Los obispos del Paraguay, reunidos en la 227ª Asamblea de Obispos del Paraguay, celebrada del 2 al 5 de noviembre de forma telemática, exhortan la liberación de los secuestrados en el Norte. Afirman que la violencia no es el camino que se debe transitar, mientras que en lo referente a la política aseguran que debe ser un espacio para el debate, que proponga y logre soluciones, con prácticas y actitudes libres de ideologías que atentan contra la vida y la dignidad humana.

“Con insistencia exhortamos la liberación de los secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Amancio Óscar Denis Sánchez”, señala parte del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), que este año tuvo como lema: "Hermanos todos, unidos en la esperanza y en el compromiso por el bien común”.

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Afirman que la justicia social que todos los paraguayos quieren debe conquistarse sin violencia, por lo que todos deben promover un pacto social fundado en transparencia que sea objetiva y eficiente con un compromiso de buscar soluciones integrales e integradoras.

“La vida política debe ser el lugar del debate, que propone y logra soluciones, con prácticas y actitudes libres de ideologías que atentan contra la vida y la dignidad de las personas y de la auténtica democracia. (...) Debemos decir definitivamente no al secuestro, a la extorsión humillante, al asesinato impune, al abuso de poder, al fraude y a toda práctica contraria a la dignidad de las personas, de la verdad y del bien”, reza el manifiesto.

También se refirieron a la corrupción, la fragilidad e ineficacia de las instituciones públicas, la pobreza en aumento, la situación de indígenas expulsados de sus hábitats, la educación, el anexo C del tratado de Itaipú y la violencia.

Asimismo, dieron un mensaje al pueblo paraguayo que se encuentra enfrentando el COVID-19, enfermedad que ha cambiado los planes y proyectos de todos, según reza el manifiesto.

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“La corrupción, pública y privada no deja de dañar nuestra confianza y de malgastar los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en especial de los sectores vulnerables. Seguimos necesitando y reclamando el bien común de la salud, de la educación, del alimento, del trabajo, del techo, de la tierra, de la dignidad de toda la vida, de servicios públicos de calidad y de políticas firmes y sostenidas que afiancen la equidad y el desarrollo para todos”, señalaron.

Igualmente, hablaron de la fragilidad e ineficacia existente en nuestras instituciones públicas que están más bien volcadas hacia el beneficio del poder y no del bien común o el pueblo, lo que retrasa e impide la aplicación de políticas públicas adecuadas a las necesidades de la sociedad y de los sectores vulnerables del país, sostienen.

“Por la falta de respuestas oportunas y de seriedad se cierran empresas y se pierden empleos, que hipotecan el presente y el futuro de muchos jóvenes y de muchas familias. Es necesario recuperar la credibilidad de nuestras instituciones públicas, con coherencia, honestidad y compromiso”, dice el mensaje de los obispos.

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En lo que respecta a la pobreza y la condición vulnerable en la que se encuentran miles de paraguayos en el territorio, especialmente durante esta pandemia del COVID-19, advirtieron que la situación iría en aumento. “Debemos asumir juntos el desafío de superar la iniquidad estructural, que genera aislamiento y marginación, polarización y división entre hermanos. Hay que unir esfuerzos para que el número de migrantes internos no aumente, que muchos campesinos no abandonen el campo, que los indígenas no se vean alejados de su hábitat natural”, es el clamor de los obispos.

Afirmaron que este es el momento de acompañar y preparar al pueblo generando recursos y ocupación, educación y futuro, y evitar que muchos engrosen las periferias de las ciudades, con las consecuencias dolorosas del desarraigo, la precariedad, las adicciones, la separación de familias, la promiscuidad, la falta de servicios básicos, la indigencia y las consecuencias psicológicas y existenciales.

La ocasión fue aprovechada para discutir sobre la expulsión de los indígenas de sus territorios con acciones ilegales y por orden de algún sector de poder. Afirman que las instituciones públicas encargadas de ellos deben velar por cumplir las leyes y sus derechos, aseguran que su rol debe ser el brindarles apoyo que necesitan con asistencia y gestión de servicios básicos para que los hermanos nativos tengan una vida digna.

“Pedimos que se brinde solución a los conflictos de larga data, como la del pueblo guaraní Ñandéva de Loma y otros en el territorio nacional”, dijeron.

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“La educación pasa por un momento crítico", sostienen. Se refirieron a los problemas estructurales del sistema educativo, la burocracia y la postergación de soluciones administrativas y pedagógicas que retrasan la respuesta a las demandas de transformación para contribuir al desarrollo del país, sostienen al hacer referencia a la situación educativa del país, que durante la pandemia se desarrolló de forma telemática con cientos de problemas.

Según los Obispos, la situación de pandemia es una oportunidad para un diálogo amplio e integrado con vista a la ansiada reforma educativa, “donde es propicio plantear proyectos de todos los sectores para diseñar e implementar las mejoras para todas las circunstancias y las tecnologías de la actualidad”.

Según los representantes de la iglesia, la renegociación del Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional es una oportunidad, en la que se debe promover la integración de todos. Esto, con el objetivo de asegurar, con sentido de justicia y de desarrollo, el aprovechamiento de la energía y de los bienes generados por esta hidroeléctrica.

“Itaipú es, en nuestra historia, un hito que generó transformaciones importantes en la economía y en la cultura paraguaya, al mismo tiempo que ha sido, desde sus inicios, un espacio codiciado de intereses mezquinos. Debe ser de interés y consenso nacional, que esta empresa se oriente a lo que está llamada a ser: Un bien común, que genera posibilidades de desarrollo, y administrado correctamente. Pedimos que se escuche a todos los sectores, y que nuestro gobierno sepa plantear debidamente el cuidado de nuestro patrimonio”, señalan.

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