El concejal Ernesto Guerín manifestó su respaldo a la intervención de la gestión del intendente Miguel Prieto y sostuvo que el proceso debe servir para esclarecer múltiples irregularidades que, según dijo, afectan seriamente a la administración municipal.

“Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa que el intendente es un corrupto, que su equipo es un corrupto. Son más de lo mismo, a pesar de que vendieron que iban a ser el cambio”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.

El edil señaló que el interventor Ramón Ramírez se encuentra realizando un trabajo minucioso, pero enfrenta serias dificultades debido a la falta de documentación clave. “El intendente hizo desaparecer documentación, no tiene acceso a muchos documentos y eso obliga a rebuscar información de otras formas. Es bastante arriesgado lo que hizo Miguel Prieto”, denunció.

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Guerín recordó que ya comenzaron a revelarse hechos preocupantes, como adjudicaciones por más de G. 30.000 millones poco antes de que el intendente sea suspendido en sus funciones. Aseguró además que aún no se abordaron otros puntos críticos, como el uso de comisiones vecinales, amaños en licitaciones, sobrecostos, nepotismo, pago de viáticos a concejales, entre otros.

El concejal también indicó que el Ministerio Público finalmente tendrá que intervenir. “Creo que habrá denuncias penales por todo lo que se está encontrando. Todos los días hay denuncias en la municipalidad”, señaló. Mencionó además que la denuncia sobre el caso “Navidad Sustentable”, presentada por él, fue una de las bases para solicitar la intervención, pero que ese tema aún no fue tratado por el equipo interventor.

En cuanto a los argumentos que utiliza Prieto para defender su gestión en torno a las obras adjudicadas, Guerín respondió: “Claro que existen, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es cuánto costaron esas obras, cuánto se sobrefacturó, y por qué siempre ganan las mismas empresas amigas que hacen trabajos de pésima calidad”.

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El edil también mencionó que Prieto y su entorno confiaban en evitar cualquier proceso de control gracias a su mayoría en la Junta Municipal. “Ellos nunca esperaron la intervención porque tenían una mayoría aplastante. Ellos no veían venir esto, por eso intentaron boicotearlo hasta el final”, concluyó.

Ayer, el interventor designado para la Municipalidad de Ciudad del Este ratificaba en conferencia de prensa la repartija de licitaciones de Miguel Prieto a sus operadores y firmas vinculadas a leales.

Los primeros informes recabados, en medio de una resistencia en la provisión de documentos, registran adjudicaciones en 18 días hábiles a su grupo de proveedores favoritos con las que generaron jugosos anticipos, llevándose al bolsillo unos G. 4.100 millones, antes del arribo de los técnicos.

Hasta el último minuto, Miguel Prieto actuó con alevosía en la repartija de contratos a sus operadores y empresas vinculadas a leales en la Municipalidad de Ciudad del Este.

El interventor Ramón Ramírez, designado para el estudio documental de la administración en desastrosas condiciones, minada de denuncias por corrupción, hacía referencia que, en medio de una dilación en el acceso a los papeles, se toparon con datos que les llama poderosamente la atención, principalmente en lo que hace a la adjudicación de licitaciones.

Según Ramírez no puede pasar desapercibido la adjudicación y firma de contratos por más de G. 30.700 millones en el tiempo récord de 18 días hábiles a un grupo reiterado de contratistas. Con esto generaron el pago acelerado en concepto de anticipos por más de G. 4.100 millones poco antes de arribar el equipo interventor.

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Según puede verse en el portal de Contrataciones Públicas, en la lista de privilegiados de Prieto está Fredy Guzmán Martínez con su empresa Servmaq, que es un conocido amigo personal y operador político del intendente del Este.

Coincidentemente, Fredy Guzmán comenzó a ganar contratos en la municipalidad de Ciudad del Este, en tiempos que Prieto se ubicada como intendente. Es así que, en los dos periodos de su amigo Prieto se adjudicó G. 15.857 millones en contratos de alquileres de maquinarias y otros.

Otra proveedora mimada de Prieto es la empresa que reciclaron para convertirla de una disco/pub a una constructora. Se trata de SCDE S.A, originalmente Golden Rouge S.A, un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias.

En la repartija de licitaciones figura Elvio Mareco Barrientos con su empresa MB Constructora, conocido vendedor de frazadas de Ciudad del Este, operador de la campaña política de Miguel Prieto. El amigo frazadero también se estrenó como proveedor en los tiempos que Prieto se ubicaba como intendente y entre el 2022 y 2025 se adjudicó contratos por unos G. 15.000 millones.

El sonado caso de las lomadas “de oro” de Prieto, precisamente involucra al amigo frazadero con un contrato de G. 1.183 millones.

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El asesor jurídico del Instituto de Previ­sión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministe­rio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregula­ridades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previ­sional va sumando las denun­cias y exige que los respon­sables de la administración anterior sean señalados ante la Justicia.

“Nosotros habíamos presen­tado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó Gonzá­lez al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres infor­mes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que tam­bién señalan una diferen­cia importante de obras que se pagaron y no se realiza­ron. “Incluso en los infor­mes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

Además, se suma una nueva denuncia presen­tada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revela­ron que se realizaron repro­gramaciones presupuesta­rias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa consi­dera incluso que hubo pro­ducción de documentos no auténticos, porque se le min­tió al Ministerio de Econo­mía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones adminis­trativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubila­torio, el décimo tercer sala­rio sin fuentes de financia­miento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregularidades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previsional va sumando las denuncias y exige que los responsables de la administración anterior sean señalados ante la justicia.

“Nosotros habíamos presentado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó González, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres informes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que también señalan una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. “Incluso en los informes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

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Además, se suma una nueva denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que se realizaron reprogramaciones presupuestarias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa considera incluso que hubo producción de documentos no auténticos, porque se le mintió al Ministerio de Economía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones administrativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubilatorio, el décimo tercer salario sin fuentes de financiamiento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

“Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público, a Delitos Económicos, cuando se aumentaron al 50 y 75 %, a pesar de que los informes actuariales eran negativos, y también violando un poco la ley, porque la ley dice que hasta el 33 % nomas se podría haber aumentado eso”, sentenció.

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