En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos recibe a Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, quien analiza la actualidad del sistema educativo paraguayo y aporta su visión sobre algunas medidas que deberían ser implementadas para ir superando los históricos rezagos que existen en la materia.

–¿Qué es lo que se define en una sociedad como calidad del gasto público en educación?

–El concepto mismo de calidad del gasto trae consigo valores vinculados con la eficacia, la eficiencia y la transparencia en el gasto público, en particular de educación, en función de lo que consideramos cuáles debieran ser los resultados en función a la mejora de la calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad educativa, básicamente surge una serie de visiones e interpretaciones sobre lo que se considera calidad educativa, ya que algunas refieren a la educación como la base de la convivencia y el fortalecimiento democrático. Otras interpretaciones tienen más que ver con la educación como base para el desarrollo económico y social. Pero digamos que con respecto a esos aspectos no hay muchos datos, no hay muchas evidencias que nos permitan realmente contrastar los niveles de inversión y los resultados que efectivamente existen.

–¿Entonces cómo se mide esto?

–Normalmente lo que hacemos es contrastar la inversión pública en función a los resultados, ya sean de escolarización, cuántos chicos logramos insertar dentro del sistema educativo, las tasas de alfabetización de la población de 15 años o más, los niveles de eficiencia del sistema educativo, lo cual implica cuántos chicos ingresan del primer grado y logran terminar los 12 años de escolaridad y, por sobre todo, los niveles de aprendizaje, que es lo que creo que está más en boga últimamente en función de que existen más datos. Paraguay participa de los grandes conciertos de evaluación estandarizada a nivel mundial a través de PISA, que evalúa a nuestros jóvenes de 15 años. También participa del concierto regional que lleva la Unesco a través del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), pero tenemos nuestro propio sistema de evaluación y que básicamente nos dice que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos en lectoescritura, en matemáticas y en ciencias naturales.

–¿Cómo ha evolucionado el gasto en educación en la era democrática?

–Nosotros desde una iniciativa denominada Observatorio Educativo Ciudadano, que es básicamente una plataforma de red y alianza entre más de 30 organizaciones de la sociedad civil, tenemos una plataforma pública accesible a través de observatorio.org.py, donde venimos permanentemente monitoreando y analizando la inversión educativa. Lo que hemos visto es que si bien la inversión en educación ha crecido de manera sostenida a lo largo de estos últimos 30 años, vemos que aun así la inversión es profundamente insuficiente. Hay un rezago muy importante en la calidad del gasto público, pero por sobre todo es tremendamente imprevisible a falta de una visión con respecto al financiamiento.

–¿Cuánto dista el presupuesto actual del ideal?

–La inversión o el gasto por alumno a nivel anual en Paraguay está en torno a 900 dólares por alumno por año. Según nuestras estimaciones, que tomamos en función de un enfoque de derechos, es decir, garantizar infraestructura, equipamiento básico, y cuando pensamos en infraestructura básicamente hablamos de aulas en condiciones, baños en condiciones, pero ya ni siquiera hablamos de comedores o espacios de recreación. Con eso te digo absolutamente básico, estamos hablando de la implementación de una política de carrera docente, sistemas de evaluación, etc. La estimación básicamente nos resulta en una necesidad de inversión en torno a 3.000 dólares por alumno por año. Básicamente estamos hablando un poco más del triple. Pero nuestro problema no solamente es de más recursos, nosotros le llamamos el desafío de la doble demanda.

–¿En qué consiste este desafío?

–Con más recursos nomás no solucionamos los problemas. Necesitamos más recursos, pero mejor calidad del gasto público. Paraguay ha participado en las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano, el ERCE, de la Unesco, que creo que se dieron allá por 2021 aproximadamente. Estas evaluaciones nos dan cuenta de que Paraguay está entre los países que menos invierte en educación en toda la región. Sin embargo, a lo largo de 10 años invierte más del doble de lo que invierte Guatemala, pero nuestros estudiantes tienen menores niveles de aprendizaje que los estudiantes guatemaltecos al punto de que un estudiante de noveno grado de Guatemala es comparable a un estudiante del primer curso de la Media en Paraguay.

–¿Por qué?

