“No todo lo que brilla es oro, es una propuesta que se hace tal vez con buena intención, pero sin socializar, entonces es muy peligroso”, dijo el experto en empleo Enrique López Arce tras expresar su rechazo a la iniciativa que plantea reducir la carga horaria laboral en el sector privado. Agregó que de prosperar el proyecto se correrá el riesgo de que se genere un aumento en los costos de servicios y productos, así como el cierre de pequeñas empresas.

¿Se le preguntó al sector empresarial, trabajador, al Gobierno que tiene una mesa de reforma laboral en este momento, a los senadores o diputados? La respuesta es no. Este proyecto de ley se hizo entre cuatro paredes. Presentar una iniciativa de esta manera es completamente inviable sin ver el tipo de economía o mercado laboral”, manifestó en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

López Arce mencionó que el mercado laboral en Paraguay está constituido en un 90 % por las microempresas (pequeñas empresas), sector que representa un 70 % de la fuerza de trabajo. “Uno le dirá al microempresario que tendrá que pagar igual, pero se trabajará menos, este afirmará que no le cierra la ecuación laboral y se retirará. Esto significa cierre de empresas y pérdida de empleos”.

Acotó: “Cuando hablamos sobre la situación de las empresas grandes, como las industrias, supermercados, farmacias que trabajan 24 horas, al reducir a 6 horas la carga laboral, meterán a otro equipo de trabajo y esto significará menos productividad y más costos. Ese costo se trasladará al producto dándose un aumento de precios que terminará pagando el trabajador”.

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El experto mencionó que el foco debe estar en combatir la informalidad laboral, impulsar estrategias de respaldo para las microempresas y garantizar que los derechos mínimos de los trabajadores sean cumplidos. “Hay un porcentaje alto de paraguayos que no llegan ni al salario mínimo, que no tienen seguridad laboral o no se jubilarán después de tantos años de trabajo”, remarcó.

López Arce siguió argumentando que “todos los estudios del proyecto de ley presentado aplican al exterior. Los países que empezaron con este proceso de reducción laboral son más industrializados, comenzaron con proyectos locales, progresivos. El proyectista mira hacia fuera, está muy bien, pero no se pueden traer propuestas enlatadas, debemos tener iniciativas nuestras”.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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La Asociación Nacional Republicana (ANR), en alianza con Smartum, impulsará un curso básico para jóvenes acerca del Mercado de Valores. La capacitación se llevará adelante en dos fechas: el jueves 28 de noviembre y el jueves 5 de diciembre, de 16:00 a 17:30.

“Lo que buscamos es dar las herramientas necesarias para que el ciudadano empiece a entender la posición del trader, separando la ficción de la realidad porque hay mucho ruido sobre las personas que compran acciones y trabajan con divisas”, explicó a La Nación/Nación Media el especialista en Empleo, Enrique López Arce.

Las clases se desarrollarán en la sede de la ANR, ubicada entre 25 de Mayo casi Tacuary, en la sala de capacitaciones de la Junta de Gobierno, y estarán a cargo de José Domingo Salcedo, director de Smartum, un instituto técnico reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Queremos mostrar todo lo que relacionado con el mundo apasionante del mercado de valores, que cada vez tendrá mayor movimiento en Paraguay, sobre todo contando con el grado de inversión en el país”, puntualizó López Arce.

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El especialista en empleo puntualizó que el curso a ser dictado en la ANR es totalmente gratuito y sin ningún tipo de bandería política. Es decir, la Junta de Gobierno no exige ningún tipo de afiliación para acceder a las capacitaciones y brinda una apertura total a todas las personas interesadas.

“Las personas pueden realizar su inscripción al 0992920753, ya contamos con 30 inscriptos, pero seguiremos ampliando los cupos. Desde la ANR queremos continuar ofreciendo cursos basados en lo más actualizado, por lo cual próximamente lanzaremos más capacitaciones”, indicó.

De este modo, adelantó que ofrecerán un curso de analista de interfaz, otro para encargados comerciales de páginas web, etc. Subrayó que este tipo de cursos innovadores, normalmente se brindan con costos elevados, pero desde la ANR se ofrecen de manera gratuita.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.