La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) informó que alrededor de 3.000 usuarios de diferentes productos comercializados por la misma correspondientes a la zona de Villa Morra quedaron sin servicio a raíz de un accidente ocasionado por una empresa constructora.
“A raíz de un evento ajeno a la compañía, por trabajos de excavaciones con maquinaria pesada realizados por una empresa no vinculada a Copaco SA, se produjo la destrucción de ocho ductos de la red primaria de la central de Villa Morra, ocasionando interrupción en los servicios de Línea Baja, Internet ADLS o IPTV afectando a 3.000 usuarios”, señalaron.
El ente informó a través de un comunicado que los trabajos de reparación para restablecer los servicios ya fueron iniciados.
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“Aproximadamente 3.000 usuarios de línea baja e internet fueron afectados por este corte, en las áreas que corresponden a la calle Pachecho hasta Eusebio Ayala, entre Charles de Gaulle y República Argentina. Al igual que una zona del barrio Los Laureles”, sostuvo Santiago Miranda, jefe de la central de Villa Morra.
Señaló que la asesoría jurídica de Copaco ya está en contacto con la empresa que ocasionó el daño. “Si bien, los trabajos de reparación ya se están ejecutado, también la parte jurídica está activa para lograr un resarcimiento por parte de dicha empresa. Estimamos que el servicio se estaría restableciendo antes del fin de semana”, respondió.
Cabe señalar que no es la primera vez que suceden este tipo de inconvenientes con los servicios que presta Copaco, tanto en Central como en otras ciudades del país. Este tipo de hechos suele tener un costo de G. 20 millones aproximadamente para su reparación.
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Dos viviendas fueron consumidas por el fuego en Zeballos Cue
Dos precarias viviendas ubicadas en el barrio Zeballos Cue de la ciudad de Asunción quedaron reducidas a cenizas tras un incendio registrado en la noche de ayer domingo. Afortunadamente, ninguno de los residentes resultó herido.
El fuego se habría generado luego de que un cortocircuito hiciera explotar una placa de inducción que estaba siendo utilizada por una persona. Aparentemente la conexión sería defectuosa.
Las llamas se extendieron rápidamente por la pared de madera y plástico y en cuestión de segundos ya se habían propagado por la vivienda contigua donde residía una embarazada junto con su pareja.
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“Yo estaba calentando la comida en la placa cuando explota por mí la placa y directo el fuego se extiende por el cable y el techo y de ahí en segundos agarra todo el fuego. No nos dio tiempo de nada, salí de ahí con lo que tenía puesto”, relató en conversación con canal Trece Mina Benítez, una de las afectadas.
La mujer mencionó que en cuanto vio que el fuego estaba por el techo, salió corriendo del lugar alertando a los demás vecinos y ya se percató de que las llamas ya llegaban a la vivienda contigua.
De ninguna de las dos casas precarias se logró salvar nada y las propietarias lamentaron lo ocurrido, en especial la vecina de la segunda vivienda, que está embarazada de 9 meses y habría perdido todas sus pertenencias.
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Comuna esteña no proveyó respaldo para G. 42.000 millones, señala auditor de la CGR
El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.
La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.
Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.
El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.
Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.
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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.
Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.
Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.
Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".
En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.
“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.
Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.
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Bomberos luchan por controlar incendio en un taller mecánico de Asunción
Pasado el mediodía de este domingo, una intensa humareda de color negro se podía observar desde varios puntos de la ciudad de Asunción y Fernando de la Mora. Finalmente, los vecinos del barrio San Pablo alertaron a los bomberos voluntarios sobre un incendio en desarrollo en una propiedad de la zona.
Una vez que los bomberos llegaron al lugar, confirmaron que la propiedad donde se encontraba el incendio era un taller mecánico que está en inmediaciones de la zona conocida como “La villa” en la jurisdicción del barrio capitalino.
Varias compañías de bomberos se encuentran trabajando en este momento para poder mitigar las llamas y asegurar la estructura dañada, ya que se encontraría muy cerca de otras viviendas que se pueden ver afectadas.
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Las autoridades aún no han confirmado las causas del siniestro ni reportaron detalles sobre víctimas, puesto que el único dato con el que se cuenta es que la propiedad pertenecería a un hombre de 58 años.
Así también las autoridades advirtieron a los habitantes de la zona a tomar los recaudos necesarios para evitar la inhalación del humo, ya que podría ser tóxico y generar cuadros de dificultad respiratoria, en especial en niños y personas de la tercera edad.
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Contraloría: CDE y Asunción “se amparan en pretextos formalistas para desviar la atención”
El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, expresó su preocupación por la situación financiera y administrativa de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, y respaldó los pedidos de intervención que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados.
“Ambas municipalidades tratan de ampararse en meros formalismos, que ni siquiera son reales, es falso que la Contraloría no tenga un dictamen, también es falso que no se hizo la actividad de control, son meros pretextos formalistas que tratan de desviar la atención de los aspectos elementales que están plasmados en los informes”, aseveró.
Según Villalba, los informes de auditoría revelan “graves irregularidades” en ambas administraciones municipales. En el caso de Ciudad del Este, citó la existencia de G. 42.000 millones en gastos que no cuentan con documentos de respaldo. “Presentan inconsistencias sumamente preocupantes en la gestión de sus recursos. Hay falencias gravísimas en lo que tiene que ver con las transferencias, y una larga serie de problemas en las cuentas municipales”, afirmó a la 1020 AM.
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Sobre la Municipalidad de Asunción, el director de Auditoría centró su preocupación en el uso de los bonos municipales por un valor de G. 500.000 millones. Indicó que desde la solicitud de intervención han surgido hechos que “sorprenden” por su similitud con lo ocurrido en Ciudad del Este.
“Las defensas de ambas municipalidades muestran cada vez más coincidencias. Ambos gobiernos municipales alegan persecución, cuestionan la legitimidad de la Contraloría y presentan carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, sostuvo el funcionario.
Villalba también mencionó hechos posteriores a los pedidos de intervención que, según él, refuerzan la necesidad de tomar medidas. En Ciudad del Este, recordó que el propio intendente admitió públicamente haber incurrido en nepotismo, lo que calificó como “un hecho inédito” en la historia del país. “Admitir en vivo y en directo la comisión de un delito siendo jefe comunal de la segunda ciudad más importante del país no tiene precedentes”, subrayó.
En cuanto a Asunción, señaló que desde la solicitud de intervención la comuna ha dejado de pagar en tiempo y forma a sus funcionarios, tampoco transfiere aportes a la caja de jubilaciones y solicitó una postergación en el pago de un crédito, lo que derivó en una convocatoria de bonistas para analizar la situación financiera del municipio.