–Y tiene que ver con los rezagos y con las condiciones estructurales. Por ejemplo, el 90 % de la inversión educativa en Paraguay tiene que ver con salarios y compensaciones al personal docente. El personal docente está establecido en función de una carrera del magisterio basada en el paso del tiempo, cuyos incentivos no se hallan establecidos en función del desarrollo profesional docente. Es uno de los aspectos que, por ejemplo, explica estos sucesos recientes de aplazos masivos de los educadores y una serie de cosas.

–¿Qué significa gobernanza del sistema educativo nacional?

–Nosotros elaboramos un documento de propuestas para la gobernanza para identificar temas fundamentales para el mejoramiento de la educación pública. Básicamente teníamos nueve claves. La primera es la de gobernanza. Efectivamente la necesidad de fortalecer no solamente la capacidad y las condiciones institucionales, sino el nivel y grado de participación de la sociedad en torno a la acción educativa. Lo primero tiene que ver con el desafío de la despartidización de la gestión educativa. El Ministerio de Educación, el sistema educativo nacional, ha sido una de las principales plataformas políticas electorales a lo largo de estos 30 años. Han surgido presidentes de la República y candidatos a presidentes y vicepresidentes y eso ha traído consigo una dinámica de cambio, interrupción permanente y una dinámica muchas veces clientelar en función a las decisiones que terminan afectando y socavando el impacto de las políticas educativas.

–¿Qué son las políticas compensatorias para abordar desigualdades?

–Las políticas compensatorias básicamente es un concepto que trae consigo la Ley General de Educación en vista de las profundas desigualdades sociales y cómo estas efectivamente muchas veces terminan limitando el derecho a una educación de calidad. En Paraguay el desafío de la equidad es realmente uno de los principales. El 42 % de la matrícula en instituciones educativas son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por otra parte, la Constitución Nacional establece la educación como un derecho y la obligatoriedad es para garantizar justamente ese derecho, pero la gratuidad es el pilar principal de esa obligatoriedad. Sin embargo, esa gratuidad no necesariamente se ha logrado a lo largo de estos últimos 30 años. Está demostrado que aquellas familias con mayores vulnerabilidades en muchos casos invierten hasta el 60 % de sus ingresos mensuales para garantizar que los chicos accedan a las instituciones educativas y eso te da cuenta realmente de la enorme proporción de inviabilidad para sostener eso a lo largo de 13 años de educación.

–¿Hay estudios respecto a la implicancia que tuvo o sigue teniendo el fenómeno de los años de covid?

–La verdad es que no conocemos a nivel nacional análisis o evaluaciones muy específicas. Paraguay ha participado de la evaluación PISA poscovid, que nos permitió ver que todo el mundo realmente sufrió un impacto negativo como consecuencia del covid en los aprendizajes de las materias como lectoescritura, matemáticas y ciencia. Todo el mundo se resintió, pero paradójicamente Paraguay prácticamente logró hasta cierta mejora según estas evaluaciones o logró mantener estadísticamente una variación no muy representativa, lo cual convoca un poco a la reflexión sobre cuánto realmente aporta un año de escolaridad dentro de nuestro sistema educativo. Si nosotros miramos los promedios de aprendizaje de nuestros estudiantes en matemáticas, según la evaluación PISA, prácticamente Paraguay tiene un rezago de siete años de aprendizaje. Y si contrastamos con países que están a la vanguardia, como por ejemplo Singapur, el rezago es de 12 años de aprendizaje de un chico de 15 años. Realmente el nivel de aporte que están realizando las escuelas es muy bajo.

–¿Cuál es la estructura del problema que cada tanto se mediatiza como el aplazo de los docentes en las pruebas?

–Es importante dar cuenta de que estos procesos representan filtros, no necesariamente son evaluaciones del nivel de conocimiento pedagógico disciplinar de los docentes. Sin embargo, nos permite ver que realmente el nivel de formación de nuestros docentes deja mucho que desear. Y eso requiere un análisis de cuatro dimensiones básicas que hacen a la carrera docente. Por un lado, tiene que ver con el reclutamiento y la formación inicial de nuestros educadores. Por otra parte, está la valoración social que tiene efectivamente el magisterio. La pregunta inmediata es ¿por qué a aquellos mejores estudiantes de secundaria no se les pasa por la cabeza ser docentes?

–Hay que decir también que hay un déficit que es cultural, que es la falta de autoformación. Muchos paraguayos que ejercen funciones relativamente importantes pueden sobrevivir un año sin leer un libro, por ejemplo.

