El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que promulga la ley n.° 7503 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Pagos. La iniciativa fue aprobada el martes último en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y estaba a la espera de la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los objetivos dispuestos en la ley, se busca establecer este marco normativo de modo a regular las reglas que promueven el acceso, seguridad, transparencia, eficiencia, interoperabilidad, interconexión, innovación y competencia, de modo a promover la inclusión financiera.

La autoridad de aplicación será el Banco Central del Paraguay (BCP), el que tendrá la responsabilidad de regular, administrar y supervisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Entre sus atribuciones se encuentran: establecer requisitos técnicos y operativos para los participantes y autorizar el ingreso y permanencia de entidades en el sistema.

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Igualmente, debe supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e implementar mecanismos de control y mitigación de riesgos. Asimismo, el BCP podrá emitir normas complementarias, coordinar acciones con otras autoridades del sector y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta ley establece que podrán formar parte del Sistema Nacional de Pagos todas las entidades financieras autorizadas, las empresas proveedoras de servicios de pago, los sistemas de compensación y liquidación, y otras organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por el BCP. Todos los participantes deberán ajustarse a los principios y reglas comunes establecidos en la ley.

En cuanto a la aplicación de esta normativa, la banca central deberá reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la implementación progresiva de este sistema y también podrá establecer plazos de adecuación para los participantes y convocar mesas técnicas para la elaboración de disposiciones complementarias.

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El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que las vacaciones de invierno no se adelantarán y que la fecha prevista para el inicio es el 14 de julio. Hasta la institución aún no llegó un pedido oficial para adelantar la fecha, por lo que no existen motivos para realizar el cambio.

Ramírez manifestó que ayer jueves, mantuvo una reunión con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y que le confirmó que a la fecha se tienen un descenso de caso de infecciones respiratorias, por lo que no existen razones para adelantar las vacaciones escolares.

“Los picos de contagios están bajando y no tenemos condiciones en el clima, salvo el jueves que viene que se espera un descenso importante de la temperatura. No existen elementos para tomar ese tipo de decisiones”, dijo el ministro, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Resaltó que hasta el momento no se tiene un pedido oficial desde el Ministerio de Salud y que esta recomendación fue emitida por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. “No tiene que ver con esa dinámica que tenemos dentro del Estado. No existe un pedido oficial”, puntualizó.

Agregó que si hay méritos para cambiar se realizará, pero que hasta la fecha no se analiza esa posibilidad. “Estamos haciendo un monitoreo constante dentro de las aulas”, refirió. Las vacaciones de inverno iniciarán el 14 de julio y se extenderá hasta el 25 del mismo mes.

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El Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sobre esto, la comisario principal Elisa Ledesma, asesora de Ministerio del Interior, dio más detalles y destacó que esta iniciativa representa un instrumento operativo de gestión pública orientado a brindar una respuesta más efectiva y coordinada ante los casos de desapariciones.

“El objetivo principal es dar una respuesta oportuna con enfoque en los derechos humanos, articulando el compromiso de varias instituciones del Estado”, explicó Ledesma al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media,. Señaló que el mecanismo forma parte del proceso de reforma y modernización de la ley de la Policía Nacional.

Una de las prioridades del Ministerio del Interior, según la asesora, es la consolidación de datos estadísticos confiables. En la actualidad, las cifras disponibles no reflejan con precisión la realidad, debido a múltiples factores. “Tenemos estadísticas que no son 100 % fiables. Muchas veces se registra la denuncia de una desaparición, pero cuando la persona regresa, no se actualiza la información en la comisaría”, indicó.

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Además, las denuncias suelen realizarse en distintas instituciones, como el Ministerio Público, los juzgados o las Defensorías de la Niñez, lo que genera la duplicación en los registros. En ese sentido, Ledesma anunció que se trabaja en la implementación de un sistema integrado de información, que permita un canal único para el registro y seguimiento de los casos.

“Esto no solo afecta a las desapariciones. Lo mismo ocurre con las denuncias por violencia intrafamiliar. No hay un cruzamiento de datos que permita ver si la persona ya denunció en otras instancias”, agregó. Otro de los desafíos señalados por la comisario es la falta de recursos humanos especializados.

Actualmente, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional está centralizado en Asunción y no cuenta con la capacidad necesaria para cubrir todo el país. Por ello, el nuevo decreto prevé una articulación más amplia con instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para establecer protocolos de actuación conjunta a nivel nacional.

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Ledesma también adelantó que se están evaluando alianzas con compañías telefónicas y la posibilidad de utilizar pantallas en paradas de transporte público para difundir los rostros de personas desaparecidas, siempre con autorización del Ministerio Público. “Estos trabajos se hacían antes, pero de manera aislada. Con este mecanismo, buscamos tener un norte claro y acciones concretas”, concluyó.

El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.

En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.

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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.

La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.

Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.

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