Wesley Totti, residente del vecino país, realizó una compra por unos R$ 15.000 (equivalentes a unos G. 20 millones en nuestra moneda) en una tienda llamada Centro Cell, que se encontraba como negocio en el Shopping Bonita Kim de Ciudad del Este. La presunta estafa casi se dio ya que no recibió los artículos electrónicos que pagó en dicha tienda donde le dijeron que se remitirían los mismos a su territorio.
El afectado es gerente de un hotel de Puerto Iguazú, Argentina; regresó a realizar el reclamo en el consulado paraguayo para poder obtener la devolución de su inversión, tuvo respuesta del consulado y fue acompañado por el cónsul Magno Álvarez y el fiscal Édgar Torales hasta el sitio donde realizó su compra, para descubrir que Centro Cell ya no era parte del shopping.
Al percatarse de la situación indagaron sobre el paradero del local, averiguaron que la empresa de artículos electrónicos, de Eduardo Miguel Ojeda, cambió de dirección a la calle Camilo Recalde y también el título de la tienda a Mundo Informático.
El argentino, tras negociaciones con el dueño del local que no envió sus compras, llegó a un acuerdo para que le sean entregadas sus compras y así la víctima no realice una denuncia ante el Ministerio Público.
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CDE: mujer que fue herida en atentado a consulado podría perder el brazo
Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.
Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.
“La mujer que resultó herida fue trasladada al Hospital Regional de Ciudad del Este para ser sometida a una operación, debido a que podría perder el brazo”, confirmó Ruiz, en entrevista con el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
El presunto autor, identificado como Cassio Montenegro, realizó al menos cinco disparos de arma de fuego contra la legislación consular de Brasil en Paraguay y uno de los proyectiles hirió en el brazo a la doctora Prima Felicia de Cantuni, asesora jurídica de la sede consular.
“El diagnóstico del presunto autor de los disparos es traumatismo craneoencefálico grave ocasionado por el disparo. Se observan lesiones significativas en la masa encefálica y, en este momento, está siendo intervenido quirúrgicamente”, puntualizó el médico.
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Recluso de CDE llamó al 911 y pidió auxilio por supuesta amenaza de muerte
La Policía Nacional llegó este jueves hasta la penitenciaría de Ciudad del Este luego de que recibiera una llamada por parte de un recluso quien afirmó que su vida estaba en peligro tras una amenaza de muerte. El hombre realizó la llamada desde un celular al sistema 911.
Según el comisario Jorge Villalba, el sistema de emergencia de la Policía Nacional recibió la llamada desde el centro de reclusión, por lo que acudieron con una patrullera para constatar el hecho.
Se trata de la segunda vez que el interno realiza este tipo pedido de ayuda y que ya fue trasladado a otro pabellón por ese motivo.
“El personal de servicio externo acudió hasta la penitenciaría regional donde fue recibido por el jefe de seguridad con quien se dialogó sobre esta denuncia. Supuestamente la llamada fue hecha por un reo que estaba recibiendo amenazas por parte de reclusos de otros pabellones”, expresó Villalba, en entrevista con C9N.
Explicó que el hombre fue identificado como Alberto Marín Segovia, de 37 años, supuesto integrante del clan Rotela. El hombre se encuentra recluido hace más de nueve meses por violación a la ley 1340 y se lo detuvo con varias dosis de cocaína. Además, tiene antecedentes por violencia familiar.
El comisario indicó que no es la primera vez que este interno realiza este tipo de llamados e incluso sus familiares reportaron que les contactó en otras oportunidades para pedirles ayuda. “Según manifestación del jefe de seguridad no es la primera vez que está realizando y ya en fechas anteriores patrulleros acudieron”, puntualizó.
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Jueza deberá decidir si deja impune o no proceso penal por estafa
Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.
El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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¿En qué momento el dilema cotidiano de una madre se convierte en una violación al deber de cuidado?
El reciente rescate de una niña de tres años, sola y angustiada en un departamento del segundo piso en pleno centro de Ciudad del Este, vuelve a poner sobre la mesa un delicado debate: ¿en qué momento el dilema cotidiano de una madre se convierte en una violación al deber de cuidado?
El hecho ocurrió este lunes, cuando transeúntes notaron a la pequeña asomada a una ventana, llorando desconsoladamente. Bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de emergencia y hallaron a la niña completamente sola. Las ventanas del edificio estaban abiertas, lo que aumentaba el riesgo de un accidente.
La madre, según relató Balbina Almada, representante de Codeni, llegó minutos después y explicó que se había ausentado por unos 15 minutos para comprar leche y pañales. Justificó su decisión alegando que no quería exponer a su hija al intenso frío, ya que solo contaba con una motocicleta como medio de transporte.
“Es un dilema real que enfrentan muchas madres solas, pero en este caso, su decisión implicó una falta grave”, indicó Almada y agregó que “dejar a una niña de tan corta edad sin supervisión, y con acceso a una ventana abierta en un segundo piso, representa una clara vulneración al deber de cuidado”.
Aunque la niña fue hallada en buenas condiciones físicas y de higiene, el hecho generó un trauma: fue necesario forzar la puerta para rescatarla, y vivió momentos de miedo e incertidumbre. Como medida de protección, se dispuso una guarda provisoria a cargo de la abuela materna, mientras se evalúa la situación familiar.
Este caso evidencia una realidad compleja: la falta de redes de apoyo para madres solteras y el riesgo permanente de decisiones que, aunque nacen de la necesidad, pueden comprometer el bienestar de un menor.
La situación abre un necesario debate sobre cómo el Estado, la comunidad y las familias acompañan —o desamparan— a quienes tienen a su cargo el cuidado de niños pequeños.
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Deber del cuidado
En Paraguay, el deber del cuidado hacia niñas, niños y adolescentes está respaldado por varias leyes, principalmente por el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 1680/01). Esta legislación establece con claridad las responsabilidades de madres, padres, tutores y responsables legales en la protección integral de los derechos del niño.
En caso de incumplimiento, existen algunas figuras en el Código Penal Paraguayo – Ley N.º 1160/97 (y sus modificatorias) que podrían aplicarse:
- Artículo 129 – Exposición al peligro: “El que ilegalmente expusiere a una persona incapaz de valerse por sí misma a un peligro de muerte o lesiones graves, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”
- Artículo 130 – Violación del deber del cuidado o educación: “El que violare gravemente el deber de cuidado o educación con respecto a un menor de edad a su cargo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa”
Este artículo se aplica en situaciones como la del caso de Ciudad del Este, donde una madre deja sola a una niña pequeña en condiciones de riesgo. No importa si fue por pocos minutos: el contexto, la edad de la menor y el entorno son los factores que agravan la omisión.