Por Rodolfo Sosa

La nueva ley de Sistema Nacional de Pagos, promulgada por la Presidencia de la República, busca revolucionar el mercado de pagos digitales en Paraguay, principalmente en favor del usuario. Esta normativa aparece en un contexto en el que el pago en efectivo dio paso al pago digital y se hace patente con el incremento de las transferencias, pagos desde los smartphones y la aparición de cada vez más sistemas financieros digitales (fintechs).

De hecho, desde la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) señalan que 6 de cada 10 paraguayos ya realiza pagos con su celular y más de 100.000 comercios ya aceptan métodos de pago electrónico, siguiendo la tendencia de los negocios cada vez más digitales.

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de mayo, el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) registró más de 114 millones de operaciones, moviendo un volumen de dinero de G. 47 billones.

En este marco, desde la Subgerencia General de Operaciones Financieras del BCP respondieron a La Nación/Nación Media que la nueva ley de pagos busca constituirse como una pieza estratégica clave para modernizar el ecosistema financiero nacional, consolidando un sistema de pagos digital, interoperable, seguro, competitivo e inclusivo.

“Esta visión estratégica se orienta a acompañar la transformación tecnológica del sistema financiero, garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes y facilitar el acceso universal a servicios de pago eficientes”, explicaron.

Para la banca matriz, son cinco los pilares de la ley: la digitalización, la inclusión, la interoperabilidad, la competitividad y la seguridad. En ese sentido, el resultado que espera la institución es el reconocimiento y regulación de nuevos actores como fintechs y proveedores de pagos.

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La presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, explicó a La Nación que el sector estuvo de acuerdo desde el principio con la iniciativa de la banca matriz, salvo con el artículo 4 inciso e de la ley ya promulgada.

El punto en cuestión refiere que cuando una persona física o jurídica o dos personas distintas, pero vinculadas o controladas participen simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional, contable y en procesos de toma de decisiones.

Además, el inciso e señala que la banca matriz podrá requerir a entidades involucradas la presentación de un plan de separación estructural, quedando facultado para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo con base en criterios de eficiencia, transparencia y resguardo del interés público.

“La competitividad se da por una cuestión de economía de escala en toda realidad económica empresarial, de ahí es que habíamos pedido el tiempo para entender el artículo 4 inciso e, porque creemos que esa competitividad podría estar amenazada”, dijo Cramer.

En la misma línea, el vicepresidente de la Capace, Pablo Díaz Guerin, explicó a La Nación que están de acuerdo con la ley, pero consideran que el papel de operador, supervisor y regulador que tendrá el BCP deberá ser flexible para permitir que se mantenga la innovación que permita al sector continuar con el crecimiento que experimenta.

“La innovación no suele prosperar en entornos hiperregulados. Y para ello se necesita un marco flexible que permita a la gente crecer y ser tratada como bancos tradicionales. El desafío está justamente en que la centralización no se traduzca en un freno a la agilidad, sino en un orden y colaboración”, mencionó.

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Por su parte, ante este punto, desde el BCP manifestaron que la ampliación de sus facultades no busca imponer cargas regulatorias innecesarias sino dotar al sistema de pagos de un marco normativo que garantice seguridad, equidad y eficiencia sin frenar la innovación.

Igualmente, aseguraron que esta nueva autoridad será ejercida con un enfoque moderno, técnico y proporcional, centrado en el riesgo y alineado con las mejores prácticas internacionales.

“El fortalecimiento de las atribuciones del BCP contribuirá a construir un ecosistema de pagos más robusto, inclusivo y preparado para los desafíos de la economía digital, donde la regulación acompañe el progreso tecnológico sin inhibirlo”, señalaron desde la banca matriz.

Tanto la Asoban como la Capace manifestaron que tienen altas expectativas para la reglamentación y confían en que el proceso con el BCP se realizará de forma técnica e inclusiva con los sectores involucrados.

