La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, dio su parecer respecto a los detalles que está brindando el interventor de la municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, indicó que es evidente que hay una instrucción a los directores de la municipalidad para no facilitar el trabajo del interventor.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que es la impresión que está teniendo al escuchar al interventor Ramón Ramírez señalar que no está accediendo a muchos documentos. Indicó que es lo mismo que ellos han sufrido estando ahí con los funcionarios de la municipalidad.

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“Es evidente que hay directrices para que los funcionarios y los directivos no colaboren con la intervención. Es lo mismo que manifestó el interventor”. comentó Montiel.

Asimismo, señaló que existen hallazgos referidos por el interventor, como el uso de combustible y caja chica. Ellos, como Contraloría Ciudadana, no tenían información al respecto, por lo que son hallazgos de irregularidades nuevas.

“En el tema del uso irregular de combustible, indicó que en un solo día se le cargó al minibus una cantidad excesiva de combustible para uso de 50 km. Lo otro, el uso de la caja chica que, así como mencionó el interventor, unos 200 millones de guaraníes mensuales en efectivo, para uso de gastos menores, realmente es una cuestión bastante irregular”, comentó.

No obstante, Montiel señaló que entienden que el interventor Ramírez está llevando adelante un trabajo técnico que por lo general lleva tiempo, pero al tener en cuenta que el plazo de la intervención es solo de 60 días, entonces el interventor está optimizando su tiempo para corroborar aquellos puntos que fueron objetados por la Contraloría y que dieron origen a la intervención.

“Creemos que está haciendo bien su trabajo, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, ya que por un lado está administrando la institución a la par de llevar adelante el trabajo de control”, precisó.

Montiel, explicó que los datos que está brindando el interventor ahora, son informaciones puntales que ellos como Contraloría Ciudadana, no estaban manejando.

“Nuestras denuncias se basaron en obras, con empresas de maletín o empresas fantasma. Así como el tema de transferencia de capital que daba a comisiones vecinales, ninguna de las denuncias que hicimos nosotros guarda relación con el informe que brindó el interventor durante la conferencia de prensa sobre las irregularidades halladas, que son aspectos absolutamente nuevos para nosotros”, mencionó.

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La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

Al respecto el economista Ramón Ramírez, encargado de la intervención de la comuna esteña, afirmó que esta situación expone la existencia de malversación y daño patrimonial.

“Esos G. 83.000 millones destinados a gastos de capital ya son cifras reconocidas por la municipalidad en su informe de descargo ante la Contraloría General de la República. La municipalidad en su respuesta ya segrega que G. 41.000 millones gastó en gastos de capital y G. 42.000 millones en gastos corrientes. Esto ya es un reconocimiento de que la municipalidad malversó G. 42.000 millones”, dijo a la 800 AM.

Manifestó que: “La utilización malversada de fondos que están destinados también ya configura un daño patrimonial. Estamos ahondando y viendo si efectivamente existen documentos para ver cómo se gastaron estos recursos".

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Por otra parte, Ramírez ratificó que su labor como fiscalizador está siendo obstaculizada mediante el ocultamiento de documentos. “El proceso de auditoría tiene un lapso de maduración, estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que establecimos para revisar los 12 puntos que están en el requerimiento de intervención, pero que refieren a 114 observaciones formuladas por la Contraloría”, indicó.

“Estamos avanzando en ese frente dentro de las limitaciones, restricciones y maniobras de ocultamiento de documentos y acceso. La no existencia de documentos también es un hallazgo porque significa que no está respaldado un gasto”, sostuvo el interventor.

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En el marco de un trabajo conjunto entre la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), fue desmantelada una de las estructuras complejas y activas de procesamiento de marihuana detectadas en lo que va del año, ubicada en la colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

En el lugar se encontraba un campamento clandestino de gran envergadura, montado con sofisticada logística para la producción masiva de marihuana prensada, operando de forma ininterrumpida las 24 horas del día, logrando así una optimización de recursos por parte de la organización criminal.

Durante el operativo fueron incautados 132 paquetes de marihuana prensada con un peso total de 1.500 kilogramos, además de 750 bolsas de marihuana picada, en fase de secado, con un peso aproximado de 15.000 kilogramos.

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Así también los intervinientes lograron incautar 1 prensa hidráulica con motor eléctrico, 11 prensas artesanales, 3 mesas eléctricas de corte, congeladores industriales, generadores de energía y motores de alto rendimiento, 2 forrajes industriales para trituración.

Desde la Senad destacaron que la red eléctrica instalada de manera permanente y las instalaciones sanitarias con ducha evidencian la permanencia prolongada de un personal, sin dejar de mencionar la gran cantidad de herramientas, entre ellas la prensa eléctrica, la cual genera que el trabajo de procesamiento se dé de manera más rápida.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, mencionó que el montaje de toda esta estructura evidencia que se trata de una operación criminal bien financiada y orientada a abastecer el mercado brasileño, dada su cercanía con la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

Destacó además que este operativo representa un fuerte golpe y afectación definitiva para las cadenas de suministro del narcotráfico en la zona norte del país, logrando a su vez uno de los principales objetivos de la Senad, que es la eliminación de infraestructuras en regiones de alta producción.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.