Fiscalía realizó nueva inspección con quimioluminiscencia que se activó en algunos muebles, prendas y objetos de la vivienda que la joven compartía con su expareja.
En la noche de este lunes, a pedido de la fiscala Daysi Sánchez, se realizó un procedimiento en el marco de la investigación de la desaparición de la joven Dahiana Espinoza. Indicaron que dicha constitución fue encabezada por el fiscal Joel Cazal con profesionales de la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público, quienes realizaron un nuevo análisis técnico.
Mencionaron que se concretó el trabajo de llevar a cabo la inspección con quimioluminiscencia con reactivo Bluestar, estudio que ya fue realizado en la casa que alquilaba la joven con su pareja Joel Guzmán.
En esta ocasión, la labor fue realizada con muebles, objetos personales de la joven y prendas de su pareja, que fueron traídos de la vivienda en común. La constitución fue realizada en el domicilio de Juan Espinoza, padre de la joven Dahiana, donde fueron inspeccionados los objetos personales, muebles y prendas del hombre, que se encontraban en el alquiler donde residía la joven desaparecida con su pareja Joel Guzmán Amarilla.
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Se procedió al levantamiento de las muestras que se activaron al químico. El procedimiento se realizó con el acompañamiento de los agentes del Departamento de Criminalística y Homicidios de la Policía Nacional. Hay que recordar que Dahiana Espinoza desapareció de su vivienda el 18 de setiembre del 2020, en donde vivía con Guzmán Amarilla, quien hasta el momento es sospechoso de la desaparición de la joven.
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CDE: argentina denunció estafa en comercio y tras intervención llegó a un acuerdo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una ciudadana argentina denunció ante la Policía Turística supuesto hecho de estafa en un comercio de Ciudad del Este, donde adquirió cuatro cubiertas. El monto de la presunta estafa fue de 1.039 dólares. Tras la intervención policial y del Ministerio Público hubo acuerdo y el comerciante entregó productos varios para saldar el monto que faltó.
Es lo que reportó el Departamento de Seguridad Turística de la Policía Nacional (Desetur). Fue víctima María Florencia Lascuebas (44), de nacionalidad argentina, residente en San Francisco, provincia de Córdoba. El local denunciado es “Babir Cubiertas”, ubicado sobre la calle Camilo Recalde, del microcentro comercial.
El hecho ocurrió el sábado 25 de enero a las 14:15, y la denuncia fue realizada ayer. De acuerdo al relato de la turista cordobesa, fue perjudicada por el valor de 1.039 dólares, al realizar la compra de cuatro cubiertas que no fueron de la marca acordada.
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El caso fue comunicado a la Unidad Fiscal N.º 6 y se dispuso la intervención policial en el sitio, a cargo del comisario Edgar Sugasti, jefe de la Desetur. Badir Haussam (36), libanés, se presentó como responsable y tras dialogar con la turista, se llegó a un acuerdo de devolución del monto reclamado, pero en otros artículos.
Así, María Florencia Lascuebas aceptó un aparato celular de la marca Xiaomi, modelo Redmi A3x y una tablet Huawei, modelo Matepadt. El acuerdo fue comunicado al asistente fiscal Omar Vallejos, quien autorizó dicha entrega y dispuso que la denunciante comparezca ante la unidad fiscal hoy martes a las 7:00 para la ratificación de su denuncia.
La argentina no se presentó a ratificar la denuncia porque ya habría viajado a Córdoba, según el comisario Sugasti, quien refirió que la ciudadana ya había indicado que a las 9:00 de hoy debía regresar a su casa. El jefe de la Desetur o Policía Turística señaló que, si bien se llegó a un acuerdo, a la Fiscalía le corresponde continuar con el proceso.
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Desbaratan red de fraude informático en el penal de San Pedro e imputan a seis personas
Desde el Ministerio Público informaron hoy que la agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó acusación contra seis personas que lideraban un esquema masivo de fraude informático desde la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandyyú. Los acusados, quienes operaban desde el interior del penal, están sindicados de acceder ilegalmente a billeteras electrónicas, generando un perjuicio de G. 1.500 millones.
Los intervinientes revelaron detalles del esquema que utilizaban los implicados, quienes estaban liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho. Según los datos recabados, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.
Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.
Tarea técnica de la Fiscalía
La investigación realizada por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos incluyó una serie de labores técnicas especializadas que fueron clave para desarticular esta red criminal. Entre estas acciones se destacan:
- El análisis forense de los 107 dispositivos móviles incautados, que permitió recuperar registros telefónicos, mensajes, historiales de navegación y transacciones vinculadas a las billeteras electrónicas afectadas.
- Se realizó un rastreo exhaustivo de los códigos IMEI y la geolocalización de los dispositivos, lo que permitió ubicarlos en celdas específicas de la penitenciaría.
- Se analizaron documentos de identidad digitalizados que habían sido manipulados, logrando identificar las alteraciones en imágenes y datos personales utilizados para validar accesos no autorizados mediante el sistema biométrico de “FaceTec”.
- El equipo técnico auditó en tiempo real, las transacciones en curso, logrando prevenir nuevas afectaciones y fortaleciendo las medidas de seguridad en la plataforma. Los informes proporcionados por la empresa Telecel S.A.E. también fueron determinantes, al permitir trazar las operaciones fraudulentas y confirmar patrones irregulares.
Importancia de los resultados
Desde la cartera investigativa, explicaron la relevancia de este caso, puesto que se resalta el impacto de los delitos cibernéticos en el ámbito financiero y subraya la importancia de la labor especializada de la Fiscalía en el análisis técnico y la persecución de los responsables.