–Y esos son aspectos que están ausentes de todo lo que es el diseño de la carrera docente. Nuestra carrera docente está basada en el paso del tiempo. Los incentivos no se hallan sujetos al desarrollo profesional del educador. Entonces, un docente novel con toda la vocación requiere transitar 23 o 24 años para lograr ciertos niveles socioeconómicos y estándares dentro de la carrera sin importar el nivel de formación que haya tenido. Hemos escuchado en estos últimos años esas oportunidades de becas para docentes para estudiar en Francia, en Colombia, donde aquellos docentes que han dejado su familia por más de un año se han ido a formar y volvieron, pero no existe ningún tipo de incentivo que les garantice estar mejor económicamente o desarrollar una carrera horizontal dentro del aula. Y decimos una carrera horizontal porque muchas veces lo que pasa es que para que un docente mejore económicamente tiene que salir del aula y convertirse en director o en supervisor. Entonces muchas veces lo que pasa es que perdemos un buen docente, pero ganamos un mal director.

–¿Cuáles te parece que son los desafíos a una década?

–Paraguay no tiene una visión prospectiva. Ahí no podemos dejar de mencionar lo que ha sido la experiencia del proceso de transformación educativa, que básicamente intentó aportar una visión, pero que lastimosamente, desde mi criterio y mi opinión, se vio en medio de una dinámica político-electoral. Ahora el gran desafío a partir de los programas de alimentación escolar, que entre paréntesis representan un salto cuantitativo de la inversión muy importante, es lograr que las escuelas no se conviertan simplemente en comedores. Necesitamos aprovechar la oportunidad que un programa masivo de alimentación escolar nos va a aportar. Los programas de alimentación escolar en todo el mundo han funcionado como imanes para atraer a los alumnos y la pregunta es qué va a pasar en las aulas y cómo logramos aprovechar la oportunidad de que los estudiantes logren estar dentro de las instituciones educativas.

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), integrada por entidades de productores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, expresa su total desacuerdo y repudio a la decisión anunciada por el director general de la cadena multinacional de distribución de origen francés, Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender la compra de carne del Mercosur.

“Esta actitud arbitraria, proteccionista y equivocada perjudica al bloque e ignora los estándares de sostenibilidad, calidad y cumplimiento que caracterizan la producción agrícola en sus países miembros”, expresa el documento. El gremio remarca que la carne en la región se produce bajo estrictos estándares socioambientales y sanitarios, en línea con los más exigentes estándares internacionales, demostrando ser líder mundial en prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola.

Señalan que la decisión de Carrefour ataca injustamente la reputación de miles de productores rurales comprometidos con la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente, y, si bien las decisiones comerciales son competencia interna de las empresas, la postura pública del director general de Carrefour, va más allá de los límites aceptables.

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“Esta no es una decisión aislada, sino un ataque directo a la credibilidad y la contribución del sector agrícola del Mercosur a la seguridad alimentaria mundial”, sostiene la FARM de forma tajante. Solo en 2023, los países del Mercosur produjeron 38 millones de toneladas de carne vacuno, porcino y aves, de las cuales exportaron 11 millones.

Lo dicho evidencia que la región es el principal proveedor de proteína animal del mundo, y que la producción de alta calidad llega a más de 160 países, por lo que los productores rurales de la FARM y sus entidades representadas no aceptarán ataques injustificados. Se reservan el derecho de reaccionar con firmeza, ya sea por medios económicos o institucionales, para proteger la imagen y los intereses del sector agrícola en sus países.

Reafirman de esta manera el compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable, pilares del agronegocio en la región, y esperan que la citada cadena mundial de supermercados revise su anuncio y adopte una postura coherente con los principios de diálogo y respeto, que deben guiar las relaciones comerciales globales.

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El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, confirmó que ningún personal se encontraba en el lugar al momento de la explosión que ocasionó severos daños materiales al local. El directivo pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

“Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. Es lo que nos toca hoy experimentar y por lo que tenemos como datos la sucursal fue dañada en términos edilicios de una forma bastante importante”, señaló a la 1020 AM. Expresó que la entidad no cuenta con mucha información aún sobre las pérdidas destacando que “lo más importante es daño a la gente no tuvimos”.

