Lilian Zapata, madre de la niña desaparecida en Emboscada, rompió el silencio. Acusó a la Fiscalía de estar encubriendo a los verdaderos responsables de la desaparición de su hija. Foto: Archivo.
“Siento que mi hija está viva”, dice mamá de la niña desaparecida en Emboscada
Compartir en redes
Lilian Zapata, madre de la niña desaparecida en Emboscada, rompió el silencio. Acusó a la Fiscalía de estar encubriendo a los verdaderos responsables de la desaparición de su hija y que por ello, se ensañó con ellos. El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para Lilian Zapata, por faltar al deber de cuidado, y 3 años de prisión preventiva para Reiner Oberüber, su pareja.
Zapata pidió que se investigue la conexión entre su padre Rufino Zapata y el capataz de la estancia Monte Pakarã. La corazonada de Lilian es que su hija se encuentra viva, ella presume que se la llevaron y que es el trabajo del Ministerio Público investigar dónde se encuentra su hija.
La niña de apenas 7 años desapareció de la estancia Pakarã de Emboscada el 15 de abril del 2020, cuando se encontraba en compañía de unas cabras con quienes jugaba en el inmueble rural. A más de un año de su búsqueda, aún no se la ha hallado.
“Yo como mamá siento que mi hija está viva, estoy segura que ella está viva. La Fiscalía no está buscando a mi hija, la investigación terminó hace mucho tiempo, dicen que la buscan pero nunca la buscaron correctamente. Yo confío en Reiner, realmente no sé si tiene enemigos, uno a veces no sabe si tiene enemigos o no”, indicó la mujer.
Negó que su hija haya dormido con las cabras y aseguró que esa hipótesis es un cuento contado por el Ministerio Público para dar una mala imagen tanto de ella y del padrastro, con el solo fin de encontrar culpables. “Buscan encontrar un culpable y desligarse de la investigación”, aseguró.
Zapata presume que su hija fue raptada, no sabe por quién o quiénes y que es trabajo de la Fiscalía y la Policía investigar. Clamó a la Fiscalía dejar de jugar con sus sentimientos de madre, porque ella aguarda ilusionada los avances de la investigación. Comentó en ese sentido que en más de una ocasión los fiscales manifestaron ante los medios de comunicación que ya se encontraban cerca de hallar a la pequeña. Sin embargo, a la fecha no la han encontrado.
“Todos los días me despierto con fe, con esperanzas diciendo: hoy puede ser que la encuentren a mi hija, hoy puede que haya novedades; veo en la televisión donde la Fiscalía dice que tiene novedades y esperar y no dormir de alegría, de tener esa emoción y luego pasa el tiempo y nada. ¿Qué harían ustedes? Le pido a la Fiscalía que no juegue, saben o no saben de ella, pero no se inventen historias para lucirse”, dijo Zapata muy sentida ante los medios.
Pescadores de río Monday encontraron un cuerpo y sería de un hombre que estaba desaparecido, según denuncia que recibió la Policía Nacional. Foto: Gentileza
Hallan un cuerpo en el río Monday, que sería de quien fue reportado como desaparecido
Compartir en redes
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 19:00 fue hallado un cadáver en el río Monday, en el Km 16, a unos dos mil metros de la Ruta PY02, de Minga Guazú. Por las características físicas y de vestimenta, el hombre sería Marcos Antonio Domínguez Amarilla (40), según el reporte de la Comisaría 8a.
Se presume homicidio, porque el cuerpo encontrado tiene heridas de arma de fuego en la cabeza y en la pierna. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Minga Guazú, donde esperan al médico forense y al fiscal de turno. Fueron pescadores los que divisaron el cuerpo en el río.
La desaparición había sido denunciada por su exconcubina, Ninfa Arias Estigarribia, después de hablar por última vez con él, el sábado 23 de noviembre.
El hombre estaba siendo buscado intensamente, por agentes de la División de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, en Alto Paraná. Su vehículo fue encontrado totalmente incinerado, el domingo 24 de noviembre.
Agentes de la citada división policial a cargo del comisario Rubén Ramírez, recorrieron hoy varios sitios por donde pudo haber estado, la casa donde vivía y en busca de personas con quienes pudo haber hablado.
Primero fueron hoy hasta el Ministerio Público, donde se reunieron con familiares de Marcos Antonio y con la expareja, en la unidad de la fiscal Cinthia Leiva. La denunciante manifestó que tuvo una última conversación telefónica con el hombre el día sábado, en horas de la tarde.
Por su parte, Guillermo Domínguez López, padre del que hasta ese momento estaba siendo buscado, había exhibido fotografías del recorrido que realizo su hijo, en las horas previas a su desaparición, según datos del GPS, que habían sido proporcionados por funcionarios de la empresa donde trabaja.
Inmediatamente después, el personal de búsqueda fue hasta el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, donde habría estado recorriendo. Verificaron grabaciones de circuito cerrado que no aportaron ningún dato importante, según los intervinientes.
Esta tarde fueron hasta una vivienda (inquilinato), del Barrio San Isidro de Ciudad del Este, donde el propietario informó que Marcos Antonio fue su inquilino, pero hace un mes dejó dicha casa.
Los policías continuaron el recorrido y llegaron hasta el local comercial Auto repuestos San Ramón, cuyos propietarios serían amigos de Marcos Antonio, pero no se encontraban por estar de viaje, según un personal del lugar.
Vehículo incinerado
En cuanto al vehículo del desaparecido, fue encontrado totalmente quemado, en la mañana del domingo 24 de noviembre, en el Km 17 Acaray, a 2 mil metros de la Ruta PY02, a unos 50 metros de “Calle 2 mil”, como es conocida la vía, según reportó ese día la Comisaría 8.ª de Minga Guazú.
El vehículo era un Toyota, modelo Runx, color plateado, con chapa HGM 219, inscrito a nombre de Francisco Ferreira Segovia. A pesar de su incineración total, pudo identificarse el número de la placa. Luego se supo a quién pertenecía el vehículo. Cuando la denuncia fue realizada por la expareja, se confirmó que el vehículo destruido pertenecía a Marcos Domínguez Amarilla.
Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Compartir en redes
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
La jueza Liz Sanabria de Gneiting dijo que preocupa el desconocimiento de las leyes. Foto: Rocío Gómez/Nación Media
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
El Ministerio Público apeló la leve condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A. Foto: Aldo Ynsfrán
Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Compartir en redes
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
Régimen cerrado es clave para dar estabilidad al sistema penitenciario, afirman
Compartir en redes
Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.
“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.
“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.
El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.
“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.