“Ahora se viene la etapa de reglamentación, y estaremos atentos al modelo de trabajo que proponga la banca matriz. Es una fase que exigirá un alto nivel técnico, para la cual contamos con excelentes profesionales. Confiamos en que el proceso se lleve adelante con el rigor técnico necesario y con una mirada que contemple la valiosa experiencia internacional sobre el funcionamiento de los medios de pago en el mundo también desde la mirada de las instituciones financieras privadas”, sostuvo Cramer.

Por su parte, Díaz Guerin manifestó que la reglamentación deberá girar en tres ejes fundamentales: una proporcionalidad regulatoria, ya que no todas las fintechs son iguales, la participación gremial y multisectorial y la transparencia en los criterios de acceso e interoperabilidad.

Desde el BCP garantizaron que habrá diálogo fluido en el proceso de la reglamentación, prometiendo apertura, transparencia y orientado al consenso.

“El BCP seguirá concentrado en mantener un enfoque participativo, transparente y orientado al consenso en el proceso de elaboración de reglamentaciones de leyes siempre en el marco de las normas y principios establecidos en la ley”, aseguraron a LN.

En general, los actores del sector están de acuerdo con el espíritu de la ley, aunque con discrepancias en cuanto al rol regulador del BCP. Todos consideran que el sector necesita una normativa que permita al segmento continuar por la senda del crecimiento con mayores estándares de calidad y seguridad.

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Por: Sofía Céspedes

Paraguay sigue marcando hito en su incipiente industria aurífera tras las cifras récord de producción y exportación registradas en el 2024, gracias a la formalización operativa de Latin American Minerals Paraguay S. A. (Lampa), la única empresa con permiso vigente para explotar este recurso en Paso Yobái, departamento de Guairá.

Con 552 kilos de oro exportados y un aporte histórico de G. 1.700 millones en regalías, Paraguay busca consolidar un sector que hasta hace poco operaba en condiciones informales y con baja escala. Al respecto, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, dijo a La Nación/Nación Media que este sector tiene gran potencial y se proyecta un crecimiento importante para los próximos años.

Precisó que durante el período comprendido entre 2020 y 2024, la producción promedio anual de oro en el país fue de 238,91 kilos. “Con base a este desempeño, se proyecta un escenario de crecimiento moderado para los próximos años, impulsado por el fortalecimiento de las operaciones actuales y una posible atracción de nuevas inversiones”, manifestó el subsecretario de Estado.

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Bejarano señaló que el desafío para los próximos años será ampliar la capacidad industrial y garantizar la sostenibilidad ambiental y social, en un contexto donde el control estatal sobre el contrabando y la trazabilidad del oro cobra un papel clave para preservar la legalidad y reputación del sector.

Recordó que en 2024 se registró un valor récord de exportación de casi 600 kilos de oro, debido a la buena gestión de este gobierno que logró regularizar la operación de las piletas de lixiviación en Paso Yobái a través del decreto n.° 1447/2024.

En los últimos cinco años, Paraguay exportó en promedio 218,88 kilos de oro por año, lo que generó ingresos anuales de USD 13,18 millones. Estas cifras reflejan una actividad sostenida en el segmento exportador, con un volumen estrechamente ligado a la producción nacional. Paraguay exportó únicamente a Estados Unidos los últimos 3 años.

“Es importante destacar que, gracias a la regularización de la operación de las piletas de lixiviación, en el año 2024 la empresa concesionaria logró exportar material aurífero por un valor aproximado de USD 37 millones. Este monto representa el nivel más alto de exportación registrado hasta la fecha en la historia del sector minero nacional”, afirmó Bejarano a LN.

El viceministro de Minas y Energía señaló que el sector aurífero genera actualmente alrededor de 250 empleos directos y aproximadamente 1.000 empleos indirectos, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social en las comunidades de Paso Yobái.

