Barreto reflota archivo: Inmobiliaria de Zuccolillo “maniobró” para quedarse con valiosa propiedad de un anciano
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El grupo empresarial AZ (propiedad del fallecido Aldo Zuccolillo, dueño de ABC Color) utilizó supuestamente documentos falsos para apoderarse de 7 hectáreas de las cerca de 15 de la propiedad de Aureliano Manuel Viveros (Ganadera Agro-Industrial San Aureliano). La propiedad en cuestión está detrás del Cementerio del Este, y se estima que tendría un valor de 25 millones de dólares.
Entre los que operaron presuntamente para concretar el despojo están los profesionales del foro Gilda Bordón Roux y César Coll Rodríguez, de acuerdo con los documentos.
Aureliano Viveros, quien falleció en julio de 2013, recibió el título de su propiedad en diciembre de 1966 y el inmueble fue inscripto en el Registro Público al año siguiente. Para ratificar que la propiedad pertenecía a esta persona, la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución el 30 de mayo de 2001, validando todas estas documentaciones.
Viveros y su familia montaron un establecimiento ganadero en el lugar y lo aprovecharon comercialmente, hasta que en julio de 1996, la abogada Gilda Bordón inició acciones legales para despojarlo de al menos la mitad de la propiedad.
El título que presentó la abogada Bordón no existe en el Registro Público y presuntamente fue creado durante el juicio en que la propia CSJ dictaminara que la propiedad pertenecía a Aureliano Viveros.
“Esto es un intento de despojo, pero les gané en las tres instancias, y es por eso que crearon ese título falso. ¿Usted cree que a mis 85 años podría dormir tranquilo con este martirio?”, comentó Viveros a un programa de televisión de aquel entonces.
El espacio televisivo era conducido por el periodista Luis Bareiro y fue reflotado hoy por el periodista de investigación Augusto Barreto a través de su cuenta en Twitter. Barreto escribió: “CARPERO VIP (PARTE 1) No hay distraídos entre los dueños de medios. Unos tienen techo de vidrio. Otros prefieren una cristalería. La historia de Don Aureliano Viveros y su “propiedad privada” que cambió de manos en una operación express (hilo)” y añadió un vídeo.
Seguidamente, tuiteó: “CARPERO VIP (PARTE 2) A los 85 años, Don Aureliano Viveros tuvo que resignarse impotente a mirar cómo lo despojaban del esfuerzo de toda su vida” y colgó un segundo vídeo.
Antecendentes
El título presuntamente creado de manera fraudulenta fue utilizado para realizar una serie de transferencias hasta ser adquirida por una inmobiliaria llamada Cruz del Este. La abogada de esta inmobiliaria negó todo vínculo con la Inmobiliaria del Este, propiedad del Grupo AZ.
En la propiedad de Aureliano Viveros ingresaron tractores y arrasaron con todo a su paso. Foto: Captura de pantalla.
Sin embargo, maquinarias de la inmobiliaria vinculada al grupo de ABC Color fueron las que ingresaron a arrasar con parte del establecimiento ganadero y dejaron un cartel en la propiedad de Aureliano Viveros.
Todo indica que la ingeniería jurídica que montaron para el despojo tuvo respuesta de parte de los administradores de Justicia gracias a la influencia del Grupo AZ. Poco después, a los 85 años, falleció Aureliano, preso de la angustia e impotencia del despojo de su patrimonio.
Esto, a pesar de que tenía todos los documentos que demostraban que era el verdadero dueño de las tierras, pero que de nada sirvieron ante las influencias de los Zuccolillo y su medio de prensa.
Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
La jueza Liz Sanabria de Gneiting dijo que preocupa el desconocimiento de las leyes. Foto: Rocío Gómez/Nación Media
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
Por un caso de homonimia: tenebrosa maniobra judicial
Jorge Torres
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Un terrible caso de corrupción entre la Justicia de nuestro país. Un error judicial resultó en el despojo de 500 hectáreas de tierra a un ciudadano canadiense en Filadelfia, Chaco, mediante un proceso de homonimia y maniobras judiciales irregulares.
Se trata del caso de Peter Neufeld, un hombre de nacionalidad canadiense, casado con una paraguaya, y con varios hijos, perdió su propiedad valorada en 3 millones de dólares debido a un juicio iniciado por una deuda ajena. La firma Tape Ruvicha, que reclamaba el saldo impago de una camioneta, obtuvo una orden judicial de embargo, pero la Justicia vinculó erróneamente al canadiense con otro individuo de nombre similar, el mexicano Peter Neufeld Peters, quien realmente era el codeudor en el caso.
