El momento que viven los médicos que están en primera línea, en las terapias intensivas de los hospitales es muy complejo. Vienen atravesando situaciones muy difíciles ya que no dan abasto. La directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), Dra. Yolanda González, sostuvo en contacto con GEN que ayer fue un día denso.
“No podíamos ubicar todos los pacientes, teníamos emergencias dentro del mismo hospital en el sentido de que en el modular también se complican. La ciudadanía tiene que entender que tenemos 84 camas de UTI, 16 de intermedia, 100 de internación y dentro de estos últimos también hay pedidos de UTI y tenemos amparos que nos obligan de repente a que le desconectemos a alguien y eso no podemos hacerlo”, indicó con respecto a un amparo que llegó a las 21:00 a su nombre.
Mencionó que los casos de ingreso se dan si hay disponibilidad. “La realidad de un juez desde su oficina de decir intérnese y oblíguese, pero para nosotros eso no es así de sencillo porque eso significa sacar a un paciente o que ellos asuman. Es una realidad muy diferente la que ellos están viendo y creen que con una orden nomás se puede. Hasta los privados están llenos, estamos saturados”, remarcó. González sostuvo que ante la situación complicada, se termina esperando a que alguien fallezca y que ayer incluso hubo pelea por la misma cama por dos pacientes.
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“A las 12:30 ubicamos todo y un ingreso directo también de un joven de 34 años que venía muy mal. Tenés que ver de cambiar pacientes, ver quién puede salir de la terapia y sostenerlo en la hospitalización. Es tan agresiva esta enfermedad en estos momentos que solo un traslado de San Lorenzo o Luque a Itauguá ya llega el paciente descompensado”, señaló.
La director del centro asistencial dijo que no hay más intensivistas por más de que se aumenten camas. “Y no van a haber más. Ayer en un lugar del interior no tenían un médico clínico que le intube al paciente”, contó.
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Jueces realizan jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de Villarrica
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.
“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.
Participantes
Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:
- Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
- Marcela Mallorquín (2.º Turno)
- Dionicia Alfonso (3.er Turno)
- Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
- Marcelo Ramírez (5.º Turno)
- Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
- Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).
También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:
- Rosa Bernal
- Abel Téllez
- Cristian Fernández
- Edgar Vázquez
Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.
La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.
La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.
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La OMS mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del covid
¿Fuga en un laboratorio o transmisión animal? Después de tres años y medio de investigaciones, el origen del covid sigue siendo un misterio según la OMS, que lamenta la falta de información proporcionada por China.
La pandemia de covid-19 provocó millones de muertos -20 millones según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y estratos en la economía mundial.
Los primeros casos conocidos de la enfermedad surgieron a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, donde está ubicado un instituto de virología conocido por sus investigaciones sobre los coronavirus.
Para muchos expertos entender el origen del covid es fundamental para aplicar contramedidas eficaces en el futuro y evitar nuevas pandemias.
“Todas las hipótesis deben permanecer sobre la mesa, incluida la propagación zoonótica y la fuga en un laboratorio”, declaró el director de la OMS el viernes tras la presentación de las conclusiones de un informe de expertos encargados de examinar el origen del covid.
Tedros Adhanom Ghebreyesus añadió que China les “envió información, pero no toda la solicitada”.
La larga investigación realizada a cabo por el Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO) no permite esclarecer su origen.
“Nada se concluye con certeza absoluta”, reconoció María Van Kerkhove, epidemióloga estadounidense que dirige el departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS.
La pregunta de si el covid-19 se escapó accidentalmente de un laboratorio o si se propagó de un animal al ser humano sigue sin respuesta.
Una gran parte de la comunidad científica se inclina por la hipótesis de una transmisión al ser humano a través de un animal intermedio, probablemente infectado por un murciélago.
Fuga en un laboratorio
Pero la hipótesis de la fuga en un laboratorio, que en un momento fue tachada de teoría conspirativa, ganó popularidad recientemente en Estados Unidos. Agencias como el FBI o el Departamento de Energía la apoyan ahora con distintos niveles de certeza.
Incluso la Casa Blanca publicó en abril una versión revisada de su información disponible en su sitio de internet sobre el covid-19 que promueve esta teoría como el “verdadero origen” del virus.
La principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, también estimó en enero “con un bajo grado de confianza, que un origen de la pandemia de covid-19 relacionado con investigaciones es más probable que un origen natural”.
China califica esta hipótesis de “extremadamente improbable”.
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En 2021 una misión de expertos designada por la OMS y enviada a China durante un mes pareció descartar la hipótesis de que el virus se hubiera escapado del instituto de virología de Wuhan.
Pero esa misión solo pudo entrar a China más de un año después del inicio de la epidemia, ya que Pekín se mostró muy reacio a permitir su llegada.
Sus conclusiones fueron recibidas con precaución e incluso escepticismo, especialmente en Estados Unidos.
La OMS solicitó a China “el acceso a cientos de secuencias genéticas de personas infectadas con covid-19 al inicio de la pandemia, información más detallada sobre los animales vendidos en los mercados de Wuhan, así como datos sobre los trabajos realizados y las condiciones de bioseguridad en los laboratorios de Wuhan”.
Pero “hasta la fecha, China no compartió esta información ni con SAGO ni con la OMS”, afirma la organización en un comunicado.
Dado que gran parte de la información necesaria para evaluar la hipótesis de una fuga en un laboratorio no fue transmitida a los expertos, “esta hipótesis no pudo ser ni estudiada ni descartada”, explicó la presidenta de SAGO, Marietjie Venter, ante los periodistas.
Los expertos también solicitaron información sobre este asunto a otros países, “incluidos Alemania y Estados Unidos”, pero tampoco obtuvieron respuesta, subrayó.
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Investigarán el patrimonio de jueces y fiscales que liberen a criminales en Ecuador
- Quito, Ecuador. AFP.
Ecuador investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas, informó el gobierno de Daniel Noboa, cuya bandera es la mano dura contra el delito. El país sufre una sangrienta guerra entre narcos y mafias internacionales. Ecuador cerró 2024 con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.
“En innumerables ocasiones, la Policía Nacional ha tenido que capturar hasta diez veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó“, señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. La entidad agregó que “desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud del origen de los fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad” a asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.
Recientemente se conoció que un grupo de presuntos secuestradores fue liberado por orden de un juez después de raptar a cuatro comerciantes, entre ellos una ciudadana china, en el puerto de Guayaquil. Las víctimas aparecieron muertas días más tarde encadenadas y dentro de un pozo.
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“Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en un video difundido en X. Entre enero y abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios.
A inicios de junio, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley para combatir las bandas criminales. Una de las medidas es extender el tiempo máximo de prisión preventiva para así evitar que los acusados queden libres durante el proceso. La norma también contempla otorgar un indulto presidencial a miembros de la fuerza pública condenados por hechos ocurridos en combate.
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México: elección de jueces abre una etapa de incertidumbre
- México, México. AFP.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.
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Legal pero no legítima
Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.
Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.
Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
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Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.