La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.

El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.

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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.

El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.

Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.

El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”

Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, se refirió acerca de la fuga de 8 reclusos de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Para el legislador, es evidente la existencia de complicidad por parte de las autoridades del penal de máxima seguridad, razón por la cual exige un castigo ejemplar.

“Hay que definir las responsabilidades y tiene que haber un castigo ejemplar, esto no puede quedar así. La fuga es complicidad de los funcionarios penitenciarios porque no hay otra forma de que se haya realizado”, sostuvo a los medios de comunicación.

Chase defendió la gestión del titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, quien asumió el cargo tras la renuncia de Ángel Ramón Barchini. El legislador argumentó que el gobierno del presidente Santiago Peña está impulsando una verdadera transformación del sistema penitenciario.

“Se debe ordenar cambios en la administración de ese lugar, además de establecer la complicidad y esto tendrá una consecuencia penal seguramente. El ministro Nicora es el coordinador de toda la administración de justicia en el país, pero está establecido una cadena de responsabilidades. El no puede ser omnipresente, estar presente hasta en el más bajo nivel de administración, pero sí será su responsabilidad tomar las decisiones a tiempo que corrija los errores”, remarcó.

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Chase siguió argumentando que “como nunca se está haciendo una transformación del sistema penitenciario y eso puede verse en las intervenciones que se hacen, a partir del gran operativo Veneratio en la penitenciaría de Tacumbú, situación que no se hizo en otros gobiernos. Está en camino una restructuración penitenciaria, esto tiene su tiempo”.

De acuerdo con los datos proporcionados, cuatro de los fugados pertenecen al Primer Comando Capital, uno al clan Rotela y los tres restantes no responden a ninguna facción criminal. En el transcurso de la madrugada de este jueves, los efectivos policiales lograron la recaptura de uno de los internos de nombre Fredy González Delvalle.

Según información de inteligencia los demás fugados estarían en la misma zona boscosa y se intensifica la búsqueda de Pablo Melgarejo Benítez, alias Chapolé, Wilson Dario Rotela Coronel, Derlis Ramón Giménez Oliveilla, Marcio Quadra Caetano, Anderson Queiros De Freitas, Fernando José Aquino Salinas y Juan Valentín Insfrán Espínola.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó la fuga de reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, las primeras informaciones señalan que se trataría de 8 reos, todos pertenecientes al mismo pabellón. Ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 16:00h. Aseguró que este hecho es un “toque de atención para mejorar”.

Los fugados identificados son Pablo Melgarejo, alias “Chopale”; Derlis Ramón Giménez; Fredy González; Marco Quadra; Fernando Aquino; Anderson Quero (PCC); Juan Insfrán y Wilson Rotela. Estos sujetos guardaban reclusión por hechos de asalto, robo, incluso uno de ellos estuvo involucrado en el asesinato de un policía en el 2022.

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Al respecto, el ministro, quien estuvo invitado en el programa El Péndulo, de Unicanal, hizo la aclaración que la persona de apellido Rotela, no guardaría relación familiar con el clan Rotela de Tacumbú. Mencionó que poco antes de ingresar al programa recibió la noticia por parte del comandante de la Policía Nacional.

“Tampoco, de entre los fugados hay alguno que sea de un perfil importante, hay uno que sería del PCC, es todavía información preliminar La Policía Nacional, ya se encuentra en estos momentos colaborando con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a quien le vamos a dar como siempre todo el apoyo. La idea es recapturarlos, de ser posible lo más rápido; y obviamente investigar después qué pasó y cómo se escaparon”, expresó.

Mencionó además que aparentemente algún vecino vio alguna tela blanca, o sogas, por encima del muro. “Esa cárcel tiene un montón de dispositivos; así que sin acusar a nadie, presumo que pudo haber algún tipo de falla en el sistema o complicidad. Porque la verdad en estos lugares se mueve mucho dinero y muchos intereses”, indicó

Asimismo, señaló que en el sistema penal existe una lucha permanente al cual están enfrentando. Desde que asumió el ministro Rodrigo Nicora, ya enfrentaron 8 intentos de motines, incluido el que se registró en horas de la mañana, y todos ellos fueron sofocados.

“Antes, cada vez que entrabamos a alguna de las prisiones, había una reacción natural. Hoy ya estábamos manejando la situación, así que esto nos da un toque de atención para mejorar”, concluyó. Por su parte, en contacto con NPY, el ministro Rodrigo Nicora confirmó que entre los fugados no se encuentra Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

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