El abogado José González Mal­donado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), lamentó que la Fisca­lía haya pedido desesti­mar la denuncia contra Vicente Bataglia, expre­sidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría Gene­ral por un supuesto des­falco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS con­trató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada, además. El reporte final de Contra­loría General “es cuanto mínimo indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurídico explicó que la previsional lleva adelante en la actualidad una audi­toría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de prue­bas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los ele­mentos de cargo y des­cargo.

El pedido de desestima­ción al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales confor­mado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñá­nez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.

El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada, además. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo indicio de posible hecho punible”, recordó.

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Por otro lado, el director jurídico explicó que la previsional lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener cuenta los elementos de cargo y descargo.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.

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Una madre acudió hasta la redacción de La Nación para denunciar irregularidades en un caso de abuso sexual infantil. El hecho fue denunciado en el 2021 por el Hospital Acosta Ñu y continúa sin resolverse debido a una serie de negligencias que afectan directamente el proceso judicial, de acuerdo a la denuncia.

El abuso, presuntamente cometido por el tío paterno de la víctima y con la supuesta complicidad del padre de la víctima, está estancado por el manejo irregular del caso y por la falta de acción de las autoridades de Ciudad del Este, donde ocurrió el lamentable hecho.

Entre las irregularidades, la madre cita que la víctima y su hermana (testigo presencial del abuso) participaron de sesiones en el Centro de Atención a Víctimas, pero los informes de estas sesiones nunca fueron entregados a las partes implicadas.

A esto se suma el rol de la psicóloga forense Fátima Flores, funcionaria de la Defensoría, quien fue contratada por la defensa del acusado a pesar de ser funcionaria pública. Esto, a decir de la denunciante, representa un claro conflicto de interés y una razón para solicitar su impugnación.

Según las denuncias, Flores realizó trabajos privados durante su horario laboral, utilizando su posición para favorecer al presunto agresor. Hasta el momento, el pedido de impugnación no fue resuelto.

“Es inaceptable que una funcionaria pública esté involucrada en este tipo de acciones corruptas. Fátima Flores, en lugar de cumplir con su deber de imparcialidad y protección de los derechos de las víctimas, ha trabajado en beneficio del acusado, lo que ha afectado profundamente el desarrollo del caso”, expresó la madre de la víctima.

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Por si fuera poco, la denunciante refiere que la entonces fiscal del caso Vivian Coronel, antes de ser apartada de la investigación, ordenó un estudio del entorno en el que vivía la niña, pero no investigó el ambiente del presunto abusador.

La representante del Ministerio Público solo inspeccionó la residencia de la víctima y la dejó en una situación de vulnerabilidad al no aplicar ningún tipo de medidas preventivas contra el supuesto agresor.

La madre de la víctima sostiene que la inacción de Coronel (cajoneó el expediente por un año) y la negligencia en este proceso, que demanda la máxima sensibilidad y profesionalismo, generaron indignación en la ciudadanía de Ciudad del Este.

El trauma de la niña, que ya ha requerido intervenciones psiquiátricas por la gravedad de su situación emocional, parece haber sido minimizado por quienes debían velar por sus derechos.

A decir de la denunciante, este caso pone en evidencia los graves fallos en la protección de las víctimas de abuso en Paraguay, particularmente cuando las autoridades responsables no cumplen con su rol de defensa. La negligencia no solo agrava el dolor de la familia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que beneficia a los agresores.

La menor no solo fue víctima de un crimen atroz, sino también de un sistema que hasta el momento le dio la espalda. La lucha de la familia y de quienes apoyan a la menor continúa, con la esperanza de que las instituciones respondan y la Justicia se haga presente, clama la madre.

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Ante la segunda acusación por parte de la Fiscalía al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, surgió una jugada que adquiere ribetes de astucia política, ya que concejales leales al jefe comunal presentaron ante la Junta Municipal el pedido de intervención de la comuna esteña, sin embargo, casi en forma inmediata los mismos votaron por el rechazo.

La estrategia de este grupo de concejales es que, al rechazar el pedido, en un periodo de un año ya no se podrá volver a pedir la intervención municipal.

Los concejales Pedro Acuña, Víctor Torales, Valeria Romero, Alison Anisimoff, y Sebastián Martínez, firmaron el documento solicitando el tratamiento del pedido de intervención y su aprobación urgente al presidente de la Junta Municipal, Víctor Torales, también firmante del pedido.

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“Venimos a solicitar la aprobación de la intervención del Gobierno municipal con base a las innumerables demostraciones de graves irregularidades que se han incurrido como es de público conocimiento”, señala el documento.

Este grupo de concejales, que responden a Prieto, pidieron la intervención de su administración sobre los hechos denunciados sobre las supuestas irregularidades en la administración de Prieto, quien cuenta con más de 40 denuncias. En el mismo documento se menciona la acusación y pedido de juicio oral y público a Prieto desde el Ministerio Público.

El concejal del sector de Honor Colorado, Ernesto Guerin, expuso esta “jugada política” por parte de sus colegas de Yo Creo, sector político que responde a Prieto. El edil explicó que el pedido de intervención fue presentado ayer, pero inmediatamente en la sesión de la Junta Municipal votaron por el rechazo.

“Fue una minuta que presentaron los concejales de Yo Creo, y al presentar la minuta ellos ya rechazaron otra vez. Una burla es lo que están haciendo. Nadie sabe cuál es la intención, lo que sí se demuestra es que ellos se están burlando de la ciudadanía y de la justicia, no sé cuál es la intención”, criticó el concejal Guerin.

Contó además que, incluso uno de los concejales firmantes del pedido de intervención del sector de Prieto está involucrado en los casos de irregularidades denunciado. “Justamente el que estaba firmando la nota está implicado, el concejal Sebastián Martínez que está implicado en el caso de Tía Chela y Tajy”, cuestionó.

Mientras tanto, adelantó que solicitarán la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), ya que los mismos concejales oficialistas están impulsando esta posibilidad. “Vamos a pedir al contralor que venga a intervenir, si ellos mismos están pidiendo la intervención, porque ellos firmaron el pedido, y cómo es que ellos piden y ellos rechazan, no entiendo dónde está la Contraloría para intervenir lo que está sucediendo en Ciudad del Este”, sentenció.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. Prieto está imputado en dos casos, de una cuarentena de denuncias que tiene en su contra en el Ministerio Público.

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