En las actuaciones condiciones de falta de protección de los datos personales, cualquiera puede duplicar o suplantar la identidad de las personas y no solo eso, sino que puede crear una monstruosa base de datos y no existe ninguna institución a la que recurrir, señaló Miguel Ángel Gaspar, de la Fundación Paraguaya de Ciberseguro. En ese sentido, resaltó la necesidad de contar en el país con una normativa que proteja a los ciudadanos de los posibles perjuicios que pueda ocasionar esa situación.
“Hay una muy mala costumbre de los vendedores y cobradores de las empresas de querer sacar fotografías de las cédulas y de las tarjetas de crédito. Imagínese la enorme base de datos que se puede hacer con esto. Esto está totalmente descontrolado, desprotegido y a quién uno va a acudir si no hay una ley de protección de datos”, manifestó a la 1020 AM.
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Alertó que en el caso de las tarjetas de crédito y de débito, se puede conseguir acceder a las informaciones de los titulares mediante el teléfono de cualquier vendedor o cobrador de las casas de electrodomésticos.
Mencionó también que en el Paraguay se está peleando todavía por una legislación de protección de datos, pero en otros países se está viendo de qué manera se pueden generar perfiles de comportamientos para influir hasta en el ánimo o en el aspecto económico de una sociedad. “Y ahí todos importamos”, enfatizó.
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Latorre insta a avanzar en legislación para ciberseguridad
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Universidad Metropolitana de Asunción, realizó la presentación del anteproyecto de ley “Ciberseguridad en Paraguay”.
Este evento contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, quien habló de la necesidad de readecuar las normativas del país en este aspecto.
“Tenemos que reconocer el gran atraso que tenemos en materia de ciberseguridad y disminuir brechas, tenemos que acortar distancias, por lo que es fundamental una iniciativa legislativa que nos permita estar a la par, a la vanguardia de este mundo cambiante y cuya tecnología avanza cada vez más rápido”, refirió.
El titular de Diputados apuntó a una normativa que pueda dar las herramientas suficientes al Estado para enfrentar las nuevas amenazas que se dan en el ciberespacio.
“Tenemos que avanzar en materia legislativa, readecuar nuestra normativa, avanzar en materia de infraestructura y en las capacidades del Estado para hacerle frente a esta amenaza”, refirió.
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Caña dulce podría duplicar su rendimiento, pero sigue sin ley ni presupuesto
La caña dulce producida por pequeños agricultores en el departamento de Guairá sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, según precisó a La Nación/Nación Media, Ramona Vargas, representante de Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercios Justos (CPPCJ).
Dijo que el proyecto de ley que busca formalizar el rubro y garantizar su trazabilidad fue presentado hace cinco años, pero aún no ha sido incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados. Los productores reclaman con urgencia su aprobación para que el sector pueda acceder al Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y así mejorar su productividad.
“El MAG ya dio su aval técnico al proyecto, pero el proceso legislativo está detenido por falta de voluntad política. Se podría duplicar la productividad de nuestras tierras si contáramos con apoyo estatal para fertilización y maquinaria. Tenemos menos de 5 hectáreas por productor, y esta rentabilidad actual no permite reinvertir en las fincas. Esto perpetúa la pobreza en el sector”, manifestó Ramona Vargas a LN.
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Lo que buscan con el proyecto de Ley de Caña de Azúcar es principalmente formalizar el rubro y garantizar trazabilidad, algo que se requiere tanto para exportar como para asegurar la seriedad en el mercado interno. Vargas mencionó que la mayoría de los demás productos agrícolas sí tienen presupuesto asignado, como la papa o la cebolla, pero la caña dulce no.
“Los pequeños cañicultores de caña dulce orgánica necesitamos urgentemente una ley que nos ampare. Sin esta ley seguimos sin presupuesto y sin apoyo para mejorar nuestros suelos o adquirir maquinaria adecuada para la preparación de tierra”, dijo.
Ramona Vargas comentó que este anteproyecto de ley ya cuenta con varias correcciones hechas por un equipo técnico del gobierno. Incluso, realizaron ya algunas audiencias públicas y luego fue presentado el documento en Diputados. La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Actualmente, los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. Es decir que, sin una ley como la propuesta, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocios, según expuso a LN, Ramona Vargas.
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Opaci considera justa las modificaciones a la ley de patentes vehiculares
El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.
“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.
Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.
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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.
El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.
“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.
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Proceso de transparencia en Paraguay sobre ONG logra repercusión en Perú
El debate, las publicaciones periodísticas, la ley de transparencia para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido valoradas en el plano internacional, específicamente en Perú, país desde donde Rossana Escobar, jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, fue entrevistada este viernes.
“En Paraguay el año pasado fue un escándalo la donación de USD 58 millones que se había administrado en un grupo de ONG”, comentó la periodista, quien señaló que el 2024 fue un año clave en todo lo relacionado a los fondos administrados por las organizaciones sin fines de lucro.
De acuerdo a lo expuesto por Escobar, las investigaciones develaron que estas ONG administraban cifras siderales de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias de cooperación bajo la excusa de luchar contra la corrupción a través de diversos proyectos, no obstante, había un esquema donde la mayor parte del dinero era destinado simplemente a salarios y honorarios profesionales.
“Se desmanteló un teatro gigantesco cuando salieron las facturas de cómo cobraban. Estos no son recursos privados como se quieren hacer creer, estamos hablando de una cooperación internacional que viene a nombre del Estado, tenían clanes enteros dentro de las organizaciones, había gente liderando ONG que se candidató en las últimas elecciones”, remarcó.
La entrevista a la periodista experta en investigación fue brindado por la Sociedad de la Libertad, un sitio peruano donde también dieron a conocer que el mismo esquema que estaba montado en nuestro país, también opera en Perú donde existe una fuerte campaña de quienes se oponen a que exista una ley que transparente el manejo de las organizaciones sin fines de lucro.
“Fue una dura lucha, acá había muchísimo temor con respecto a eso, pero acá no hay un solo indígena o campesino beneficiario de esas ayudas humanitarias que hayan salido a manifestarse, todos son miembros de estas ONG que en su mayoría son empresarios y políticos también. Los impulsores de la iniciativa se ganaron una cantidad de tapas de diario, garrotes a través de la prensa”, recordó Escobar.
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Un negocio
La periodista de Nación Media precisó al medio peruano que el escándalo en nuestro país surgió luego de que las investigaciones revelaran que un pequeño grupo de ONG eran los habituales receptores de dinero obtenido a través de la cooperación internacional. Estas organizaciones gozaban de la credibilidad de la ciudadanía por los espacios que recibían en la prensa por ser considerados personas de alto prestigio.
“Toda la plata se fue a honorarios profesionales, es decir, el proyecto que se había firmado era para fortalecer la transparencia, porque esa es la bandera que utilizan en la mayoría de los países, el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, del control ciudadano y la gente cree en eso, sin embargo, lastimosamente es un gran negocio”, expresó.