Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.

En un encuentro clave para el desarrollo institucional del país, el presidente ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), Pablo Scotellaro, se reunió con el ministro del Interior, Enrique Riera, con el objetivo de avanzar en la creación del Centro de Alta Formación en Justicia y Tecnología.

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de colaborar activamente en esta ambiciosa iniciativa, que busca posicionar a Paraguay como un referente regional en capacitación judicial con enfoque tecnológico.

El proyecto tiene como finalidad fortalecer las capacidades del sistema judicial a través de la incorporación de herramientas digitales y nuevas tecnologías, promoviendo una justicia más eficiente, transparente y acorde con los desafíos del siglo XXI.

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Este centro de formación se proyecta como un espacio de excelencia académica e innovación, abierto a profesionales del ámbito judicial y de la seguridad, tanto del país como de la región. Otra de las instituciones estatales que formarían parte de este proyecto es el Ministerio de Justicia, y de hecho, también hubo un encuentro con su titular de cartera, el ministro Rodrigo Nicora.

Dentro de esta alianza entre Certal y las instituciones estatales mencionadas, estaría incorporada también la realización de capacitaciones y otros planes a futuro, según indicaron desde el Ministerio del Interior, desde donde destacaron esta visita de cortesía del Ejecutivo.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo que el plan de seguridad está dando resultados, aunque mencionó que existen aciertos y errores, desde que asumió la cartera de Estado y con este Gobierno se están dando pasos importantes. Indicó además que se están realizando mediciones verificables que pueden confirmar los datos.

“En líneas generales, creo que hemos dado pasos importantes en materia del plan que nos habíamos fijado con el presidente, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y de lecciones aprendidas, y obviamente, de errores cometidos, pero yo creo que el saldo es positivo”, expresó durante una entrevista en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

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El secretario de Estado indicó que actualmente existe un debate sobre los parámetros y los resultados de las mediciones, pese a los riesgos de utilizar estadísticas. “No hay otra forma más que medir el resultado, y hay varios elementos, unas cosas son objetivas, medibles y verificables, como por ejemplo una nueva ley después de 30 años, eso está fuera de discusión, la ley de modernización de la Policía Nacional, cuya última versión es de 1923”, apuntó.

Riera explicó que el crecimiento y el desarrollo del país tuvo un importante aumento, sin embargo, la Policía Nacional quedó disminuida ante la gran demanda. “Es como si la Policía quedó raquítica y la riqueza del Paraguay explotó, dentro de ese marco lo que hizo el presidente (Santiago Peña) fue ver, que para proteger esta riqueza necesitamos esta Policía (aumentar la capacidad)”, mencionó.

En este contexto, sostuvo que fueron varios los pasos que se tuvieron que dar para mejorar el plan de seguridad, el primero la ley de modernización de la Policía Nacional, triplicar el número de agentes del grupo Lince, y el aumento de egresados en las filas de la Policía Nacional, complementado con una importante inversión en equipamientos, patrulleras, motocicletas y otros elementos.

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Las autoridades del Ministerio del Interior buscan ampliar el uso de las tobilleras electrónicas hacia otras ciudades del departamento Central. El director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar explicó que por ley el Ministerio del Interior es el encargado del proceso de licitación y adquisición de los dispositivos.

“El Estado va a pagar por cada tobillera utilizada. Hasta hoy al Estado paraguayo no le ha costado nada, las modificaciones, las mejoras corren por cuenta de la empresa que ganó la licitación y que en el pliego está que debe encargarse de esas mejoras”, indicó.

Para la colocación de las tobilleras se espera la orden judicial y a su vez este procedimiento se concreta a solicitud de parte. “O sea, los abogados defensores son los que tienen que solicitar al tribunal porque no es que de oficio se va a colocar. Entonces, ahí estamos en un primer impasse. El segundo impasse es que la Corte limitó en un plan piloto a un solo hecho punible y solamente en capital”, subrayó a la 1080 AM.

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El director del sistema 911 comentó que se reunió con representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Defensa Pública. En conjunto, se decidió elevar una nota solicitando a la máxima instancia judicial que amplíe su resolución para incluir todos los delitos tipificados en la Ley 7270, en todos los fueros y que abarque Capital y Central.

“Estamos esperando; la Corte tiene su tiempo. Ayer, el ministro César Diesel nos dijo que ya están trabajando en ampliar la acordada de la Corte. Y el presidente de la Corte también recalcó que ellos están trabajando para ampliarla”, remarcó.

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