Este miércoles, el fiscal Luis Albertini formuló imputación contra los cuatro funcionarios que estuvieron a cargo del corralón municipal de la ciudad de Encarnación, cuando fue carneado un automóvil. La denuncia fue realizada luego de que la propietaria sufriera un accidente y se dispusiera que el auto sea llevado al sitio.

Según la denuncia realizada por Adriana Meza, el pasado 5 de junio sufrió un accidente vial y su vehículo quedó demorado en el corralón municipal, semanas después fue con la intención de retirarlo, pero se encontró con la sorpresa de que había sido carneado. Se llevaron incluso el motor del auto.

Ante esta terrible denuncia que se hizo pública el pasado 4 de octubre, desde el Ministerio Público decidieron tomar acciones contra los funcionarios que estaban a cargo del corralón y que debían velar por el bien de la ciudadana. Meza reportó que al momento de dejar su vehículo le pidieron que entregue las llaves y que eso habría sido aprovechado para saquearlo.

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Fueron imputados por el hecho punible de quebrantamiento del depósito a César Christian Danilo Rienzi Fernández, Miguel Sanabria, Elvio Benítez y Gustavo Valdez. No se trata de la primera denuncia contra un hecho de que en el sitio se saquean los rodados.

“Existen manifestaciones de terceros y que habían realizado denuncias similares. En ese sentido tenemos en tipo penal de quebrantamiento de depósito, teniendo en cuenta que la persona encargada del inmueble y la custodia oficial recae en Christian Rienzi”, detalló el fiscal, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que el corralón tiene guardias y que es de difícil acceso para los delincuentes. “Se trata de una zona bastante aislada, pese a que tiene vecinos. Además, se tiene guardias en varios turnos y estamos hablando de que se llevaron un motor y una caja que para sacar sería muy difícil”, aseguró.

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El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, participó del lanzamiento del sistema de marcación intermedia y actualización del reglamento interno de la Justicia Electoral, oportunidad en la que destacó la implementación de esta innovación a funcionarios de los registros electorales. El mismo tuvo lugar en la Gobernación del departamento de Cordillera.

De acuerdo al informe del organismo electoral, el ministro Bestard manifestó que el objetivo de la institución es estar en permanente actualización y sobre todo fortalecer el sentido de pertenencia de todos los funcionarios. “Tenemos un prestigio ganado a nivel internacional como una institución altamente confiable y creíble que tenemos que cuidar”, exhortó el segundo del TSJE.

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Igualmente participó del encuentro Denis Lichi, gobernador de Cordillera, quien resaltó que una de las instituciones con mayor prestigio y fortaleza en la República del Paraguay es la Justicia Electoral. “Por las implementaciones electorales, por la agilidad al momento del conteo de votos y por sobre todo la credibilidad y legitimidad de las autoridades electas”, indicó.

Mencionan además, que durante la jornada de capacitación se desglosó el nuevo reglamento interno de la institución electoral por Resolución TSJE N° 18/2022. Este documento consiste en el conocimiento y el objetivo del sistema de marcación intermedia, funciones, deberes y derechos de los funcionarios electorales. La presentación estuvo a cargo de Natalia Almirón, directora de Recursos Humanos de la Justicia Electoral.

Finalmente señalaron que también formaron parte del acto Julio Olmedo y Laura Ayala, directores adjuntos de Recursos Humanos; Benjamín Díaz Valinotti, director del Registro Electoral; José Ramón Ledezma, vicedirector del Registro Electoral; Enmanuel Gorman, director de Gabinete y Teresita Martínez, jueza electoral de Cordillera; Heribel Echeverría, presidente de la Junta Departamental, jefes y funcionarios de los registros electorales del departamento de Cordillera.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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Debido a la falta de energía eléctrica persistente desde hace varios días, a raíz de la explosión de un transformador, los alumnos y los docentes del Centro Regional de Educación Juan E’ Oleary, de Concepción, se vieron obligados a suspender nuevamente las actividades escolares.

Según las autoridades de la institución, esta es la segunda ocasión en el año en que se quedan sin energía eléctrica por varios días, debido a la falla de un transformador bien puesto en el lugar. Recordaron que, este equipo fue colocado de manera provisoria por los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tras la explosión del anterior transformador.

Además, la capacidad del mencionado equipo de suministro eléctrico no está adecuada a la verdadera necesidad de la institución, y por este motivo venían utilizando de manera limitada e intermitente los ventiladores y acondicionadores de aire, además de la luz. Esto debido a que, si todos los cursos los utilizan a la vez, se produce una sobrecarga.

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En la mañana de este martes, padres, docentes y alumnos se reunieron en la institución para buscar una solución definitiva a este problema, llegando a la conclusión de que la única forma de continuar dando clases, especialmente en verano, es comprando un nuevo transformador. Sin embargo, este equipo tendría un costo aproximado de 100.000.000 de guaraníes.

“Es una pena que en la institución cabecera del norte tengamos que pasar esto, que nuestros hijos deban pasar por esto. Hasta el momento ninguna autoridad regional se ha acercado y lamentamos que los padres otra vez deban buscar las soluciones, ya que aquí acuden muchas familias humildes”, indicó Raquel González, representante de los padres, en conversación con el corresponsal de La Nación, Ángel Flecha.

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