Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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La fiscala Julia González investiga otro terrible caso de abuso sexual de una niña de seis años, a quien le diagnosticaron sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, después de ser inspeccionada por personal de salud. La madre está detenida por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niño.

El supuesto autor es el padrastro, quien está desaparecido. La agente fiscal informó que ya tienen el nombre del sujeto, pero están corroborando otros datos para emitir la orden de captura.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la mujer decidió llevar a su hija a la clínica de una universidad privada para consultar ante molestias en su parte íntima. Al ser inspeccionada se le encontró lesiones y evidencias de abuso sexual.

Ante esa situación, la madre fue comunicada por el personal de salud sobre el resultado de la revisión y que se dará parte a las autoridades, pero la mujer agarró a su niña y corrió de la clínica, según contó a La Nación/Nación Media la fiscala Julia González.

El personal de salud, con ayuda de guardias, la pudo alcanzar cuando ya estaba a punto de abordar el ómnibus. Llegó en ese momento el personal policial y la madre fue aprehendida. Guarda reclusión en la comisaría de mujeres.

Al ser rescatada la niña de los brazos de su madre fue llevada de nuevo a la clínica universitaria y allí llegó una tía materna que se hizo cargo de ella, ya con intervención de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este y del Ministerio Público.

Contó que en la clínica universitaria a la niña le realizaron análisis ante las lesiones detectadas; el resultado indica que la víctima padece sífilis, según el informe que fue enviado a la Fiscalía. “Le pasé el reporte a Medicina Forense y confirman que la niña tiene dicha enfermedad”, dijo la fiscala.

La detención de la mujer fue el 22 de noviembre. Julia González informó que el martes 19 de noviembre ya había ido primero al Hospital Regional de Ciudad del Este para que le atiendan a la niña y en esa ocasión solo dio el nombre de su hija. También desapareció después de escuchar sobre el estado de la niña y la obligación de reportar a la Fiscalía.

En esa ocasión no fue alcanzada y se informó lo sucedido. La fiscala confirmó que ya había ingresado a su unidad, aunque sin ninguna identidad de la mujer. Ayer, al repetirse la acción, sí pudo ser alcanzada y entregada a la Policía y a la Fiscalía.

Este jueves, desde el Ministerio de Salud respondieron al pedido de la madre de una niña con Atrofia Muscular Espinal (AME) y confirmaron que, tanto el medicamento como los insumos, serán provistos para su tratamiento. Familiares de la paciente se estaban manifestando frente a la institución y amenazaron con llevarse a la pequeña.

Esta mañana, Ana Duarte, junto con otros familiares, llegó hasta el ministerio para solicitar una vez más que puedan ofrecer el tratamiento que requiere su pequeña, para que pueda tener una mejor calidad de vida. La niña fue diagnosticada con AME a los tres meses y ahora tiene 3 años; hasta el momento, no han tenido respuesta para su medicación.

“Mi hija tiene tres años y está conectada a un respirador. Hace un año y ocho meses que salimos del hospital, está con el respirador en casa. Recurrimos a un amparo judicial y fue favorable para mi hija en el mes de junio y hasta ahora no tenemos respuesta”, detalló la mujer, en “Arriba Hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Unos minutos después de la transmisión del programa, la mujer recibió la llamada del Ministerio de Salud y también del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Le confirmaron que un equipo está realizando las gestiones para que su hija acceda a la medicación y a los insumos que requiera para su tratamiento. La pareja gasta al menos G. 6 millones mensuales para su niña.

“Me llegó el insumo el mes pasado en el Hospital de Acosta Ñu y este mes ya no llegó. No se hizo el proceso o si no debía retirarlo cada mes. Siempre me dicen que está encaminado y no hay solución. Los gastos en insumos son todos los meses, no como ellos piensan, un mes sí y otro no”, confirmó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una niña de 7 años se encuentra internada en el Hospital Distrital de Presidente Franco, por una grave infección por piques en varias partes del cuerpo (pies, piernas y manos). La niña fue rescatada ayer a la tarde por una comitiva integrada por el fiscal Osvaldo Zaracho y funcionarios de la Consejería por los Derechos de la Niñez, de la comuna de Franco.

Personal de Codeni recibió la denuncia el domingo y fue ayer a la mañana a verificar la situación, comprobándose el hecho. La menor vive con su abuela materna y su abuelastro. Los funcionarios intentaron convencerlos para llevar al hospital a la niña y los mismos se negaron en todo momento.

Esto fue referido a La Nación/Nación Media, por la directora de Codeni de Pdte. Franco, abogada Balbina Almada. Mencionó que dio aviso al Ministerio Público y en horas de la tarde se realizó el procedimiento para poder rescatar e internar en un hospital a la niña.

“Fue muy difícil hacerlo, ella se encerró en la pieza, tenía mucho miedo, no quería que nadie se le acerque, no quería hablar”, contó la directora de Codeni. Contó que caminaba con dificultad y, según datos recabados con vecinos, hasta hace un mes aproximadamente jugaba con los niños vecinos, pero dejó de hacerlo porque ya la rechazaban a raíz de las lesiones visibles en sus pies y manos.

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Madre de la niña vive cerca y tiene a un niño con enfermedad congénita

La madre de la niña vive cerca, tiene otra pareja y un niño con un padecimiento congénito que la tiene todo el tiempo por el hospital, según Balbina Almada. Mencionó que la casa donde vivía la niña no es de una situación de extrema pobreza, “según lo que pudimos ver al ingresar a la misma”.

También contó que, según los vecinos, la madre pagaba el transporte escolar de la niña, que quedó con su abuela después que la mujer tuvo a un niño con problemas de salud y, al parecer, pasó a ocuparse de su hijo enfermo y a la de 7 años dejó con su abuela desde muy chiquita, relató la funcionaria.

Asimismo, la mujer con su hijo en brazos, estuvieron en la intervención, pero en un momento dado, su hijo se descompensó y la ambulancia que estaba en el lugar para trasladar a la niña, debió llevar primero al niño al hospital de Franco y luego a la menor con infestación de piques.

Intervino igualmente en el caso el defensor público de la Niñez y Adolescencia, abogado Emilio González. El fiscal Osvaldo Zaracho investigará el caso para descartar que la niña haya sido víctima también de otros hechos punibles.

Desde el Ministerio de la Niñez se comunicaron con la Codeni de Pdte. Franco para ver la posibilidad de que la niña sea incorporada a algún programa de asistencia. La Defensoría Pública tendrá que resolver dónde darle resguardo a la niña, una vez que salga del hospital, mientras la fiscalía decida qué determinación tomar sobre la madre y los abuelos.

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