Por: Adelaida Alcaraz

La iniciativa de cuatro países, incluyendo a Paraguay, de unir el océano Atlántico y el Pacífico adquiere una relevancia inesperada en un mundo en el que la lucha por el acaparamiento de las rutas comerciales amenaza con enfrentamientos armados. Es lo que trae el análisis político económico en este apartado.

Apenas asumió la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dejó claro que no estaba para perder el tiempo. Con un guión bien definido, comenzó a desmantelar los problemas heredados de la era Biden, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que amenazaba con escalar sin control, y el conflicto con Hamás, que mantenía rehenes israelíes.

Desde su llegada a la Casa Blanca, el mundo observó con expectación cada trazo de su lapicera presidencial. En cuestión de días, firmó decretos que iban desde redadas masivas y deportaciones de inmigrantes ilegales hasta el congelamiento de ayudas al exterior, dejando a Ucrania sin recursos para seguir su lucha contra Rusia.

Pero Trump no se quedó ahí. Sorprendió con ideas tan audaces como comprar Groenlandia, quizás para reforzar el control sobre las rutas marítimas del norte ante el avance de Pekín, y retomar el control del Canal de Panamá, un punto estratégico clave.

Muchos se preguntan ¿qué estará pensando Trump? Algunos opinan que más que el enorme desgaste militar y financiero que propició el conflicto ruso-ucraniano, en realidad fue una distracción para Biden, quien no se percató de cómo los tentáculos de China se extendían libremente por todo el mundo.

Con la excusa de una sola China, el ejército continental realiza constantes movimientos alrededor de la República de Taiwán y la administración de Xi Jinping se convirtió en uno de los socios comerciales más importantes para América Latina, con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, entre los principales.

Es importante recordar que hace apenas poco más de dos meses, el 14 de noviembre de 2024, China inauguró el megapuerto de Chancay, en las costas peruanas. Construido por la empresa china Cosco Shipping. La terminal portuaria multipropósito no solo tiene la logística necesaria para recibir naves de hasta 400 metros de largo y procesar 18.000 contenedores, sino que acortará el tiempo de navegación entre Asia y América Latina.

El Canal de Panamá. Así como en Perú, una empresa china es la encargada de operar el puerto de Chancay. Observadores estadounidenses mostraron su preocupación puesto que en Panamá dos puertos han sido administrados durante mucho tiempo por la subsidiaria de CK Hutchison Holdings, que tiene su sede en Hong Kong, y lo que ello representa con posibles filtraciones de datos.

Otro detalle que preocupa a Washington es la cooperación que ofrece el país de Centroamérica al gobierno de Xi Jinping para la financiación de un nuevo puente nada menos que sobre el canal.

Un tercer aspecto que los analistas discuten sobre el motivo del interés de Trump de retomar el control del canal es que, a pesar de que en el tratado de 1977, firmado por Jimmy Carter, especifica que Panamá debe mantener su neutralidad en cuanto al transporte de mercaderías, es posible que el nuevo inquilino de la Casa Blanca quiera reducir los precios en todos los sentidos o exigir que Panamá renuncie a alzarle las tarifas en caso de nuevas crisis.

Otro de los motivos que los entendidos en geopolítica mencionan sería la reactivación del proyecto conocido como el tren Panamá-David, que cuenta con inversión de los Estados Unidos y que demandará un trabajo de 391, 3 km, con 21 estaciones y la construcción de 70 puentes.

La esperanza está en Sudamérica. Con gran énfasis, hace unos días el medio peruano La República publicaba con grandes titulares “Los 4 países de Sudamérica que ya construyen su propio canal de Panamá con 500 millones de dólares”, como si fuera un gran descubrimiento.

La realidad es que silenciosamente, casi sin llamar la atención, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, están construyendo la megaobra bautizada como “Corredor Bioceánico Vial”, que resultará vital no solo para el comercio de la zona, sino que establecerá una nueva ruta que acortará el tiempo de transporte de productos provenientes desde el océano Atlántico a través del puerto de Santos, Brasil, atravesando el Chaco paraguayo y finalizando en el puerto de Antofagasta, Chile, en el océano Pacífico, y viceversa.

Reducción costos y tiempo. Esta gigantesca ruta marítima-terrestre conectará océanos, países, puertos, ciudades y pasos fronterizos a través de sus 3.290 kilómetros de longitud, que estiman reducirá hasta 66 % los tiempos logísticos y en casi un 20 % los costos operativos.

No solo representará una nueva y más corta ruta del comercio internacional desde todos los países del oeste africano, incluso del cercano Oriente, hacia Asia, sino que también representará una revitalización del transporte de productos dentro del Mercosur y de los países integrantes del bloque regional hacia cualquiera de los dos océanos, convirtiendo a Paraguay en el centro de todo este movimiento comercial.

El sueño de Chile de tener una salida directa al Atlántico y de Brasil de llegar sin vueltas a Asia por el Pacífico será realidad. La mediterraneidad de Paraguay será un problema del pasado y accederá a ambos océanos, y dejará de depender exclusivamente de la Hidrovía

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en sesión extraordinaria suspender a las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, ambas involucradas en las conversaciones privadas con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. En el intercambio de mensajes, hubo pedidos para levantar sanciones y avisos sobre próximos allanamientos.

Por unanimidad, los ministros de la Corte decidieron la suspensión inmediata de las magistradas, además se dispuso la instrucción sumarial para ambas sin goce de sueldo. El acta de esta sesión será remitida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público para su investigación.