Acerca de la contribución fiscal, de acuerdo a Ley 4935/13, las empresas concesionarias están obligadas a abonar regalías al Estado paraguayo, que oscilan entre el 2 % y el 8,40 % de la renta neta trimestral. En 2024, la concesionaria realizó un aporte histórico en concepto de regalías por G. 1.700 millones.

Según Bejarano, esta cifra representa el monto más alto jamás registrado por un concesionario minero en Paraguay. Todo lo que genera la actividad minera beneficia directamente a la gobernación como a la municipalidad.

Para garantizar la trazabilidad del oro y prevenir el contrabando, las empresas mineras deben presentar informes trimestrales con el detalle de su producción, explicó el viceministro. Mencionó que estos reportes son contrastados con los registros de exportación, lo que permite un control cruzado que asegura la correspondencia entre la producción declarada y el volumen efectivamente exportado. Este sistema promueve la transparencia y legalidad dentro del sector.

Alberto Antebi, representante legal de Latin American Minerals Paraguay S. A. (Lampa), manifestó a La Nación que la empresa comenzó en 2020 la explotación efectiva de su cantera principal en Paso Yobái, produciendo y exportando 110 kilos de oro doré ese año.

Contó que la producción se mantuvo en niveles similares en 2021 (112 kilos) y 2022 (90 kilos), año en el que también incorporó nuevas tecnologías como el sistema de lixiviación en tanques metálicos. De acuerdo con los datos de la empresa, desde el 2019 hasta lo que va del 2025, Lampa produjo 1.354,8 kilos de oro en el país. (Ver en la infografía)

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El gran salto productivo se dio en 2023, con una exportación de 247 kilos de oro, impulsado por la puesta en marcha de las primeras piletas de lixiviación. En 2024, la producción alcanzó un récord histórico de 552 kilos, exportados en su totalidad a los Estados Unidos, agregó.

“Este crecimiento se debió a la calidad del material extraído, altamente compatible con el proceso de lixiviación, y a la ampliación de las piletas operadas por terceros que brindan servicios de procesamiento a la empresa. Ese mismo año, la compañía promovió el uso de lixiviantes ecológicos, una alternativa más amigable con el medio ambiente”, destacó Antebi.

El representante de Lampa señaló que este 2025, la compañía ya alcanzó las capas rocosas de la cantera principal, ubicada a una profundidad promedio de 40 metros. Por ello, está invirtiendo en mejoras de eficiencia en su planta de procesamiento gravimétrico y proyecta ampliar su capacidad industrial para procesar hasta 1.000 toneladas diarias de roca.

Actualmente, existen 15 asociaciones activas en la zona. Antebi dijo al respecto que el objetivo de la empresa es impulsar la explotación de minerales metálicos en Paraguay de manera responsable, sostenible, con fuerte componente de mano de obra local y compromiso con el cuidado ambiental.

Entre los países con más reservas de oro este año figuran: Venezuela, Brasil México, Argentina, Bolivia, en los primeros cinco lugares. Siguen Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Colombia.

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• Por Lorena Peralta
• Fundadora de Ladies Net

Cada vez más mujeres se animan a liderar negocios con propósito, pero muchas se enfren­tan a un mismo bloqueo: la falta de claridad estratégica. En mis sesiones de coaching sistémico con emprendedoras y ejecutivas, identifico un patrón común, frases como “no sé cómo escalar mi negocio”, “quiero llegar a más per­sonas, pero no sé cómo”, o “siento que hago de todo, pero no avanzo”.

Este fenómeno no se debe solo a la falta de conocimientos técnicos, sino a una saturación de opciones y una ausencia de prio­ridades claras. Muchas mujeres sienten que están en una rueda girando, atrapadas entre lo urgen­te y lo importante, sin un norte definido. Y esto tiene un costo: pérdida de foco, energía y oportu­nidades.

Según Harvard Business Re­view, el 72% de las pymes fracasan por mala planificación estraté­gica. Y un estudio de CB Insights confirma que el 42% de los em­prendimientos cierran porque no validaron su propuesta de valor. Esto se traduce en tiempo, dinero y confianza que se diluyen.

