El presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta una denuncia por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años, lo que él niega “categóricamente”, según reveló su defensa la noche de ayer lunes.

"El presidente (...) rechaza y desmiente categóricamente la denuncia" de un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de Derecho, señaló el abogado Jonatan Valenzuela en un comunicado.

La denuncia fue presentada el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía regional de Magallanes, en el extremo sur de Chile, de donde es oriundo Boric. El jefe del Ministerio Público de la zona, Cristián Crisosto, confirmó que "existe una causa penal relativa a los hechos que se indican".

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Un equipo especial del Ministerio Público está a cargo de la investigación, sostuvo el fiscal Crisosto, quien se abstuvo de dar más detalles del caso bajo reserva. Según la defensa del presidente chileno, de 38 años, la denuncia fue presentada por una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas, un envío "no solicitado ni consentido".

Diez años después, la mujer "presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya presidente Gabriel Boric". "Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014", añadió Valenzuela.

Boric, quien en 2026 completará su mandato de cuatro años sin derecho a reelección, cuenta con un fuero especial y, para ser investigado, la justicia antes debe aprobar un juicio de desafuero.

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El caso en contra de Boric se conoce en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo por las acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en contra del ex hombre fuerte del gobierno en materia de seguridad, Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde hace una semana.

En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento. La denuncia jamás llegó a ser investigada penalmente.

Fuente: AFP

Por Sara Valenzuela (sara.valenzuela@nacionmedia.com)

La violencia contra la mujer en las últimas décadas se ha convertido en una de las problemáticas protagonistas en el escenario social a nivel internacional. Ningún país queda exento de esta situación, que a su vez, afecta a toda clase social y raza, volviéndose así una situación de la cual muy pocas mujeres en el mundo han podido escapar.

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora a nivel internacional el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como desde hace 25 años cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró esta fecha. De esta manera se unió así a la conmemoración que ya se daba en Latinoamérica desde 1981 en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Según los datos actuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Solo en el 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron en manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos.

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En Paraguay la situación no es menos alarmante, ya que según los datos oficiales del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registran 27 víctimas de feminicidio en Paraguay. Hay 26 causas abiertas, además de registrarse otras 40 víctimas de tentativas de feminicidio.

“Hoy, a octubre del 2024, estamos cerrando los reportes con 30.000 casos de violencia familiar; eso implica a 100 mujeres por día, pero ocurre que también existen otros hechos punibles contra la mujer que son reportados como el de coacción, trata, exhibicionismos, proxenetismo, que son como 20 a 30 denuncias al día. Entonces estamos hablando de aproximadamente 130 mujeres por día que realizan denuncias de violencia”, indicó Élida Favole, encargada de la oficina técnica de género del Ministerio Público en conversación con La Nación/Nación Media.

Explicó que el número de denuncias se ha incrementado exponencialmente desde el 2006, tras la instauración de campañas de comunicación en busca de la prevención de los hechos de violencia contra las mujeres. En aquel entonces solo se reportaron 10 casos al mes de violencia contra la mujer, era en gran parte porque no se realizaban las denuncias y los hechos pasaban por alto en la sociedad.

“Los hechos de violencia son minimizados por la ciudadanía en general y, sin embargo, son hechos complejos y que tienen que ver con la conducta de las personas y deben ser analizados, por lo que, es clave contar con más unidades especializadas para actuar en consecuencia a la envergadura de estas causas, ya que se necesita un protocolo especial de actuación”, remarcó Favole.

Explicó que cuando se da la actuación fiscal, no solo se necesita del trabajo del agente del Ministerio Público sino que también de los psicólogos y médicos forenses que ayuden a determinar la magnitud de la situación y saber con certeza la afectación real de la víctima. No solo se necesitan más unidades fiscales especializadas, sino que también profesionales de blanco que acompañen esta tarea interdisciplinaria.

Remarcó que el hecho de que el sistema se vea saturado por momentos, no implica que se deba de dar un retroceso en el esquema de trabajo, sino que, por el contrario, la estructura debe de adecuarse a las nuevas necesidades, cosa que actualmente no se da más que nada por la falta de presupuestos y no por una falta de voluntad del ente.

“Nosotros siempre recomendamos lo siguiente, si bien hay múltiples canales de denuncias que son opciones que el sistema le brinda a la víctima, siempre se recomienda que si la mujer está en situación de emergencia por violencia, donde está siendo atacada o peligra su integridad, acuda directo a la comisaría. Porque la mayor cobertura de la policía y más rápido podrán auxiliarla antes que llegar hasta una unidad fiscal que de por ahí le queda lejos de donde está”, indicó Elida Favole.

