El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) acompañó este fin de semana la liberación de “Perla”, un guacamayo azul que se encuentra en la lista de los animales en peligro de extinción. El ejemplar fue rescatado en el 2024 en pési­mas condiciones, pero llegó al 100 % de su recuperación.

“Perla se reintegró a su hábi­tat. Un guacamayo azul en peligro de extinción regresó a la naturaleza tras más de un año de rehabilitación”, expresaron desde el ministe­rio. Resaltaron que fue libe­rada en lo profundo y cerrado bosque paraguayo, lugar de donde fue rescatada el año pasado. En aquel entonces el ave era un pichón, carecía de plumas y se encontraba en pésimas condiciones.

Se trata de una especie al borde de la extinción, donde cada cría significa esperanza, pero la natura­leza representa un desafío constante. Tormentas y llu­vias han puesto en riesgo la supervivencia de sus picho­nes. “En el 2024, un ejemplar fue hallado en estado crítico, se trataba de ‘Perla’”, expli­caron.

Gracias al trabajo conjunto del Mades, la Asociación para la Conservación de Psi­tácidos del Paraguay (ACPP), One Earth Conservation y productores locales, que tomaron intervención para asegurar su vida, hoy “Perla” vuela libre. “Fue criada bajo estrictos protocolos. Un paso más en la conservación de nuestra biodiversidad en Paraguay”, señalaron.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) acompañó este fin de semana la liberación de Perla, una guacamayo azul que se encuentra en la lista de los animales en peligro de extinción. El ejemplar fue rescatado en el 2024 en pésimas condiciones, pero llegó al 100 % de su recuperación.

“Perla se reintegró a su hábitat. Un guacamayo azul en peligro de extinción regresó a la naturaleza tras más de un año de rehabilitación”, expresaron desde el ministerio. Resaltaron que fue liberada en lo profundo de cerrado paraguayo, lugar de donde fue rescatada el año pasado. En aquel entonces el ave era un pichón, carecía de plumas y se encontraba en pésimas condiciones.

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Se trata de una especie al borde de la extinción, donde cada cría significa esperanza, pero la naturaleza representa un desafío constante. Tormentas y lluvias han puesto en riesgo la supervivencia de sus pichones. “En el 2024, un ejemplar fue hallado en estado crítico, se trataba de Perla”, explicaron.

Gracias al trabajo conjunto del Mades, la Asociación para la Conservación de Psitácidos del Paraguay (ACPP), One Earth Conservation y productores locales, que tomaron intervención para asegurar su vida, hoy Perla vuela libre. “Fue criada bajo estrictos protocolos. Un paso más en la conservación de nuestra biodiversidad en Paraguay”, señalaron.

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Gracias a un trabajo conjunto entre agen­tes de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), equipos del Comando de Ope­raciones de Defensa Interna (Codi), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos­tenible (Mades) y el Ministe­rio Público, se llevó adelante un operativo de destrucción de cultivos ilegales de mari­huana en el Parque Nacional Paso Bravo, departamento de Concepción.

La incursión se llevó a cabo tras un largo trabajo de inves­tigación y localización de las diversas áreas de cultivos, ya que las mismas se encontra­ban mimetizadas con zonas boscosas en el interior del parque.

La cantidad estimada de droga destruida es de 41,4 toneladas en total. Además de la destrucción de las 39 toneladas en estado natural repartidas en 3 parcelas de 13 hectáreas, también fue­ron procesadas 120 bolsas de marihuana picada que en total pesan 2.400 kilos; así también, fueron desmante­lados 6 campamentos pre­carios ubicados en puntos estratégicos del parque.

Los intervinientes comenta­ron que el golpe económico para las estructuras crimina­les sería de aproximadamente 6,2 millones de dólares, calcu­lado a un precio promedio en el mercado internacional de 150 dólares por kilo.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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