Una de mis clientas lo expre­só con claridad: “No logro saber qué camino tomar para hacer mi negocio más rentable”. Su historia refleja una realidad silenciosa: la parálisis por exceso de opciones.

La salida no está en hacer más, sino en elegir mejor. Crear un mo­delo operativo claro, tener datos para decidir, y sostener una red de contención son claves. El lideraz­go femenino necesita estructuras que acompañen su visión. Y eso empieza con una pregunta pode­rosa: ¿Estoy liderando mi negocio o estoy sobreviviendo en él?.

El barrio Ricardo Bru­gada, conocido como La Chacarita, es uno de los sectores más históri­cos de Asunción. Con una existencia que data de 1770, es posiblemente una de las comunidades más antiguas de Latinoamérica. Hoy, sobre un territorio de aproximada­mente 350 hectáreas, convi­ven unas 15.000 familias que enfrentan una realidad social marcada por la desigualdad, la falta de oportunidades y la precariedad estructural.

El portal Hoy.com.py repro­duce una entrevista al pro­motor cultural Christian Núñez, realizada en el pro­grama “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN. “El gran problema es la genera­ción de oportunidades para los jóvenes”, señala el coor­dinador del proyecto Cha­catours, una iniciativa que ofrece recorridos turísticos por el barrio con el objetivo de mostrar su riqueza histó­rica y cultural, al tiempo de visibilizar sus desafíos.

Para Núñez, según la publi­cación informativa, la proble­mática social de la Chacarita debe entenderse desde un sis­tema que falla en tres nive­les: la familia, los vínculos sociales y el sistema judicial. “Cuando se quiebra el primer círculo, que es la familia, y luego influye negativamente el entorno, el sistema judicial termina de destruir a la per­sona. En vez de reinsertar, expulsa aún más. Hacen su masterado en la cárcel y salen peor”, graficó en la entrevista con el canal GEN.

La situación de vulnerabi­lidad se agrava en sectores donde el desempleo, el con­sumo problemático de dro­gas y la falta de contención estatal normalizaron los ciclos de exclusión. En ese contexto, los jóvenes son los más expuestos a caer en redes de criminalidad o adicciones.

En la Chacarita coexisten diferentes niveles socioeconó­micos. Desde familias con alto poder adquisitivo hasta perso­nas que sobreviven con ape­nas uno o dos dólares al día. Núñez señala que, además de las carencias materiales, hay un déficit de acompañamiento emocional y educativo.

“El sistema educativo no está orientado a descubrir pasio­nes o talentos. No se pregunta a los jóvenes cuál es su perfil o vocación”, lamenta.

En ese sentido, Núñez des­taca que muchas iniciativas sociales surgidas desde el propio barrio buscan ocu­par esos vacíos. El proyecto Chacatours, por ejemplo, funciona como una herra­mienta de empoderamiento comunitario, además de ser una fuente de ingresos para algunos vecinos. También se ha instalado un centro cultu­ral y está en marcha la crea­ción de Chacalabs, un espacio pensado para la reinserción de exconvictos y recupera­ción de adictos.

Una muestra del avance de la criminalidad en la zona de la Chacarita fue el resultado que arrojó el operativo Dominatus realizado por la Policía Nacional el pasado miércoles. El mismo logró desarticu­lar tres bandas delictivas que operarían de forma antagónica en la zona, generando zozobra en la ciu­dadanía.

Como resultado de esta incursión se logró la detención de nueve personas, seis hombres y tres muje­res, todos con antecedentes penales, entre los que se destacan hechos como homicidio doloso, robo agravado y tráfico de estupefacientes. Uno de los líderes tiene solo 18 años.

Estas bandas criminales apuntaban a reclutar menores de edad para que pudieran realizar las tareas delictivas y, en caso de que fueran detenidos, no pudieran ser imputados, des­tacando así la alta complicidad que existía por parte de los propios familiares de los invo­lucrados.