Un grupo de familiares, amigos y vecinos recordó los seis meses del trágico fallecimiento de la joven madre Natalia Godoy, de 29 años, atropellada por la conductora Florencia Romero, de 22 años, que recibió arresto domiciliario el pasado miércoles y en consecuencia abandonó el Buen Pastor. La víctima perdió la vida mientras esperaba el bus para llegar hasta su lugar de trabajo el 4 de octubre último.

La familia pide que Romero vuelva a prisión. Exhibieron carteles con su fotografía en los que la califican de “asesina”, por comprobarse que manejaba su vehículo en estado etílico. Los familiares anuncian que apelarán el arresto domiciliario de la responsable del trágico accidente que dejó huérfano a un pequeño niño y conmocionó a toda la ciudadanía.

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Los manifestantes lamentaron que Romero haya sido beneficiada por la jueza Nancy Duarte con medidas sustitutivas a la prisión. “Florencia, asesina, borracha, drogadicta”, señala un cartel que el grupo dejó en la parada de bus mientras cerraba una calzada de la avenida Mariscal López.

“Reclamamos justicia. Ponemos a conocimiento público que el Miércoles Santo le dieron la prisión domiciliaria a esta criminal y asesina que en este mismo lugar acabó con la vida de mi hija. La Justicia le da esta medida como una premiación prácticamente”, manifestó Lucía Godoy, madre de la joven víctima.

Dijo además que la jueza Nancy Duarte otorgó esta medida sin que la fiscal del caso haya estado presente. Lamentó que se haya recusado al fiscal Adriano Rienzi, quien llevó adelante la investigación. Sin embargo, cuestionó el trabajo de su reemplazante, la fiscal Sandra Fariña, quien no se presentó ni comunicó el motivo de su ausencia en la audiencia del pasado miércoles.

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Por su parte, Carolina Arias, abogada de la familia de la víctima, manifestó que desde un principio hubo trabas en la causa y si bien Florencia fue a la cárcel por seis meses, esto fue gracias a la presión ciudadana. Refirió que la familia de la procesada busca justificarse argumentando que circulaba entre 50 y 59 km/h. Sin embargo, recordó que un perito inicial consideró que iba entre 80 y 100 km/h.

La prisión domiciliaria fue otorgada por la jueza tras la solicitud de revisión de medidas y con la imposición de reglas de conducta bajo el pago de una fianza real, que fue garantizada con un inmueble por un valor estimado en G. 720 millones. Asimismo, se impuso a la procesada la prohibición de salir del país, de consumir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, además de portar cualquier tipo de armas.