La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, llamó a una “enorme” protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse en enero tras ser proclamado reelecto entre denuncias de fraude. “Tenemos que actuar ya, este 1 –de diciembre– va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos en rojo, con valentía (...) el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final”, dijo Machado en un encuentro virtual con dirigentes y activistas opositores.

Que sea “una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela”, añadió la opositora, que se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel. Machado también prometió acciones “más firmes, más determinantes” de cara al próximo 10 de enero, fecha en la que se juramenta el presidente de Venezuela. Machado y su candidato González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar el escrutinio detallado de la votación.

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80 % de las copias de las actas que demostraban su triunfo y las difundieron en una página web. Protestas estallaron y dejaron un saldo de 28 muertes, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El Gobierno desestimó las papeletas y dijo que eran forjadas, la Fiscalía anunció una investigación contra los líderes opositores y pidió el arresto de González Urrutia. González Urrutia terminó por exiliarse en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Barcelona ante la convocatoria de asociaciones y colectivos de inquilinos para denunciar el difícil acceso a la vivienda y exigir una bajada generalizada de los alquileres en la segunda ciudad de España. La protesta reunió a unas 22.000 personas.

Los manifestantes, apoyados por varios partidos de izquierda y por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se reunieron por la tarde en el centro de Barcelona detrás de una enorme pancarta que reclamaba “una vivienda digna para todos”.

“Hoy es un punto de inflexión y comienza un nuevo ciclo político en lo referente a la vivienda”, declaró a la prensa Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña (Sindicat de Llogateres), la principal organización convocante de la protesta.

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“No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly”, agregó. “Hemos venido hoy a decir que se acabó”, sobre todo a los “arrendadores” que “nos roban la mitad del sueldo”.

Los manifestantes reclaman una bajada del 50 % de los alquileres, la introducción de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de la venta especulativa de viviendas. De lo contrario, amenazan con una “huelga de alquileres”.

Esta manifestación se hace eco de la celebrada el 13 de octubre en Madrid, que reunió al menos a 22.000 personas con exigencias similares, en un contexto de gran tensión en todas las grandes ciudades españolas por la subida de los alquileres.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler en España aumentó un 82 % en los últimos diez años, un ritmo cinco veces mayor al del salario medio, que subió un 17 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Esta situación llevó al ejecutivo a aprobar a principios de 2023 una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de viviendas sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.

Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades. El gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.

Fuente: AFP

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo que no se acoplarán de forma masiva a la movilización convocada desde las centrales obreras para este miércoles 13 de noviembre con el fin de solicitar al Senado la postergación del proyecto de reforma del servicio civil.

Detalló que la decisión fue tomada este último lunes por la mesa directiva del sindicato al no existir objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Hemos corroborado que en el proyecto colectivo presentado al Parlamento que los reclamos principales que hemos tenido como sindicato sí se han corregido, esto teniendo en cuenta que en el proyecto habían varios artículos que suponían un retroceso en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores”, sostuvo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Hoy en día estamos regidos por la Ley 1626 que es de la función pública, entonces hicimos una comparación con esta normativa, el motivo de ser de los sindicatos es verificar que el trabajador no salga perjudicado y que la ley no tenga un retroceso, entonces controlamos que el proyecto de la carrera civil mínimamente sea igual en cuanto a los derechos laborales”, remarcó.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el 16 de setiembre pasado. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la función pública, entre otros.

“Somos funcionarios públicos y que haya una ley que nos rija no está mal. Acompañaremos muy de cerca el tratamiento del proyecto de ley, estarán presentes nuestros delegados, pero no saldremos masivamente a corroborar que la propuesta acordada sea aplicada. Si uno se coloca a leer el proyecto de ley de la carrera del servicio civil podrá ver que en grandes medidas es un copia y pegue de la ley 1626 con algunas correcciones luego de los 20 años de vigencia que tiene esta norma”, dijo.

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El secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, manifestó que el miércoles 13 de noviembre varios gremios sindicales impulsarán una movilización para lograr la postergación del análisis de la propuesta de reforma del Servicio Civil, que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Cada gremio sigue trabajando mediante el lobby con todos los parlamentarios para hacerles entender las inquietudes que se han presentado. Además de esto también se ha decidido convocar a una gran movilización en donde una de las decisiones o la demanda será posponer el tratamiento de este proyecto de ley”, manifestó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, acotó que el frente sindical social y la confederación de la clase trabajadora, se movilizarán varios gremios del sector público. “Creo que será multitudinaria y ojalá pueda influir para que los parlamentarios reflexionen que se necesita un poco más de tiempo para discutir los temas pendientes que fueron elevados a las autoridades de manera formal”.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.

“Podemos decir que en algunos puntos mejoró, pero nos preocupa mucho que el proyecto obstaculice el derecho a la huelga, afectando el derecho de la organización sindical. Otro punto muy importante es que obstaculiza la negociación colectiva, en cierta forma la propuesta desnaturaliza el objetivo jurídico de esta figura”, comentó.

López siguió argumentando que “Vemos que en el régimen del contrato sigue la precarización y discriminación a un sector muy importante del Estado a quienes por hoy se les conoce como los contratados, y por otro lado, nos preocupa de sobremanera el tratamiento otorgado a la seguridad social, es decir las garantías que el Estado debiera ofrecer al trabajador del Estado en cuanto a su seguro médico y jubilaciones”, indicó.

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