Tras la postergación del pedido de pérdida de investidura del senador colorado Rodolfo Friedmann, salió al paso la discusión acerca de los demás congresistas que fueron expulsados en este período legislativo.
En vista a lo acontecido, el político liberal Dionisio Amarilla solicitó ser restituido en su banca de la Cámara Alta, que perdió en junio del año pasado tras ser acusado de tráfico de influencias. Además Payo Cubas es otro de los expulsados quien se mostró interesado en volver a ocupar su lugar.
Por esta razón hoy consultamos con los lectores: Ante el salvataje de Friedmann ¿sería válida la opción de que legisladores expulsados vuelvan a sus bancas? El 71% dijo que “Friedmann debe perder la investidura”, el 20% señaló que “no, si están afuera no hay vuelta atrás” y el 8% indicó que “sí, todos deben ser medidos con la misma vara”.
Jorge Oviedo Matto, Víctor Bogado, Paraguayo Cubas, Óscar González Daher, Eugenia Bajac y Dionisio Amarilla son los seis legisladores que fueron expulsados y otros que renunciaron por motivos varios.
El senador Víctor Ríos se expresó sobre la pérdida de investidura y dijo que “de por sí es un artículo muy complejo y que tiene varios aspectos que deben ser reglamentados, empezando por establecer claramente cuál debe ser el órgano encargado de llevar adelante el procedimiento”.
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Reforma de la Caja Fiscal: “Es mentira que el Estado no aporta nada, hoy ya está pagando”
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que pretende reformar el sistema de jubilaciones del sector público. Uno de los puntos cruciales en la reforma es el déficit que genera el desequilibrio de condiciones de jubilación de las 6 cajas.
Solo en 2025 el desbalance de ingresos y gastos fue de G. 2,6 billones, unos USD 380 millones. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por cada G. 100 que ingresan, el sistema gasta G. 144.
Al respecto, el economista Daniel Correa recordó que una de las propuestas es que el Estado aporte 3 % y el trabajador 19 %, ya que actualmente el Estado implícitamente cubre el 9 % del déficit.
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“Es mentira que el Estado no aporta nada. Hoy ya está pagando. Esos USD 380 millones que el Ministerio de Economía indicó como déficit actual de la Caja Fiscal es plata que ya está saliendo del bolsillo de la ciudadanía, de los impuestos que se recaudan y de todo lo que se aporta en la economía”, manifestó Correa a la 650 AM.
Explicó sobre el punto que, si bien no está configurado formalmente como un aporte a la Caja Fiscal, el Estado ya está gastando recursos (impuestos) que pueden ser destinados a otros sectores, al sistema previsional. “El dinero ya está saliendo del erario público”, reiteró.
Aseguró que es insostenible cargar sobre 6 millones de paraguayos un problema que tiene relación con 700.000 beneficiarios, y es un tema que toda la sociedad debe discutir, y entender que esta reforma es una necesidad.
“Una de mis propuestas en la audiencia pública fue justamente que el Estado tenga una mayor participación, tanto para reconocer una deuda histórica como para transparentar lo que ya está haciendo hoy”, acotó.
Durante las audiencias públicas que se han hecho, autoridades del MEF expusieron que la insostenibilidad de la Caja Fiscal se basa en que no todos los sectores tienen una edad mínima de jubilación y las jubilaciones tempranas prolongan pagos por décadas. También uno de los problemas es que hay más beneficiarios que aportantes activos.
Por eso, las propuestas principales de la reforma plantea una edad mínima de jubilación, la extraordinaria desde 57 años y la ordinaria desde los 62 años, también nuevo cálculo de jubilación y tasas de sustitución entre 78 % y 100 %.
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Justicia Electoral alista contrato de alquiler para 18.000 máquinas de votación
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, destacó que durante la última reunión que mantuvieron con el viceministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, le han presentado el cronograma de trabajo que ya arranca los primeros días de enero del 2026, ya con miras a las próximas elecciones municipales.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que estarán comenzando a trabajar los primeros días de enero, sobre todo en lo que hace al proceso de alquiler de las máquinas de votación. La firma de contratos con la empresa adjudicada se concretará una vez que se firme el decreto reglamentario del Presupuesto General de Gastos 2026.
Mencionó que este decreto reglamentario tendría que estar siendo publicado a más tardar en la segunda quincena de enero. Para entonces, el organismo electoral igualmente tiene que tener listo los documentos para la firma del contrato de alquiler de las 18.000 máquinas de votación que se requieren para los comicios del próximo año.
Indicó que, a partir de la firma del contrato, y conforme al pliego de bases y condiciones, corre un plazo de 15 días para que la empresa adjudicada entregue el primer lote que hace al 20 % del total, que serían unas 3.600 máquinas aproximadamente tiene que llegar al país, específicamente en la sede de la Justicia Electoral.
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“Con eso vamos a iniciar el proceso de capacitación y de socialización con la ciudadanía. También recordar que nuestro programa electoral nos marca todo el mes de febrero; a partir del 2 de febrero el inicio de la auditoría de estas máquinas de votación. Auditorías que van a implicar una inspección de las máquinas y sobre el software”, comentó.
“Una vez que realicemos todo el trabajo de verificación de las máquinas, ver cómo llegaron, si están funcionando; una vez que terminemos ese trabajo ya vamos a ejecutar la planificación que tenemos para la capacitación de la ciudadanía”, concluyó.
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Rally mundial: Peña agradece trabajo de instituciones y comportamiento de participantes
La primera edición del Mundial de Rally disputado en Paraguay culminó este domingo en las reducciones jesuíticas de Trinidad, departamento de Itapúa. Este importante evento deportivo tuvo el destaque no solo a nivel nacional sino también internacional, y el presidente de la República, Santiago Peña, agradeció a las instituciones públicas, la organización y todos los paraguayos que fueron parte de este mega evento.
“Acá hubo un trabajo del Gobierno nacional, del Gobierno departamental, de los intendentes, de la comunidad, de los voluntarios, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares, me voy a quedar corto si voy a mencionar a todas las instituciones, realmente fue un trabajo maravilloso”, fueron las expresiones del presidente.
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Realizó un especial énfasis a la participación de fanáticos, aficionados y toda la ciudadanía que pasó por el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, en el departamento de Itapúa en los días que se realizaron las competencias. Destacó además, que el resultado de este trabajo se está haciendo eco en todo el mundo.
“Principalmente, los participantes, quienes vinieron a ver, los fanáticos, el comportamiento, vale la pena mencionar eso, una conducta intachable por parte de todos quienes vinieron. Estamos recibiendo hoy, solamente palabras de reconocimiento al Paraguay y a los paraguayos”, sentenció.
El presidente Peña participó este domingo del cierre y ceremonia de premiación de los ganadores de la categoría principal del World Rally Championship. El WRC en Paraguay marcó un hito histórico que pone al país a la altura del automovilismo mundial, sumado al gran impacto que dejó en materia económica para el país y principalmente, para el VII departamento.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.