“Estamos hablando de vidas y familias enteras detrás de hechos de violencia y eso es lo primero que hay que entender cuando hablamos de la violencia hacia una mujer”, comentó la ministra de la mujer Cynthia Figueredo, en conversación con La Nación / Nación Media. Se refirió que la cartera a su cargo y los trabajos que han abordado en el marco de la violencia contra la mujer en el país.

Remarcó que uno de los principales puntos sobre los que se encuentran trabajando desde el ministerio es el de la prevención de los hechos, ya que el objetivo es que los actos de violencia contra la mujer sean erradicados y lograr ese cambio solo es posible a partir de un fuerte trabajo a nivel sociocultural.

Figueredo explicó que desde la cartera son conscientes de esto y en lo que va del año ya han logrado llegar a aproximadamente 10.000 personas gracias a talleres organizados a través de las gobernaciones, municipios, escuelas, colegios y otros entornos donde se enfocan en identificar los tipos de violencia y concienciar respecto al relacionamiento respetuoso desde el inicio de las relaciones.

“Pusimos mucho énfasis en el programa noviazgo sin violencia que va dirigido a jóvenes para que de manera temprana ellos puedan darse cuenta de las señales de violencia que se puedan ir dando. También nos dimos cuenta de que como la violencia y los hechos de violencia en esta década aumentaron y es generacional, teníamos que hablar con los adultos a quienes dirigimos charlas más maduras y enfocadas a relaciones de mucho tiempo de manera a poder identificar los signos de violencia”, especificó la ministra de la Mujer.

Destacó que este tipo de espacios son fundamentales para que las personas se den cuenta de cómo se ve o experimenta la violencia, ya que en muchas ocasiones las personas que la sufren no la saben identificar y sin percatarse ya se encuentran en un ciclo de violencia, pero como en la mayoría de los casos los hechos son romanizados.

Respecto al trabajo que realizan desde la cartera de la Muje,r sobre herramientas para agilizar las actuaciones interinstitucionales en casos de violencia contra la mujer, la ministra Cynthia Figueredo comentó que durante este año han preparado un software que trabajará a partir de una página web de acceso ciudadano, donde se podrá no solo realizar las denuncias, sino monitorear el progreso de las mismas.

“Esta va a ser una herramienta para las instituciones públicas que están en la ruta directa de las denuncias ¿por qué?, porque la denuncia va a estar en tiempo real, nosotros como ente rector vamos a poder observar si es que ingresa una denuncia y si luego de seis horas aún no va a la fiscalía, o la denuncia que está en la fiscalía tiene un plazo de investigación, en qué estado está esa investigación e inclusive eso nos dará a nosotros la mirada con datos estadísticos de los casos”, comentó Figueredo.

Con esta herramienta, que pretende ser lanzada a finales de este año, se espera poder contar con mayor control sobre las denuncias y brindar una red de apoyo mucho más amplia y segura para las mujeres que sufren de violencia en nuestro país y toman la decisión de abandonar este estado de violación constante de sus derechos.

Las formas de violencia contra la mujer pueden ser diversas, tanto físicas, sexuales o psicológicas e incluyen este tipo de escenarios:

• Violencia por parte de una pareja (maltrato físico y psicológico, violación conyugal, femicidio).
• Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y cibernético).
• Trata de personas (esclavitud, explotación sexual)
• Mutilación genital.
• Matrimonio infantil.

“A todas las mujeres que están en ese ciclo de violencia, en primer lugar tenderles la mano y que sepan que desde el ministerio de la mujer van a encontrar esa contención, esa ayuda, que esas mujeres que están en esa situación sepan que no están solas y que utilicen los canales correspondientes y por sobre todo que se animen a pedir ayuda, y para la ciudadanía en general tanto hombre como mujeres que no normalicemos la violencia”, ministra de la mujer Cynthia Figueredo.

“Creo que lo más importante es instar a las personas del entorno de la víctima a realizar las denuncias, porque no siempre la víctima se reconoce como tal, y aún más si proviene de un entorno violento, porque ya lo tiene normalizado y el entorno muchas veces si se percata de la situación y es fundamental que esté apoye a la víctima y no emita juicios sobre la misma, sino que le pueda dar contención”, Elida Favole encargada de la oficina técnica de género del Ministerio Público.

• Hoy 25 de noviembre se conmemora a nivel internacional el día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como desde hace 25 años.
• Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida.
• Hasta la fecha se registran 27 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 26 causas abiertas, además de registrarse otras 40 víctimas de tentativas de feminicidio.
• Las formas de violencia contra la mujer pueden ser diversas, como físicas, sexuales o psicológicas.

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Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.

Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.

Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.

“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.

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El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.

La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.

Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.

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