La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se ha destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto de 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el periodo de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

Familiares y toda la comunidad de Arroyito, Concepción, claman por justicia e información sobre el paradero del suboficial de Policía, Edelio Morínigo, secuestrado por el grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) el 5 de julio de 2014. Al cumplirse 11 años de aquel hecho, se convierte en el secuestro más prolongado de la historia del país, y a la fecha se desconoce su paradero.

Su madre, doña Obdulia, y su padre, don Apolonio, han envejecido mucho más por el dolor de no tener noticias de su hijo que por los años de vida que cargan. Desde aquella tarde en que su hijo había salido con un grupo de amigos a cazar en el bosque, imploran a los captores que revelen el paradero de sus restos y exigen al Estado una búsqueda formal y comprometida.

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Desde el 5 de julio de 2014, cuando fue capturado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, hasta ahora, la única prueba de vida data de octubre de ese mismo año, en que se divulgó un video donde se lo veía con vida. Posterior a ello, nunca más se tuvo noticia de su paradero. El EPP no exigía dinero por su rescate, sino un canje de prisioneros, una negociación que jamás prosperó.

De acuerdo con medios locales de Concepción, este sábado doña Obdulia Florenciano, como cada año, repite lo que se convirtió en su expresión de lucha: “Mucho ya se jugó con nosotros”.

En este nuevo aniversario, los familiares de Edelio anunciaron que esta tarde se celebrará una misa, en un acto íntimo de memoria y pedido de paz. Señalan que ya no quedan fuerzas para marchas, ni protestas. Solo queda el clamor a los captores.

“Con el pasar del tiempo pienso en cómo la vida se nos está yendo, y no quiero permitir que los restos de mi hijo queden en algún lugar del bosque. Quiero que ustedes, miembros del EPP que están escuchando mi clamor de 11 años de lucha y sacrificio, tengan compasión de mí y nos den información de dónde están los restos de Edelio, eso les pido encarecidamente”, expresó doña Obdulia.

Igualmente, reiteró el pedido especial a las autoridades del Gobierno, que se haga justicia para su hijo, porque no puede quedar en la nada su desaparición. “Hago un pedido a los gobernantes para que haya una búsqueda formal, y tomen como responsabilidad y compromiso con nosotros encontrar a los tres secuestrados”, concluyó.

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Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.