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“La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Y se está haciendo el recuento, ya las autoridades están presentes y nosotros estamos llegando. Y más datos vamos a tener más tarde”, añadió.

Se excusó de proporcionar información sobre el dinero de la bóveda al mencionar que “se está relevando datos y no tenemos datos precisos todavía”. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.

“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comercial de la entidad bancaria.

Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro, aunque en todo momento se negó a adelantar si la bóveda fue vaciada por los malvivientes. “Ya es cuestión de las autoridades correspondientes y creo que lo estarán haciendo”, significó sobre la necesidad de reforzar la dotación de la Policía en este distrito del país.

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La policía brasileña investiga como un “acto terrorista” el fallido ataque de un individuo que el miércoles pasado se hizo estallar frente a la corte suprema en Brasilia y cree que tiene “posibles conexiones” con la asonada de bolsonaristas del 8 de enero de 2023. Las explosiones ocurrieron antes de que Brasil acoja el lunes y el martes la cumbre de líderes del G20 en Rio de Janeiro, y el miércoles al presidente chino, Xi Jinping, en Brasilia.

El hombre murió cuando hizo estallar una bomba frente al Supremo Tribunal Federal (STF), en la Plaza de los Tres Poderes, contigua también con el palacio presidencial de Planalto y el Congreso. Su embestida no dejó otras víctimas. Su cadáver fue retirado el jueves por la mañana, constató la AFP. La policía identificó al atacante, cuyas motivaciones se desconocen, como Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, un excandidato a concejal por el Partido Liberal, actual formación del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en las municipales de 2020.

La plaza de los Tres Poderes fue escenario hace menos de dos años de una asonada contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por parte de bolsonaristas disconformes con la derrota electoral de su líder. La policía federal aseguró este jueves que investiga el ataque fallido como “un acto terrorista” y un intento de “abolición violenta del estado democrático de derecho”, hipótesis “no excluyentes”, indicó su director, Andrei Passos Rodrigues. “No es un hecho aislado”, dijo además Passos en rueda de prensa.

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Afirmó que existen indicios de una “planificación de largo plazo” y posibles “conexiones” con los episodios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando los simpatizantes bolsonaristas causaron graves daños a las tres sedes de poder. Un día después de las explosiones, el edificio del STF fue rodeada nuevamente de vallas de seguridad que no se veían desde febrero.

“¿Dónde perdimos la luz de nuestra alma afectuosa, alegre y fraterna ante la oscuridad del odio, la agresividad y la violencia?”, reflexionó durante una sesión del tribunal su presidente, Luis Roberto Barroso. Lula aún no se pronunció sobre el suceso. El jueves recibió a varios embajadores en Planalto, que entraron por un acceso lateral en vez de la rampa principal, constató la AFP. En un inusual mensaje conciliador, Bolsonaro llamó al “diálogo” y la “pacificación” de los brasileños, en un mensaje en redes sociales.

Alrededor de las 19:30 (22:30 GMT) del miércoles, un vehículo, que según la policía le pertenecía a Francisco Wanderley Luiz, estalló en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. “El individuo salió corriendo del interior del vehículo”, donde había “una especie de bomba, varios explosivos fraccionados, atados con ladrillos”, detalló el sargento Rodrigo Santos. Segundos después ocurrió otra explosión, que mató a Wanderley Luiz frente a la corte.

En un video de las cámaras de seguridad obtenido por la AFP, puede verse que el atacante lanzó artefactos explosivos en dirección al edificio del Supremo desde la explanada contigua, mientras dos guardias de seguridad intentaban abordarlo. Luego se echó al suelo y se autodetonó. Horas antes el mismo hombre había estado circulando por la Cámara de Diputados, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales.

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El atacante había llegado a la capital brasileña meses antes de su acción del miércoles y había alquilado una casa y un tráiler, donde fueron hallados más explosivos de fabricación “artesanal”. En su residencia también se encontró un mensaje escrito alusivo a los eventos del 8 de enero de 2023.

La policía determinó que el atacante había estado en Brasilia en aquella fecha, aunque aún se investiga si participó en la asonada. El poderoso juez del STF Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación de los episodios del 8 de enero y llamado de “dictador” por Bolsonaro, también asumió este jueves la del ataque fallido. Se trata del “peor ataque” contra el STF desde la asonada, afirmó.

Fuente: AFP.