Numerosos internautas se hicieron eco de las críticas realizadas por el director Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, al ministro del Interior Euclides Acevedo, por su postura ante la acción de los uniformados.
En su cuenta de Twitter, Casañas Levi afirmaba hoy que ninguna persona “tiene la obligación de quedarse en una barrera si es que no tiene ganas de hacerlo”, sino que “tiene todo el derecho de darse la vuelta e irse hacia otro lado, como hizo este señor”, refiriéndose al padre del niño de 6 años baleado tras una persecución policial.
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Sin embargo, en un tweet anterior, fechado el 6 de abril, el abogado decía todo lo contrario: “Cuando encontrás barrera con policías y funcionarios del Ministerio Público tenés que detenerte y dar las explicaciones que te pidan. Si intentás evadirlos o atropellar a la gente, estás cometiendo al menos 2 delitos: resistencia y tentativa de homicidio. Entendés?”, señalaba entonces el ex candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta contradicción fue destacada por uno de los usuarios de la red social, quien le recordó esa posición totalmente contradictoria a la asumida en la fecha. Cabe mencionar que el abogado no solamente contradijo al secretario de Estado, sino que también aseguró que las barreras policiales son ilegales y anticonstitucionales en un Estado de derecho.
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Espionaje del Brasil: “Sería un acto de irresponsabilidad no exigir explicaciones”
“Si le conviene o no este párate a Brasil o Paraguay, no es el análisis que debemos hacer”, dijo el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, con relación al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones por la tarifa de Itaipú. El funcionario de Estado defendió las medidas adoptadas por el gobierno ante el impasse.
“Lo que nosotros debemos analizar es qué pasó en ese periodo de 10 meses en los cuáles fuimos investigados por una agencia de inteligencia. Esta es una situación muy delicada y sin precedentes, veo con preocupación que ciertos autores políticos y cierta prensa escrita intentan minimizar este hecho grave. No todos los días un gobierno admite que realizó acciones de inteligencia en contra de un país”, sostuvo Giménez en una entrevista con el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal.
De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado emitido el 31 de marzo, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
“Debemos sentarnos con las autoridades brasileñas y recomponer una confianza que se ha visto afectada. Esto es un párate hasta si se quiere normal, debido a la gravedad del comunicado. Qué se pretendía, que al día siguiente nos sentemos a la mesa como si nada pasó, sería un acto de irresponsabilidad el no exigir explicaciones”, sentenció Giménez.
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“Las relaciones siguen intactas”
La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
“Valoramos mucho el gesto del gobierno del Brasil de aceptar que hubo estas órdenes infelices. Las relaciones siguen vigentes, intactas, simplemente en lo que se refiere a la renegociación del Anexo C hemos decidido una suspensión por un plazo breve. Esperamos que esto sea aclarado para volver a sentarnos a la mesa, debemos avanzar también en otros puntos de la agenda”, comentó.
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Gobierno agiliza la construcción de 86 viviendas para familias de Paraguarí
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, realizó este domingo un recorrido por el departamento de Paraguarí, con el fin de verificar los avances de la construcción de 86 soluciones habitacionales mediante los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
Baruja detalló que 51 viviendas pertenecen a la zona de Mbuyapey y 35 a Ybycuí. “Muy pronto estas familias abrirán las puertas de sus nuevas casas y escribirán una nueva historia. Cada vivienda refleja el compromiso que tenemos desde el gobierno del presidente Peña con la construcción de hogares dignos, y la generación de empleos que impactan positivamente en la vida de las familias paraguayas”, indicó.
Las 86 viviendas se suman a la nómina de 25.566 que están siendo construidas a nivel país con el objetivo de garantizar bienestar y desarrollo integral a las familias paraguayas. Las viviendas encaradas tienen un fuerte impacto en el desarrollo local: generan empleos, impulsan la economía de la zona y fortalecen la industria paraguaya con el uso de materiales cerámicos de producción nacional.
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“Estamos verificando la calidad de los materiales para garantizar la seguridad de las viviendas. Estos materiales son elaborados por mano de obra paraguaya y con esto estamos dando empleo a miles de familias que fabrican materiales para las viviendas”, dijo el titular del MUVH.
Desde la cartera estatal indicaron que del total de las viviendas construidas a nivel nacional, desde agosto de 2023 hasta la fecha, 14.727 familias ya fueron adjudicadas.
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Titular de Senad niega compra de equipos para espionaje político
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.
“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.
Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.
“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Se equivocó de punta a punta”
El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.
“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.
“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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