecimiento de las fuerzas del orden para combatir delitos transnacionales como el tráfico de personas y el narcotráfico.

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Los conductores de plataformas cuestionaron la decisión de aumentar las comisiones de una aplicación de viajes sin que esto implique también un incremento en sus ingresos. De acuerdo con los trabajadores, la nueva escala para conductores de automóviles sería del 20 %, mientras que para las motocicletas del 15 %.

El presidente de la Asociación de Trabajadores de Motos, Federico Ferreira, cuestionó a la aplicación de viajes por implementar nuevas tarifas que consideran perjudiciales para sus intereses. Las nuevas comisiones comenzarían a regir desde el 2 de junio y, según afirman, también aumentarían el precio de los viajes para los usuarios de la plataforma.

“La tarifa sube un 20 % para autos y un 15 % para motos; anteriormente era del 15 % para autos y del 12 % para motos. De hecho, la comisión para Bolt y la tarifa del pasajero subirán, pero no las ganancias para los conductores”, detalló Ferreira a la 1080 AM.

De acuerdo con el trabajador, la plataforma afirmó que comenzaría una “campaña masiva” de bloqueo de cuentas activas para asegurar que, los que estén en regla y debidamente habilitados, permanezcan trabajando con la aplicación y, por tanto, reciban más viajes. Sin embargo, Ferreira manifestó que este planteamiento es dudoso.

Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón, informó que se están ultimando los detalles para habilitar, en la plataforma web del Poder Judicial, la posibilidad de realizar denuncias de manera telemática ante la Oficina de Quejas y Denuncias, en relación con supuestas irregularidades en la tramitación de los juicios. En ese sentido, mientras se realizan los ajustes necesarios para su efectiva implementación, se habilitó la dirección de correo electrónico: denunciasoficinaquejas@pj.gov.py.

Esta iniciativa se enmarca en la ampliación de la Acordada N° 475/2007, por la cual se crea la Oficina de Quejas y Denuncias, dependiente del Consejo de Superintendencia de Justicia. La actualización contempla la habilitación de un sistema web institucional que permita la presentación de denuncias de forma electrónica sobre aparentes irregularidades en la tramitación de expedientes judiciales, detallando los datos del caso, el juzgado y la secretaría correspondiente, para su posterior averiguación preliminar por parte de la Auditoría General de Gestión Jurisdiccional.

Por su parte, Martínez Simón señaló que, mientras se ultiman los detalles para la implementación del nuevo sistema, “se habilitó una dirección de correo electrónico con el fin de dar viabilidad a las denuncias electrónicas”. El correo disponible es: denunciasoficinaquejas@pj.gov.py.

Asimismo, destacó que los funcionarios de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones se encuentran trabajando en el desarrollo de la plataforma digital, con el objetivo de ofrecer este servicio de forma óptima y transparente.

La Corte Suprema de Justicia busca mejorar de manera permanente el servicio judicial y garantizar la transparencia, valiéndose del uso eficiente de la tecnología como una herramienta clave para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

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• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.