Exigen celeridad en investigación médica sobre muerte por presunta negligencia en IPS
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La fiscala María Bernarda Álvarez y los abogados aguardan el informe de una junta médica para determinar por qué una mujer no fue internada ante un cuadro urgente por problemas renales en el Instituto de Previsión Social (IPS), que días después derivó en su muerte.
Se trata del caso de Elizabeth Parini, de 43 años, trabajadora del Grupo Nación y joven madre de tres hijos, quien fue a consultar a la previsional debido a problemas renales que sufría en marzo del 2019. En la primera consulta, el médico de admisión pidió su internación de carácter urgente e intervención quirúrgica debido a la gravedad de su cuadro.
“Hasta el viernes no tuvimos noticias que haya salido el dictamen médico. Lo que queremos es que se apuren porque pasa el tiempo y no tenemos respuesta. Los dos médicos a cargo deben revisar el expediente y expedirse. A través de este informe podemos determinar si hubo o no negligencia de parte de la administración o personal médico”, expresó Derlis Acuña, abogado de la familia Parini.
El abogado recuerda que Parini deambuló por la previsional durante varios días sin obtener una respuesta favorable. Ella no fue atendida y finalmente se trasladó hasta el Hospital Distrital de Villa Elisa, donde perdió la vida el 17 de marzo del 2019 a causa de un paro cardiaco, posiblemente causado por una sepsis pulmonar, seis días después de la primera consulta en la previsional.
“El médico tratante pidió que se haga la intervención quirúrgica de urgencia, pero la señora cuando fue le dijeron que vuelva otro día, así fue durante varios días hasta que falleció”, afirmó el abogado Acuña en contacto con La Nación.
“Queremos celeridad”
Asimismo, indicó que a través de este informe se podrá determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados. Indicó que como defensores de la familia precisan de este dictamen para proseguir con el caso. “Queremos celeridad, pasó un año y medio del fallecimiento de la señora y hasta ahora no tenemos el informe. Estamos todos pendientes de la junta médica para poder accionar como corresponde”, expresó Acuña.
A finales del año pasado, el Ministerio Público designó a dos médicos forenses, la doctora María Benítez y el doctor Marcelo Villalba, quienes pertenecen al Departamento de Clínica Forense del Ministerio Público. Ambos deben entregar el informe a la fiscala Álvarez y al abogado Acuña.
“La Fiscalía está aguardando este dictamen para que se tome un veredicto, pero lo que no están teniendo en cuenta estos médicos es que hay una orden de admisión en la que el urólogo confirmó que era de carácter urgente la cirugía a la que debía someterse mi mamá y que por culpa de la administración, o digamos en general IPS, no se llevó acabo esta cirugía”, afirmó Osvaldo Parini, hijo de la mujer.
Sus familiares exigen que se corrobore la causa exacta de muerte y la responsabilidad de los médicos que la trataron en IPS y que derivó en su fallecimiento. Piden justicia y que el caso no quede impune.
Elizabeth Antonia Parini Noguera, de 43 años, era madre de tres hijos y trabajaba en el área comercial del Grupo Nación. Era asegurada desde hace 15 años del IPS, hasta donde acudió en varias ocasiones buscando subsanar su dolor, pero fue enviada de nuevo a su casa, medicada solo con analgésicos.
Docente denunció extravío de sus dos bebés del Hospital Central de IPS
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La docente Clara Cristina Villagra Samudio (33) se presentó en la redacción del diario La Nación para denunciar el extravío de sus dos bebés cuando los tuvo por cesárea en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).
El parto en césarea, que en principio estaba previsto para fines de enero o primeros días de febrero- se adelantó y la señora fue sometida a cirugía el 10 de enero, cuando horas después los médicos le entregaron un solo bebé, en tanto que en una ecografía realizada por la Dra. Manuelita Alonso Ortellado se veía más de un feto.
Ante esta situación, la docente efectuó la denuncia ante la comisaría 15ª metropolitana, de Asunción, relatándose los detalles del caso. Esta denuncia fue derivada a la Fiscalía Barrial 7, que tomó declaración testifical a Clara Cristina. El caso está a cargo del fiscal Jorge Romero y está caratulado como: Causa 710/24: “Persona innominada s/a determinar”.
En la denuncia, la docente pide a la Fiscalía que investigue el caso, para conocer la identidad de los profesionales médicos que participaron en la cirugía de parto y que se realice la prueba de ADN a todas las criaturas que nacieron en ese día de su intervención quirúrgica.
