El microcentro de Asunción fue ayer un campo de batalla campal entre manifestantes y la fuerza pública. Los hechos de violencia dejaron varios heridos, especialmente en filas de los uniformados. La tensión siguió hoy en las inmediaciones del Congreso, donde se congregó la protesta de indígenas y campesinos.
En algunos casos los hechos de violencia atentaron contra la vida de personas, así como también ocasionaron daños y perjuicios hacia bienes materiales. La violenta protesta fue porque estaba en estudio en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que eleva las penas carcelarias por invasiones de tierra.
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Mientras que el microcentro fue punto de hechos vandálicos, en varios puntos del interior del país las protestas procedieron al cierre de rutas y puentes. Tras la sanción de la normativa, los campesinos e indígenas ultimaron al presidente, Mario Abdo Benítez, a que vete la normativa. Sin embargo, hoy el titular del Ejecutivo promulgó la ley y quedaron vigentes las penas carcelarias hasta 10 años por invasiones de inmuebles ajenos.
Varios actos vandálicos se registran a nivel país. ¿Cómo puede el Gobierno controlar?, consultó La Nación en la plataforma Votá. El 67% cree que “Tomando una mayor determinación a la hora de actuar”; mientras que el 18% señaló que “Castigando con más fuerza estos hechos” y solo el 15% optó por “Reemplazando al ministro del Interior por una persona más competente”.
En cuanto a la postura asumida por los indígenas y su actuar, autoridades del Ministerio Público y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) manifestaron su asombro al respecto, lo cual resulta llamativo, ya que la violencia no es una actitud que caracteriza a los pueblos originarios.
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Por su parte, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en representación del gremio expresó su solidaridad con las víctimas de los ataques y condenó los actos vandálicos.
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Detienen a sospechosa de robar una joyería de Luque
Tras un robo perpetrado a una joyería de la ciudad de Luque, efectivos policiales detuvieron a una mujer transexual de nacionalidad argentina que es sindicada como la autora del atraco. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 15 de la Ruta PY02 de la ciudad de San Lorenzo.
La misma fue identificada como Luz Mía Bárbara Di Batista, alias “Barbi”, quien ya contaba con una orden de captura a nivel internacional por hechos de robo similares en su país de origen. Se logró la identificación de la misma gracias a las imágenes de circuito cerrado del local, en las que se la ve huyendo del lugar.
Del poder de la misma fue incautada la suma de 2.400 dólares en efectivo, además de varias joyas. Al llegar a la dependencia policial, donde se encuentra bajo custodia, conversó con varios medios de prensa y reconoció que cuenta con una orden de captura en su país, pero que su intención era entregarse una vez que llegara a suelo argentino.
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“Yo estuve acá unos días nomás, no robé nada de lo que dicen; me hospedé en un hotel y utilicé las instalaciones este fin de semana sin problema, cambie dólares con cambistas en el centro y las joyas son mías, no sé de qué me hablan estas personas”, comentó Luz Mía Bárbara Di Batista a los medios de comunicación presentes.
Por su parte, los propietarios de la joyería asaltada destacaron que cuentan con todas las evidencias del caso, tanto el inventario de lo robado y sus documentos que los respaldan, como las imágenes de circuito cerrado donde se observa todo el actuar de la ahora detenida; exigieron a su vez que se haga justicia y sea procesada como corresponde con el fin de al menos recuperar parte de lo que se llevó.
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Adjudicación de tobilleras electrónicas se define esta semana
El director del Sistema 911 del Ministerio del Interior, Hernán Escobar, afirmó que esta semana se definirá la adjudicación de las tobilleras electrónicas, teniendo en cuenta que el plan es implementarlas como prueba a partir de diciembre. El director indicó que se están ultimando los detalles para proceder a la adjudicación.
“Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio con representantes, estuvo el viceministro de Seguridad Interna, la gente de Defensa Pública, representantes de la Corte, donde pusimos al tanto que hicimos las pruebas técnicas de los equipos que se trajeron”, señaló en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que para el Ministerio del Interior es de fundamental importancia que lo establecido en los papeles, por parte de las empresas que ofrecen este servicio, también sea efectivo en la práctica. “De los cinco gerentes dos son los que llenaron todas las expectativas bajo las especificaciones que solicitamos y todas esas pruebas”, mencionó.
En primera instancia se implementarán 20 tobilleras, por mes, de manera a ir controlando y adaptando la reacción, tanto de los equipos como de la Policía Nacional. “El secreto está cómo reacciona la Policía ante la eventualidad que genera estas tobilleras, por eso nosotros pedimos que las tobilleras cumplan ciertas funciones, que avise cada cierto tiempo y el modo persecución en un tiempo más corto ampliando la ubicación por GPS, Solicitamos poder asignar e incluir zonas de control”, apuntó.
El director informó que ya se realizaron todas las pruebas y se encuentran trabajando en el protocolo de cómo se realizarán los controles, teniendo en cuenta que son dos modalidades de control, la prisión domiciliaria y la restricción de acercamiento a las víctimas.
“Tenemos dos escenarios, uno que tiene prisión domiciliaria y que no puede salir de su casa y la tobillera tiene que determinar un perímetro, tiene doble vía de comunicación, se puede llamar desde la tobillera, la tobillera recibe el llamado, y el otro caso es cuando la restricción de acercamiento a una persona que el juez va a determinar”, sentenció.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Dos hombres asaltaron motel en Itá Enramada
En la madrugada de este domingo dos hombres armados ingresaron a un motel ubicado en el barrio Itá Enramada, de la ciudad de Asunción y, tras reducir al guardia de seguridad, robaron algunas habitaciones y posteriormente ingresaron a la zona administrativa, de donde se alzaron con una importante suma de dinero.
En las imágenes de circuito cerrado quedó captado el actuar de estos dos sujetos, quienes actuaron con la cara cubierta con cascos, ya que ambos llegaron y huyeron a bordo de una motocicleta. Uno de los sujetos utilizaba una mochila como de delivery, que habría utilizado para cargar varios objetos de valor.
Según el reporte policial, el primer abordado fue el guardia de seguridad, a quien redujeron con un arma de fuego y tras las amenazas le obligaron a que señale que habitaciones estaban libres para que pudieran ingresar a robar las mismas.
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Luego de alzarse con varios objetos de valor que se encontraban en las habitaciones, los malvivientes se dirigieron hasta las oficinas administrativas, en donde también a punta de amenazas obligaron a la encargada del lugar a que entregara el dinero de la recaudación.
Hasta el momento, los agentes de la comisaría 13, quienes intervinieron tras el hecho no pudieron confirmar la cantidad exacta del botín que se llevaron los asaltantes, pero aparentemente sería una suma elevada, ya que el sitio habría estado copado debido a que muchos hinchas argentinos se encontraban ocupando las habitaciones.
Por otro lado, si bien ningún cliente se percató de lo ocurrido, el guardia de seguridad debió de ser trasladado hasta el Hospital de Trauma tras recibió varias heridas en la cara y rostro, además de un disparo en la pierna.
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