De acuerdo con el reporte policial, un guardia de seguridad surge como el supuesto autor del asesinato de la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Hernandarias, Diana Eveline Mereles Duarte (38), ocurrido ayer en el predio del juzgado de la ciudad.
Se trata de Wilson Miguel Scappini Villalba (28), paraguayo, soltero, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del Juzgado de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, y domiciliado en el barrio Santo Domingo de la misma localidad.
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El informe policial señala que, según las manifestaciones de Justo Ángel Rotela (49), quien se desempeña también como guardia de seguridad de la empresa Servipar, llegó aproximadamente a las 18:00 a la sede judicial para prestar servicio en el lugar y como nadie atendía en el portón principal, decidió ingresar por la parte trasera pasando por encima de la muralla. Al ingresar a la planta baja del edificio encontró el cuerpo de la víctima tendido en el piso ya sin signos de vida.
En el lugar se hicieron presentes personal del Departamento de Investigación Criminal, de la Comisaría 5ta. Hernandarias, la fiscala de turno Natalia Montanía, la médico forense Ramona García, quien diagnosticó como causa probable de muerte traumatismo de cráneo, producida por arma contundente, en este caso una piedra.
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Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.
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Jueza otorgó arresto domiciliario a quien arrojó una copa a una joven que perdió el ojo
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, otorgó el arresto domiciliario a Elián López Torres, imputado por lesión grave luego de arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, quien a raíz del hecho perdió un ojo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
La citada magistrada dispuso la prohibición de acercarse o molestar a la víctima y a los familiares de esta por cualquier medio, la obligación de comparecer a la audiencia preliminar a ser fijada en su oportunidad, la obligación de no cambiar el número de teléfono denunciado en el que el mismo recibirá las correspondientes notificaciones.
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Igualmente se le impuso la obligación de presentar en el plazo de 30 días hábiles, una fianza real y/o personal que cubra la suma G. 150 millones y la promesa del procesado de someterse en forma legal y debida a la presente causa, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de algunas de las medidas impuestas, estas serán revocadas y sustituidas por la prisión preventiva.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego a causa del impacto de dicho objeto contra su rostro. Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
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Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
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Sigue prófugo el hombre que macheteó a su expareja y quemó su casa
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El hombre que había atacado a su expareja con machete y posteriormente prendió fuego a la casa, sigue prófugo, según confirmó el comisario principal Juan López Ibarra, jefe de la Comisaría 24, del barrio Puerta del Sol de Hernandarias, cuyo personal intervino en el caso.
Se trata de Edgar González Pereira (32), quien está desaparecido desde la medianoche del miércoles pasado, después de haber incendiado la casa donde vivía su expareja con los hijos menores. La precaria casa de madera había quedado hecha ceniza. La víctima y sus hijos ya no estaban en el lugar.
El comisario mencionó que tienen algunas pistas que están siguiendo y confía que pronto será detenido. Dijo que, según la denunciante, su expareja es una persona adicta a drogas y en forma recurrente se volvía muy violento contra ella frente a sus hijos. El jefe policial mencionó que, los niños no son hijos del prófugo.
“Es una persona bastante violenta y debe ser detenida, es un peligro”, refirió el comisario Juan López. El antecedente indica que la mujer, cansada de la violencia del hombre y ante el peligro cada vez mayor en la que se encontraban ella y sus hijos, tras el último episodio de agresión, se presentó ante la comisaría.
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Fue el miércoles 20 de noviembre pasado, a las 21:30, que González Pereira llegó a la casa bajo de los efectos de alguna sustancia alucinógena, aparentemente, y tras la agresión verbal macheteó a la mujer causándole una lesión en la espalda. Los vecinos intervinieron y la víctima fue auxiliada hasta el hospital.
La mujer contó que hacía ocho días se habían separado porque era violentada permanentemente. “Oñembosarái cherehe (Me jugaba)”, dijo al personal policial. Ante el temor de que el agresor regrese a la casa y ataque de nuevo a la mujer, ella y sus hijos permanecieron en la vivienda de una vecina, después de tener el diagnóstico médico.
A la noche vieron al hombre cuando llevó combustible y prendió fuego a la casa. Llegaron los bomberos voluntarios, pero ya no se pudo hacer nada. El prófugo tiene antecedente por homicidio doloso en grado de tentativa en el año 2022.