Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.

Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.

La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.

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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.

“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.

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De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.

También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.

Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.

“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.

“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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A 48 kilómetros de Asunción, en el departamento de Cordillera, se encuentra Nueva Colombia, una ciudad rodeada de serranías y naturaleza que en los últimos años ha buscado reforzar su perfil turístico y productivo. El distrito, que conecta con varios municipios históricos de la zona, recibe a cientos de visitantes en la temporada alta y empieza a abrirse paso con proyectos que buscan diversificar su economía.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la intendente de Nueva Colombia, Lida Escobar, destacó que el turismo es uno de los principales motores de la ciudad. En verano, las posadas turísticas generan trabajo a muchas familias. Actualmente, hay cinco establecimientos habilitados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y otros en proceso de formalización. También cuentan con un hotel, que atrae tanto a turistas paraguayos como extranjeros.

Mencionó además que Nueva Colombia forma parte del “Circuito de Cordillerita” y del “Camino de las ciudades franciscanas”, que incluyen iglesias, plazas y sitios históricos en municipios como Emboscada, Altos y Atyrá. Estos recorridos reciben visitantes durante todo el año, entre ellos grupos escolares que llegan para conocer la historia y la cultura local.

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“Gracias a un convenio con la Senatur, trabajamos para potenciar estos circuitos y cada municipio tiene su propio guía turístico”, manifestó Escobar. Respecto a la producción, la explotación de piedras es una de las principales actividades, compartida con localidades vecinas.

Otro rubro en crecimiento es la minería de bitcoin, que genera empleo aunque todavía carece de una regulación nacional que permita aprovechar mejor sus beneficios para el municipio (regalías). La jefa comunal señaló que la presencia de residentes extranjeros, especialmente alemanes, genera empleo en servicios como jardinería y mantenimiento.

La artesanía tiene un espacio especial en la ciudad, con mujeres que elaboran sombreros, aunque todavía venden la producción sin la terminación final, lo que hace que se comercialice como si fuera de otros distritos. “Estamos gestionando apoyo para capacitarlas y comprar la maquinaria que necesitan para cerrar el proceso y obtener un mejor precio”, añadió.

Uno de los elementos que diferencia a Nueva Colombia es su participación en la Mancomunidad de Cordillerita, integrada por seis municipios: Nueva Colombia, Emboscada, Loma Grande, Altos, Atyrá y Tobatí. Se trata de una figura poco común en Paraguay, que nació con apoyo de la cooperación española para trabajar de manera conjunta en áreas clave.

“Conseguimos un rodillo compactador y pronto tendremos un camión volquete, lo que nos permitirá contar con un parque de maquinarias propio para el mantenimiento de caminos”, detalló Escobar.

Aseguró que uno de los desafíos más urgentes es mejorar la infraestructura eléctrica y vial. Sostuvo que en varias compañías el tendido eléctrico tiene más de dos décadas sin renovación, lo que provoca cortes frecuentes y limita el uso de equipos como aires acondicionados en instituciones públicas.

La vida comunitaria también se dinamiza con ferias y celebraciones tradicionales, como la fiesta patronal y la fiesta fundacional, que reúnen a productores, artesanos y comerciantes. Estas actividades, organizadas junto a la cooperativa Triple Beneficio, sirven como plataforma para las microempresas y emprendedoras locales.

Con su riqueza natural, su cultura y un modelo de cooperación intermunicipal que busca ser autosuficiente, Nueva Colombia intenta trazar un camino de crecimiento. “Nuestro desafío es seguir mejorando la infraestructura y atrayendo inversiones, pero sobre todo, dar más oportunidades a nuestra gente”, finalizó la intendente.

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Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este apartado del cargo, renovó una serie de contratos de funcionarios que prestaban servicios en la comuna esteña y cuyos contratos fenecían el 30 de junio. Lo llamativo del caso es que dichos contratos figuran como que fueron renovados el 1 de julio de este año, fecha en que Prieto ya no ejercía funciones como intendente, por tanto, dichos documentos no tienen validez.

Esta situación está ahora generando un serio problema en la administración de la comuna esteña, ya que estos funcionarios están exigiendo el pago de sus salarios por el mes de julio muchos de los cuales no están pudiendo acceder, porque la renovación del contrato debería haber firmado el interventor Ramón Ramírez, puesto que es el actual responsable de la administración del municipio.

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Para comprender la situación, La Nación/Nación Media conversó con el interventor Ramírez, quien explicó que los contratos firmados con fecha 1 de julio por el señor Prieto, quien ya había dejado la administración, carecen de validez.

“Sí, justamente hoy tuve una manifestación de funcionarios, entre ellos aquellos que dicen que no cobraban sus salarios y cuyos contratos fueron renovados por este señor que ya no estaba en funciones en fecha 1 de julio y me entregaron como prueba esos contratos firmados por Prieto“, comentó.

Señaló que aparentemente estos contratos fueron firmados por Prieto, antes de dejar el cargo el pasado 20 de junio, fecha que inició la intervención municipal; el problema es que lo hizo con fecha 1 de julio, pero aun así los documentos no son válidos, ya que aún no fenecía en esa fecha el contrato anterior.

No obstante, señaló que ya ordenó reimprimir aquellos contratos de los funcionarios que sí cumplieron funciones en la municipalidad durante este tiempo.

“Lo que hizo Prieto fue firmar un nuevo contrato desde el 1 de julio y obviamente es inválido, él no estaba en funciones. Ahora, no puedo pagar sueldos de contratos que no están vigentes. Están volviendo a imprimir los contratos, de a poco me están pasando, y estoy volviendo a firmar, pero solo de aquellos que están confirmados que han cumplido funciones”, precisó.

Esta redacción tuvo acceso a uno de los contratos firmados por Prieto, que guarda relación con su asesor, Daniel Pereira Mujica, cuyo contrato feneció el pasado 30 de junio; y que fue recontratado de manera irregular por el intendente Prieto en fecha 1 de julio. Esto no tiene validez, ya que a esa fecha debía ser firmado por el interventor, Ramón Ramírez, quien estaba en funciones.

Al respecto, el interventor señaló que esos contratos son inválidos, por tanto, no puede pagar salarios con base a esos contratos. No obstante, aclaró que en este caso particular del asesor Pereira Mujica, así como varios otros asesores que están en la misma situación, adelantó que sus contratos no serán adelantados.

“Ese contrato en particular (Pereira Mujica) no voy a renovar, así como a muchos otros asesores que no tengo pruebas de que hayan cumplido con funciones específicas en la municipalidad en este tiempo. Esa es una de las razones, por las que ellos querían sostener que el contrato firmado por Prieto era válido. Pero no les voy a renovar, porque no cumplieron con funciones en este tiempo. Pereira Mujica se ha dedicado a hacer campaña política en este tiempo”, precisó.

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