El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observa­torio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últi­mos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que ame­rita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.

Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últi­mas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el fla­gelo continúa siendo una gran preocupación.

El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estran­guló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.

Otra triste realidad es que los casos de abu­sos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es impor­tante prevenir desde el hogar. Los profesio­nales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chi­cos que nadie les puede tocar en las zonas pri­vadas de su cuerpo.

Aunque parezcan mensajes repetitivos y gas­tados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son funda­mentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compro­miso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.

Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministe­rio Público, a través de las oficinas de denun­cias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adqui­riendo con el desarrollo personal.

El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron repor­tadas 1.136 causas en la Fiscalía.

El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presun­tos agresores tiene entre 18 a 29 años, mien­tras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que tam­bién se trata de menores de edad.

Otros datos igual de hirientes que propor­ciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.

Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud men­tal que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.

Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.

La tarea no es fácil, desde luego; se torna com­pleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.

El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recupe­ración de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visi­bles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.

• Ciudad del Este. Agencia Regional

Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.

De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.

Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.

Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.

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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.

La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.

El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

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El titular de la Direc­ción Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los inter­ventores de las municipalida­des de Asunción y Ciudad del Este que informen los proce­sos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.

“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos men­cionen cuáles de los procesos iniciados por las intenden­cias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cance­lados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, ayer miér­coles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudica­ciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intenden­tes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excep­cional que solamente puede salirse de los procesos ordi­narios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.

De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del inten­dente esteño, Miguel Prieto, se caracteriza por el uso exce­sivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.

Este fue uno de los pun­tos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la muni­cipalidad. “Si es que se pro­dujo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.

Ayer, el interventor designado para la Municipalidad de Ciudad del Este ratificaba en conferencia de prensa la repartija de licitaciones de Miguel Prieto a sus operadores y firmas vinculadas a leales.

Los primeros informes recabados, en medio de una resistencia en la provisión de documentos, registran adjudicaciones en 18 días hábiles a su grupo de proveedores favoritos con las que generaron jugosos anticipos, llevándose al bolsillo unos G. 4.100 millones, antes del arribo de los técnicos.

Hasta el último minuto, Miguel Prieto actuó con alevosía en la repartija de contratos a sus operadores y empresas vinculadas a leales en la Municipalidad de Ciudad del Este.

El interventor Ramón Ramírez, designado para el estudio documental de la administración en desastrosas condiciones, minada de denuncias por corrupción, hacía referencia que, en medio de una dilación en el acceso a los papeles, se toparon con datos que les llama poderosamente la atención, principalmente en lo que hace a la adjudicación de licitaciones.

Según Ramírez no puede pasar desapercibido la adjudicación y firma de contratos por más de G. 30.700 millones en el tiempo récord de 18 días hábiles a un grupo reiterado de contratistas. Con esto generaron el pago acelerado en concepto de anticipos por más de G. 4.100 millones poco antes de arribar el equipo interventor.

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Según puede verse en el portal de Contrataciones Públicas, en la lista de privilegiados de Prieto está Fredy Guzmán Martínez con su empresa Servmaq, que es un conocido amigo personal y operador político del intendente del Este.

Coincidentemente, Fredy Guzmán comenzó a ganar contratos en la municipalidad de Ciudad del Este, en tiempos que Prieto se ubicada como intendente. Es así que, en los dos periodos de su amigo Prieto se adjudicó G. 15.857 millones en contratos de alquileres de maquinarias y otros.

Otra proveedora mimada de Prieto es la empresa que reciclaron para convertirla de una disco/pub a una constructora. Se trata de SCDE S.A, originalmente Golden Rouge S.A, un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias.

En la repartija de licitaciones figura Elvio Mareco Barrientos con su empresa MB Constructora, conocido vendedor de frazadas de Ciudad del Este, operador de la campaña política de Miguel Prieto. El amigo frazadero también se estrenó como proveedor en los tiempos que Prieto se ubicaba como intendente y entre el 2022 y 2025 se adjudicó contratos por unos G. 15.000 millones.

El sonado caso de las lomadas “de oro” de Prieto, precisamente involucra al amigo frazadero con un contrato de G. 1.183 millones.

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