Durante el proceso, funcionarios del Registro Público emitieron una copia del título de la propiedad de Neufeld, a pesar de las advertencias sobre la equivocación de identidad. A lo largo del juicio, se ignoraron evidencias claras de que la propiedad en cuestión no pertenecía al demandado mexicano. Sin embargo, el tribunal procedió a rematar la estancia del canadiense a un valor irrisorio de 250 millones de guaraníes.
El abogado Robin David Miranda Azuaga, quien representa al afectado, solicitó al ministro de la Corte, Eugenio Giménez, una auditoría de la causa y la apertura de sumarios para la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, el juez Alfredo Barrios, la escribana Lilia Siriaca Sacarello de Carrillo, y otros funcionarios presuntamente implicados en la rosca. Además que se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó una acción autónoma de nulidad en contra de todos los actos judiciales relacionados con el caso.
Según el escrito presentado por el abogado, se pudo constatar una tenebrosa maniobra ilegal y perjudicial, con la transferencia e inscripción de la finca, pero sin que exista constancia de esto.
De acuerdo con el abogado, a través de un oficio la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz pidió informes a Registros Públicos sobre Peter Neufeld, con cédula 2.480.560, y esta instancia comunicó que esta persona no tenía registrado ningún inmueble a su nombre. Además, el propio deudor, con cédula paraguaya, intervino en el juicio, por lo que el sistema judicial estaba en conocimiento de quién era el que estaba en mora con el pago de su deuda. Llamativamente se incluyeron en el expediente las fincas del otro hombre con el mismo nombre, pero sin hacer mención a su número de documento extranjero. Esto se habría realizado, según el denunciante, a pedido de la abogada María Silvia Acha, representante de la firma que reclamaba la deuda.
En su momento, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido, pese a que, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el verdadero deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Hasta ahora, ninguno de los administradores de Justicia explican esta situación. Un alevoso caso de despojo que atenta contra la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir y ayudar a limpiar la cara de la sucia Justicia paraguaya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
Justicia de EE. UU. aplaza indefinidamente caso de Trump con Stormy Daniels
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El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
Caso inédito
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.
El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.
Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.
Francisco Ruiz Díaz titular del Indert, destacó que desde que agosto del 2023, a la fecha, se han entregado 1.620 títulos en este gobierno, superando la cantidad entregada en un siglo de la reforma agraria, que solo entregó 1.000 documentos. Foto: Gentileza
En un año, Gobierno supera cantidad de titulación entregada en un siglo en Concepción
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Durante la jornada de Gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña entregó un paquete de títulos de propiedad de manera simbólica a pobladores del departamento de Concepción, donde en cien años, fueron entregados 1.000 títulos.
Al respecto, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que desde agosto del 2023, a la fecha, se han entregado 1.620 títulos durante este gobierno, superando la cantidad entregada en un siglo de la reforma agraria.
La entrega simbólica se llevó a cabo en la sede de la gobernación del primer departamento, donde también se realizó el acto de entrega de aportes del gobierno, en el marco de la jornada oficial que desarrolló el presidente Peña en esa zona del país.
El responsable del ente agrario remarcó que están trabajando en la emblemática colonia de Arroyito, donde los inmuebles fueron titulados en un 70 %. Ruiz Díaz resaltó que actualmente están impulsando otros elementos que van más allá de los títulos, como la donación de bolsas de maíz para cultivos, acercadas por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) al Indert, en una cooperación público-privada.
Señaló que Arroyito, que se caracterizaba anteriormente por la inseguridad, actualmente es una ciudad con caminos asfaltados, con pobladores que están enfocados en cooperar con las instituciones del Estado para el desarrollo.
Apoyo a campesinos
Por otro lado, el titular del Indert destacó que la institución llegó a 1.200 kilos de mandioca transportada en apoyo a los campesinos, que les permitió generar 500 millones de guaraníes de ingresos adicionales.
Añadió que los labriegos ya tenían como pérdida la cosecha, pero el Indert cooperó generando mercado y el transporte a costo cero. Añadió que ahora están ingresando a Arroyito y están coordinando con los pobladores esta tarea.
Por otro lado, señaló que de cada 10 títulos entregados anteriormente, 3 eran para mujeres, y actualmente, 6 son para las mujeres, que genera un empoderamiento para el sector. También sostuvo que con 6 % menos de presupuesto para la institución, tienen 600 % más de titulación.