En víspera del Día Internacional de la Enfermería, la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) se movilizará, así lo anunció la titular del gremio, Mirna Gallardo. “El 11 de mayo nos movilizamos frente al Ministerio de Salud, es lo que decidimos y será replicado a nivel país”, aseguró en contacto con la 800 AM.
Gallardo mencionó que, este fin de semana pasdo, falleció nuevamente una colega, muy joven, de solo 32 años, y suman 59 enfermeras que perdieron la vida en esta pandemia. Sostuvo que van a salir a la calle a pedir lo que les corresponde, lo que han solicitado y de lo que no han recibido respuestas.
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“No pueden seguir falleciendo más colegas. Se tienen que tomar medidas, se lo cambia a un director, pero en semanas aparece como autoridad de otro hospital”, agregó.
Así también, Gallardo había expresado que lamentan la situación que les toca vivir y que el proceso de inmunización se haya iniciado tan tarde y a la fecha todavía no estén con el 100% del personal de enfermería y otros funcionarios de blanco. Puntualizó que no solo de enfermería, sino todos los trabajadores de blanco que están dando respuesta a esta pandemia no estén inmunizados.
Lo que piden al Ministerio de Salud es la inmunización garantizada para todos; además, piden más contratos para enfermería para fortalecer los servicios porque día a día crece el número de pacientes internados. También exigen medicamentos para los usuarios y el personal de enfermería en los servicios.
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Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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Víctimas de la mafia de los pagarés convocan a una gran movilización
Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” preparan una gran movilización para el 22 de setiembre en Asunción. Los manifestantes llegarán hasta la sede del poder Judicial para reclamar celeridad de los expedientes, y a la vez, plantearán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Gabriela Sanabria, coordinadora del grupo, hay 17.000 afectados de este esquema delincuencial de los pagarés en todo el país. Con esta nueva manifestación buscan frenar los descuentos ilegales que persisten.
“El lunes 22, a partir de las 7:00, ya queremos movilizarnos frente al Palacio de Justicia. Tenemos entendido que ahí se va a hacer la reunión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y esto es una falta a los derechos humanos de los trabajadores a quienes les tocan el sueldo sin medidas”, señaló a la 650 AM.
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Afirmó que decidieron apelar nuevamente a salir a las calles en un intento, una vez más, de que sean escuchados por los miembros de la máxima instancia judicial, considerando el fuerte impacto en las finanzas de las familias afectadas.
“Si hablamos en papeles, de acuerdo a los resultados cotejados en la Cámara de Senadores, hay aproximadamente 17.000 afectados en todo el país. Entre nosotros tenemos un pequeño grupo con algunos de los cuales ya hemos logrado algunas cosas, pero cada día hay nuevas sorpresas”, expresó.
La Coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés” dio a conocer un comunicado con el cronograma de eventos para el 22 de setiembre. A las 7:0O habrá una concentración frente a la Corte Suprema de Justicia para visibilizar la problemática.
A las 9:30 se hará una marcha hasta la sede del Juzgado de Paz de La Encarnación para dialogar con los jueces y exigir la aplicación de la Acordada 1800, emanada de la Corte que establece el protocolo de actuación en estos juicios.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Maduro ratifica movilización de 25.000 militares en fronteras de Venezuela
Nicolás Maduro ratificó la movilización de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas cercanas a Venezuela.
Fuentes del gobierno de Donald Trump dicen que no se descartan ataques en territorio venezolano contra instalaciones atribuidas a carteles de la droga. La semana pasada la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela.
“Ordené el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, afirmó el presidente Maduro en un mensaje en redes sociales el domingo por la noche en sintonía con declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
La movilización refuerza operaciones de las “Unidades de Reacción Rápida (URRAS)” en la “Zona Binacional de Paz”, como Maduro llama a la frontera con Colombia en los estados de Táchira y Zulia.
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Explicó que también se refuerza la vigilancia en la fachada caribeña, incluyendo costas de la Guajira y en el estado Falcón, donde están las refinerías de petróleo más importantes del país.
Amplía además su presencia en la fachada oriental Caribeña-Atlántica, en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, este último fronterizo con Guyana.
“Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la Soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz. ¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!”, dijo Maduro.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos que supongan una amenaza para el despliegue naval de Estados Unidos en la zona, que según su versión oficial está dirigida a combatir el narcotráfico.
La Fuerza Armada de Venezuela cuenta con 123.000 efectivos, según fuentes militares. A ellos se suman 220.000 milicianos que según Maduro ya han sido llamados a filas y serán movilizados en los próximos días.
Padrino López, junto al “Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada”, anunció el domingo “un refuerzo especial” al despliegue existente en algunas regiones del país. Habló de 10.000 militares, a los que suman 15.000, “con medios navales, fluviales y drones”.
El desplazamiento de militares y equipos incluye la Sierra de Perijá, donde según autoridades de Colombia operan grupos de narcotraficantes y guerrilleros colombianos.
Padrino dijo que también refuerzan la vigilancia en rutas del narcotráfico en el norte de la Guajira y en Falcón.
“Nadie va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros”, advirtió Padrino sobre las operaciones de patrullaje en el espacio terrestre, aéreo y naval.
- Fuente: AFP
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