Con 32 votos a favor, la Cámara de Senadores otorgó este miércoles su acuerdo constitucional para que Gustavo Leite asuma como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América.

La nominación de Leite fue propuesta por el Poder Ejecutivo y respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Alta, lo que allana el camino para que represente a nuestro país en Washington. Durante el debate, varios legisladores destacaron su trayectoria en el sector público y privado, así como su experiencia en temas de comercio internacional y relaciones exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales aconsejó prestar el acuerdo correspondiente a fin de proceder con la designación. Cabe mencionar que previo al inicio de la sesión ordinaria, Leite expuso ante el pleno la hoja de ruta que tiene trazada para este cargo.

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Entre estos mencionó el ingreso de más productos al mercado estadounidense, la busca de inversiones para nuestro país, así también como las cooperaciones, sobre todo en áreas clave como la inteligencia, aspecto donde el país norteamericano está muy avanzado.

“La candidatura del compañero Gustavo Leite representa un lujo para el Paraguay. Quiero destacar su excelente currículum, posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de California y de Chapman, de Estados Unidos”, relató el senador Antonio Barrios.

El legislador prosiguió mencionando la formación de Leite cuenta con una maestría en Marketing Internacional de Escocia. “El candidato expuso su plan de trabajo que se abocará principalmente a la atracción de inversiones, ampliación de la balanza comercial, la reanudación de vuelos directos”, añadió.

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Tras el visto bueno del Congreso, se espera el decreto del Poder Ejecutivo para culminar con el proceso de designación oficial como embajador. Gustavo Leite reemplazará en el cargo a José Antonio Dos Santos, quien ejercía funciones diplomáticas en Estados Unidos desde 2021.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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El senador Gustavo Leite realizó este miércoles la presentación de su plan como candidato a embajador plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos, remarcando que tiene muy claro que Paraguay quiere entrar al mercado al mercado más grande del mundo y que busca ser un buen socio comercial, evitando la guerra arancelaria, incrementando las exportaciones y con una conectividad directa.

El legislador realizó una ponencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, poco antes de la sesión ordinaria del día, que fue bien ponderada y recibió el dictamen favorable a su postulación por unanimidad, conforme lo señaló el titular de esta mesa asesora, el senador Antonio Barrios, al dialogar con la prensa en pasillos del Congreso.

“Nosotros lo que queremos y buscamos es entrar al mercado de los Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, es el mercado que mejor paga. Porque por cada artículo que Paraguay le venda a los Estados Unidos va a haber uno o dos puestos de trabajo para los paraguayos como mínimo”, indicó Leite a la prensa del Congreso, tras la mencionada reunión.

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Asimismo, señaló que lo otro que se busca son las inversiones y para que el Paraguay pueda exportar necesita de estas inversiones extranjeras. Aclaró que en el tiempo que fue ministro de Industria y Comercio aprendió que estas inversiones se pueden hacer de forma conjunta con inversión extranjera y paraguaya. Por último, buscar cooperaciones como, por ejemplo, en inteligencia, donde aún Paraguay está un poco flojo, refirió Leite.

“Por obvias razones, ellos tienen mucha más información que comparten con sus organismos de seguridad y demás. Con esa inteligencia, la Fiscalía paraguaya podría ser más eficaz, nuestras fuerzas del orden pueden ser más eficaces. Hay que ser sinceros nosotros no tenemos la capacidad tecnológica que ellos tienen, pero podemos nutrirnos de eso”, explicó el senador.

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Asimismo, el senador Leite remarcó que el gobierno de Santiago Peña quiere tener la mejor relación con todas las agencias de los países aliados, siempre y cuando se respete nuestra soberanía. Explicó que con el cambio de gobierno en Estados Unidos, la administración de Donald Trump está mostrando un estilo absolutamente diferente.

“Vemos que su administración es mucho más pragmática y transnacional, y eso en lo personal me encanta porque Paraguay tiene mucho que dar. El estamento norteamericano no se va a mover por romantisismo, se va a mover por oportunidades de negocios. Tenemos que mejorar nuestro ambiente institucional, Fiscalía, Justicia, Aduanas, armando un esquema que permita que vengan las grandes inversiones”, enfatizó.

El Viceministerio de Mipymes y el Instituto de Previsión Social (IPS) acordaron conformar una mesa técnica para desarrollar soluciones operativas conjuntas que favorezcan la inclusión productiva y el acceso efectivo a la seguridad social por parte de las mipymes y los emprendedores del país.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, recibió este martes al director de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, Marcelo Bordón, con el objetivo de buscar acciones que simplifiquen trámites, integrar sistemas y avanzar hacia una formalización digital, ágil y sin costos para las pequeñas empresas.

Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre temas como la interoperabilidad de bases de datos, la simplificación de trámites y el avance hacia la interconexión entre plataformas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el IPS. Estas acciones son consideradas clave para avanzar hacia la formalización.

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Uno de los temas centrales de la reunión fue la socialización del proceso de reglamentación de la Ley N.º 7444/2025, que establece un nuevo régimen de formalización para las micro, pequeñas y medianas empresas, con foco en el uso de tecnologías digitales, la gratuidad del proceso y la eliminación de obstáculos innecesarios.

Desde la subsecretaría de Estado se busca coordinar acciones de forma conjunta para impulsar la formalización de emprendedores y pequeñas empresas, mediante la integración de sistemas y la reducción de barreras administrativas.

La formalización y el acceso a financiamiento son los dos puntos considerados críticos a la hora de lograr que las mipymes se potencien. En ese sentido, la Ley Mipymes permitirá eliminar los costos de formalización en varias áreas del Gobierno central.

Con esta normativa, se lanzará un programa de apoyo para cubrir los gastos asociados a registros técnicos, facilitando así la inclusión de más empresas al circuito formal.

“Nos encontramos con trabas como el costo de los trámites, las tasas y la necesidad de contratar un gerente técnico para obtener habilitaciones. Esto afecta especialmente a las microempresas”, había manifestado en una actividad anterior el viceministro Giménez.

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