Asimismo, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de un examen de correspondencia a los bienes de Silva y Aguirre. “Pido que la denuncia que haga la Corte al Ministerio Público sea clara, directa y contundente. Estamos hablando de participación de magistradas en hechos de obstrucción de una investigación Penal. No podemos descartar que haya habido sobornos y todo ello desde luego debe ser investigado por la Fiscalía”, afirmó el ministro Eugenio Jiménez Rolón.

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En tanto, Alberto Martínez Simón propuso que se realice una auditoría a todas las causas en donde participaron las juezas penales, puesto que podría revelar datos de interés tanto el sumario, como para las carpetas de la Fiscalía y el JEM. Por su parte, el ministro César Garay pidió que la suspensión para ambas se dé de manera inmediata.

Todas las peticiones fueron aprobadas por unanimidad, al igual que la solicitud del ministro César Diesel para reforzar la seguridad del juez Osmar Legal. Igualmente, se le requirió a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que provea un vehículo blindado al magistrado.

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Este viernes, se suspendió nuevamente el juicio contra Andy Joel Romero luego de que su defensa presentó un carnet indígena exigiendo un trato diferenciado. El hombre estaba acusado por violencia familiar, luego de que golpeara brutalmente a su pareja en la cabeza, abdomen y manos en el año 2021. Desde Derechos Étnicos del Ministerio Público explicaron que el carnet es muy usado para eximir culpas.

Según la fiscal Sofía Galeano, Andy no pertenece a ninguna comunidad indígena y que esto fue confirmado por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), por lo que esperan que el tribunal que lleva el caso tenga en cuenta estas evidencias. Hoy viernes, nuevamente se suspendió el juicio por violencia familiar, atendiendo a que el tribunal solicitó un análisis del carnet.

“El Ministerio Público tiene suficientes documentaciones tanto del Indi, del Registro Civil y se realizaron mediante la dirección de Derechos Étnicos, el hombre fue acusado como no perteneciente a una comunidad indígena. El día de la audiencia preliminar se presentó el carnet indígena y el tribunal pospuso en inicio de juicio”, dijo Galeano, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Atendiendo a la suspensión de este juicio, la directora de Derechos Étnicos del MP, Dora Penayo, explicó que muchas veces el carnet es muy usado para dar otro tipo de juzgamiento a las personas o una pena más leve. “Hay una fragilidad del sistema y se presentan carnets que no son claros o ilícitos al solo efecto de beneficiarse con la diferenciación positiva”, aseguró en NM.

Apuntó que muchos se refugian detrás de este documento que se usa para evadir la pena. “Se presenta el carnet en el juicio oral o audiencia preliminar para suspender el proceso. Si no se presenta desde el principio da que pensar sobre la veracidad o el verdadero auxilio a la Justicia. Los abogados usan bastante como estrategia de defensa para exculpar a una persona”, sentenció.

Penayo aseguró que este documento suele ser mal utilizado o muchas veces se presenta con la firme intención de la defensa de anular cualquier juicio. “Se usa para decir que no hubo un perito o una orientación que le garantice el respeto hacia su cultura al indígena. Una de nuestras tareas en el Ministerio Público es identificar a la persona o conectarle con su comunidad, hay muchas personas que no viven en la comunidad hace mucho tiempo”, puntualizó.

El caso contra Andy Joel Romero data del 2021 y fue acusado de golpear a su pareja con un mazo por lo cual permaneció en prisión preventiva hasta que su defensa presentó el carnet indígena durante la audiencia preliminar. Atendiendo a la situación un primer tribunal decidió dar nulidad al proceso y lo dejó en libertad, esto fue apelado por la Fiscalía y la querellante. Se volvió a abrir un nuevo juicio que nuevamente fue suspendido hasta que se tenga resultados de las nuevas pericias.

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El presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Óscar Cabrera, defendió la postura asumida por varios intendentes que piden la suspensión de los efectos de la ley de unificación vehicular por dos meses. Consideró desproporcional el alcance de la cuestionada normativa que ya está vigente en varios municipios del país.

“Ayer nosotros tuvimos una reunión con los representantes de los intendentes de cada departamento y con los miembros de la junta directiva de Opaci también. Estuvieron presentes la mayoría de los representantes de todos los departamentos y la idea es pedir en primer lugar una suspensión por 60 días de la aplicación de esta ley”, mencionó Cabrera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que los jefes comunales están obligados a cumplir la legislación sancionada el 7 de enero. Debido al receso en las actividades de las juntas municipales, solo algunos municipios pudieron aplicar la ley convocando a sesión extraordinaria para autorizar los incrementos en las patentes vehiculares.

“No se pudo completar aún, porque había una preocupación de los colegas sobre el tema de los precios y se analizaron estos precios fijados a través de la ley. Nosotros creemos que es una desproporcionalidad en algunos casos”, afirmó.

El intendente de Guarambaré y titular del órgano oficial de las municipalidades del país explicó que se analizaron exhaustivamente los costos que tienen para los contribuyentes la nueva ley de aplicación de impuestos a la patente del rodado.

“Encontramos que existe una desproporcionalidad en ese sentido. Un ciudadano que compra un vehículo europeo que cuesta más de 100.000 dólares y otro que compra un vehículo de procedencia coreana que cuesta 30.000 dólars va a pagar lo mismo. Entonces, hay una desproporcionalidad en eso”, remarcó.

Otro aspecto mencionado por Cabrera es que con la nueva ley se aplica el impuesto en jornales más altos para los vehículos usados. “Entonces, nosotros creemos que por una cuestión de justicia en la aplicación y en el valor del impuesto que tenga que pagar cada ciudadano debe estar adecuado a lo que vale su vehículo”, manifestó.

Un proyecto de modificación de la ley será presentado a la Cámara de Diputados y paralelamente los recurrentes piden la suspensión de la aplicación por 60 días.

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