Relató que el 10 de enero pasado, a las 15:00, ingresó a la sala de parto, donde solo sabe el apellido (Díaz) que le atendió. “Ese día me hicieron esperar muchísimo y luego me entregaron a un solo bebé, y no me mencionaron que mis otros bebés fallecieron, ni me nombraron que había otros”, dijo. Bomberos voluntarios de la ciudad de Villa Elisa intermediaron para el traslado al IPS Central, debido a que la señora había roto la bolsa para el trabajo de parto.
Recordó que hizo su tratamiento prenatal en el IPS Central, donde a las 34.4 semanas de gestación realizó su ecografía. Actualmente, ella y su marido están en proceso de tratamiento psicológico por los trastornos que derivaron después del hecho.
La docente Clara Cristina solicitó a todas las mujeres que están en proceso de parto que verifiquen bien a la hora de dar a luz en el centro hospitalario de Central de la previsional.
Cuatro propuestas más urgentes se plantean en el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del IPS, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración para su presentación ante el Congreso nacional. Foto: Gentileza
Carta orgánica del IPS: modificaciones permitirán fortalecer fondos en beneficio de asegurados
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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social, Vanessa Cubas, tuvo oportunidad de aclarar ciertas dudas que genera el proyecto de ley que plantea la modificación del régimen legal de la previsional, que incluye disposiciones que se plantean desde hace al menos dos décadas con el fin de fortalecer los fondos jubilatorios y para la atención de los asegurados.
Invitada en el espacio denominado Vocería de Gobierno, señaló que las propuestas fueron elaboradas en un comité conformado por la Gerencia Financiera, la Dirección Jurídica, la Gerencia de Salud, la Dirección de Planificación, la Asesoría Actuarial y Gerencia de Prestaciones Económicas para plantear inicialmente, las cuatro propuestas más urgentes, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración para su presentación ante el Congreso nacional.
Explicó que los recursos que el IPS transfiere al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo quedan como ingresos genuinos de la previsional para el refuerzo del Fondo de Enfermedad y Maternidad. Los programas financiados por los recursos transferidos serán absorbidos por el Poder Ejecutivo, señaló.
Asimismo, indicó que otra de las propuestas corresponde a que el 0,5 % de los recursos para el Fondo de Administración sean redistribuidos al Fondo de Enfermedad y Maternidad.
Cálculo de haberes jubilatorios
En otro momento de la charla, señaló que se busca extender de 3 a 10 años el periodo de referencia para calcular las jubilaciones, con el objetivo de reflejar el esfuerzo contributivo realizado por los trabajadores la mayor parte de su vida laboral activa, lograr equidad entre el esfuerzo y las jubilaciones pagadas, evitar las distorsiones en el incremento de los últimos años de aportes previos a la jubilación y el fortalecimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Cabe señalar que esto propiciará el aporte por los salarios reales de los trabajadores, por lo que también se verán fortalecidos y beneficiados los demás fondos de la institución.
El IPS administra tres fondos principales: el Fondo de Administración, el Fondo de Enfermedad y Maternidad, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Los primeros dos son cuentas de gasto anual, mientras que el tercero es un fondo de ahorro. Actualmente, el fondo de reserva tiene más de USD 2.400 millones, acumulados por el superávit entre ingresos y gastos.
Un grupo de jubilados del IPS exige celeridad en juicio laboral
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Un grupo de 10 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestó frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el juicio de ejecución de sentencia que se tramita en el fuero laboral. El Tribunal de Cuentas resolvió hacer lugar a una demanda contra la previsional, en la que se le exige al IPS que reconozca los beneficios de los despedidos.
Por su parte, el abogado Carlos Agüero, quien representa a 10 jubilados, explicó que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López, debe resolver la liquidación de lo que el Tribunal de Cuentas resolvió a favor de los jubilados, pero hasta la fecha no resuelve y el caso está en autos para resolver desde el año 2022.
Asimismo, el referido profesional del Derecho señaló que “son 45 personas que habían sido despedidas injustificadamente y sus beneficios laborales no fueron cumplidos, por una resolución, la cual fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, que falló a favor de los trabajadores, diciendo que se debe pagar a los mismos sus beneficios laborales. La resolución es del año 2018 y se ejecuta en el fuero laboral en el 2020; hoy estamos ya en el año 2024 y todavía no hay respuesta”, indico.
Del mismo modo, sostuvo que el IPS contestó la demanda afirmando estar de acuerdo con el pago, pero no así con el monto, por lo que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López Ocampos, solo debe resolver la liquidación establecida por el Tribunal de Cuentas y contestar al planteamiento del IPS, manifestó el referido profesional del Derecho.
Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
La jueza Liz Sanabria de Gneiting dijo que preocupa el desconocimiento de las leyes. Foto: Rocío Gómez/Nación Media
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.