Un tribunal argentino intimó a Cristina Kirchner y otros ocho condenados por corrupción a pagar en conjunto una suma equivalente a 535 millones de dólares, según un fallo publicado por la prensa local. La expresidenta Kirchner (2007-2015) fue condenada en junio a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliara.

Tras un análisis hecho por peritos oficiales del “daño producido al erario público”, el tribunal determinó este martes que Kirchner y los demás condenados paguen entre todos la suma de 684.990 millones de pesos argentinos (unos 535 millones de dólares al cambio oficial). El fallo no especifica cuánto debe pagar cada uno.

La suma “deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez días hábiles”, señala el fallo, plazo que se extiende hasta el 13 de agosto debido al receso del poder judicial. Caso contrario, la justicia incautará dinero y rematará propiedades embargadas a los condenados, según el documento.

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En su última declaración ante la Oficina Anticorrupción en 2023, Cristina Kirchner declaró un patrimonio de casi 250 millones de pesos (hoy equivalentes a unos 195.000 dólares). Según informes de la prensa local, también poseía varias propiedades inmobiliarias, que cedió a sus dos hijos hace unos años. La defensa de Kirchner aún no informó si recurrirá la medida.

Además de la expresidenta, fueron condenados en la causa el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, todos con penas de entre tres años y medio y seis años de prisión.

Fuente: AFP.

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Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.

El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.

La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.

La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.

Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.

“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.

Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.

Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.

Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.

El concejal Ernesto Guerín manifestó su respaldo a la intervención de la gestión del intendente Miguel Prieto y sostuvo que el proceso debe servir para esclarecer múltiples irregularidades que, según dijo, afectan seriamente a la administración municipal.

“Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa que el intendente es un corrupto, que su equipo es un corrupto. Son más de lo mismo, a pesar de que vendieron que iban a ser el cambio”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.

El edil señaló que el interventor Ramón Ramírez se encuentra realizando un trabajo minucioso, pero enfrenta serias dificultades debido a la falta de documentación clave. “El intendente hizo desaparecer documentación, no tiene acceso a muchos documentos y eso obliga a rebuscar información de otras formas. Es bastante arriesgado lo que hizo Miguel Prieto”, denunció.

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Guerín recordó que ya comenzaron a revelarse hechos preocupantes, como adjudicaciones por más de G. 30.000 millones poco antes de que el intendente sea suspendido en sus funciones. Aseguró además que aún no se abordaron otros puntos críticos, como el uso de comisiones vecinales, amaños en licitaciones, sobrecostos, nepotismo, pago de viáticos a concejales, entre otros.

El concejal también indicó que el Ministerio Público finalmente tendrá que intervenir. “Creo que habrá denuncias penales por todo lo que se está encontrando. Todos los días hay denuncias en la municipalidad”, señaló. Mencionó además que la denuncia sobre el caso “Navidad Sustentable”, presentada por él, fue una de las bases para solicitar la intervención, pero que ese tema aún no fue tratado por el equipo interventor.

En cuanto a los argumentos que utiliza Prieto para defender su gestión en torno a las obras adjudicadas, Guerín respondió: “Claro que existen, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es cuánto costaron esas obras, cuánto se sobrefacturó, y por qué siempre ganan las mismas empresas amigas que hacen trabajos de pésima calidad”.

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El edil también mencionó que Prieto y su entorno confiaban en evitar cualquier proceso de control gracias a su mayoría en la Junta Municipal. “Ellos nunca esperaron la intervención porque tenían una mayoría aplastante. Ellos no veían venir esto, por eso intentaron boicotearlo hasta el final”, concluyó.

El senador Eduardo Nakayama cuestionó la percepción de impunidad que se genera a partir de las leves penas que se otorga por casos de corrupción. Ante este escenario, planteó la necesidad de modificar el marco legal para elevar las penas mínimas por hechos de corrupción, a fin de evitar que condenados por este tipo de delitos recuperen rápidamente su libertad.

“Necesitamos hacer elevar la expectativa de penas para hechos de corrupción”, afirmó y adelantó que desde el Congreso se buscará analizar una posible modificación del texto vigente del Código Penal con el fin de adecuar el sistema judicial a la realidad del país y al tipo de delitos que se registran, especialmente en materia de corrupción que se da en el sector público.

El legislador consideró insuficiente que la expectativa mínima de pena para estos hechos sea de apenas un año. “En seis meses estas personas están libres nuevamente y eso no puede ser. Prácticamente es una vía libre para delinquir, ese es el mensaje que damos: ‘vengan a robar, hagan lo que quieran y luego de seis meses ya van a estar libres’. Eso no le pasa a un ladrón común, el ladrón de gallinas está preso”, aseveró.

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A esto añadió, “el ciudadano dice que la justicia no funciona y que está a medida de los corruptos”, lamentó al referirse a la falta de consecuencias reales para personas condenadas por el desvío de millonarios fondos públicos. Según señaló, muchos de ellos hoy gozan de libertad ambulatoria, lo que transmite un mensaje erróneo a la ciudadanía.

“Así como estamos hablando de crear juzgados especiales para atender la violencia contra la mujer, también debemos tener una conversación profunda sobre la corrupción, porque en Paraguay es galopante”, concluyó el senador.

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