Según la fiscal Ruth Karina Benítez, la detección y desarticulación de esta red criminal evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los controles en plataformas digitales y garantizar la seguridad de los usuarios.
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Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.
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Supuesta desaparición de gemelos: familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, afirma fiscal
Esta semana, una mujer denunció la supuesta desaparición de un par de gemelos recién nacidos, pero desde varios hospitales no tienen registro sobre controles prenatales o que hayan recibido en la sala de parto a la supuesta madre. Desde el Ministerio Público investigan el caso y confirmaron que la familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, pero buscan esclarecer el hecho.
La mujer fue identificada como Andrea Giménez, de 22 años, que llegó hasta el Hospital de Clínicas el pasado 20 de enero, y aseguraba que estaba embarazada. Allí constataron que no estaba en gestación, pero que sí presentaba un sangrado. La paciente no contaba con una carpeta de controles prenatales y solo presentó el resultado de una ecografía.
“Todos los familiares tienen el mismo lineamiento de que la mujer asistió al Hospital de Itauguá en fecha 16 de diciembre del 2024, así como también del 6 al 14 de enero, donde había quedado supuestamente internada. Volvió a asistir el día 20 de enero y habría sido derivada al Hospital de Acosta Ñu, luego a Clínicas”, detalló el fiscal Gerardo Chamorro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que ayer recibió la denuncia del hermano de la víctima y hoy tomó declaración al padre, madre y tía de la mujer. “Según el testimonio de ellos, hubo una confusión de lo que pasó en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) entre el 9 y 10 de enero, en donde ella subió y fue intervenida y estuvo ahí por más de 15 horas. Fue desde ahí que tuvo dolor de vientre”, expresó.
Aseguró que supuestamente en la mañana del lunes 20, la paciente fue hasta el centro asistencial de Itauguá y que a la media mañana fue hasta el Hospital de Acosta Ñu y de ahí fue llevada hasta el Hospital de Clínicas. “En este último le hacen unos estudios y le dicen que no hay ningún bebé en el vientre. Los familiares refieren que ellos no saben si los bebés fueron robados, o sea que, no tienen idea de lo que ocurrió con los bebés”, aclaró.
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Obtienen documentos
Chamorro apuntó que tras la denuncia, desde el Ministerio Público recorrieron todos los hospitales citados por los declarantes para poder constatar qué fue lo que sucedió y lograron obtener registro de asistencia del Hospital de Caacupé, de HNI y también del Acosta Ñu. “Estos documentos serán analizados para poder esclarecer qué fue lo que realmente pasó”, relató.
Señaló que actualmente el caso está caratulado como innominado ya que la familia no acusó a ningún profesional que haya atendido a la mujer. “No tenemos personas a quien atribuir el supuesto hecho que también está a determinar. Los familiares refieren que ellos no saben qué pasó con los bebés y es lo que estamos abocados a esclarecer”, puntualizó.
No presentaron ecografía
Con relación al caso de la ecografía que aparentemente fue descargada de internet, el fiscal afirmó que la familia no presentó ninguna documentación que avale que la mujer haya estado embarazada, lo que sí presentaron fueron dos videos cortos de la supuesta panza de la embarazada, pero no tiene rostro.
“Ayer jueves le requerí al denunciante (hermano de la víctima) las documentaciones y para el día de hoy viernes no pudo arrimar. Lo que sí presentaron fueron dos videos cortos del vientre, pero no muestra el rostro de la persona. Referente a la ecografía, ya pude advertir esa circunstancia, pero a mí no me presentaron esa ecografía para poder analizar e investigar”, apuntó.
Hasta el momento, la víctima no pudo declarar ante la Fiscalía porque sigue hospitalizada y ninguna de las personas que declararon pudo confirmar sobre las semanas de gestación. “Los familiares no pudieron puntualizar las semanas de gestación, hablan que estaba en los meses de tener, pero no tienen una certeza cierta. La pareja de la mujer fue llamado a declarar, pero no compareció”, acotó.
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Fiscalía imputa a tres policías por coacción grave
La fiscal Fátima Girala imputó a tres agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones por presunta coacción grave. Los oficiales investigados son el oficial primero Juan David Ginés Rodas, el suboficial inspector Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano.
La agente fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, como la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas ante el juez y la prohibición de comunicarse con las víctimas.
El incidente tuvo lugar el viernes 10 de enero de 2025, alrededor de las 19:00, en las calles 23 Proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Asunción. Los agentes interceptaron un automóvil en el que viajaba David Jacobo Platón, quien iba acompañado de Adriana Isabel Cáceres y de dos menores de edad. El hombre se encontraba dirigiéndose a su hogar.
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Según la denuncia, los policías utilizaron tácticas agresivas, como golpes y amenazas para intentar detener el vehículo. Incluso, uno de los agentes habría desenfundado su arma de fuego luego de que el padre de la víctima saliera de la casa.
Según se observa en las cámaras, fue el agente Benítez Galeano el cual sacó el arma y gracias a declaraciones de testigos se sabe que en medio del acto trató de convencer a sus compañeros de solicitar la suma de 20 millones de guaraníes. La situación se intensificó hasta que los familiares de las víctimas intervinieron y amenazaron con llamar al 911, lo que provocó que los agentes abandonaran el lugar.
Esta imputación está sustentada en base a el acta de denuncia n.º 75/25 de la Comisaría 4.ª de Asunción, declaraciones testimoniales de víctimas y testigos, grabaciones de cámaras de circuito cerrado y documentos remitidos por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Asuntos Internos.
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