Este lunes, una mujer denunció que su expareja incendió la vivienda donde residía en la ciudad de Lambaré, luego de que fuera liberado de prisión donde estuvo por más de un año acusado de violencia familiar. Tanto la mujer como su hijo de 4 años, no estaban en la vivienda cuando ocurrió el siniestro, sin embargo perdieron todo lo que tenían.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy, mientras la mujer y su hijo no estaban en la casa ubicada en la intersección de las calles 29 de Setiembre y Obispo Maíz, de la citada ciudad. Los testigos vieron que el hombre identificado como Ramón José Gayoso Benítez, de 48 años, salió de la casa luego de que comenzó el incendio.

Estas personas llamaron a los bomberos, quienes lograron controlar las llamas y avisaron de la situación a Mariela Noemí Aguilera Cabañas, de 39 años, expareja de Ramón, para informarle sobre lo sucedido. “Los vecinos afirmaron que el supuesto autor del incendio sería la expareja de la afectada”, expresaron los intervinientes.

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La mujer, explicó que los vecinos le ayudaron para evitar que pierda todas sus pertenencias y que ayer antes de salir de su casa aseguró todas las puertas, pero que igual pudo ingresar. “El cuenta con orden de alejamiento, pero no respeta. Su mamá tiene 91 años y a ella también la somete. No es adicto a las drogas, pero toma mucho, siempre fue violento”, apuntó Mariela, en C9N.

Agregó que, si estaban en la casa otra sería la historia y pide que las autoridades la protejan. Los interesados en ayudar a la víctima pueden contactar al (0991) 340-049. Hasta el lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional y están investigando las circunstancias del hecho. También, se dio aviso al Ministerio Público, por tratarse de un posible móvil pasional o de venganza contra la mujer que ya lo había denunciado.

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Un incendio se registró a tempranas horas de este domingo en la zona del barrio Valle Ybaté de Lambaré, que afectó a dos vehículos de una empresa que se dedica a la gastronomía.

Varias compañías de bomberos voluntarios acudieron al sitio para, primeramente controlar el fuego de grandes proporciones y luego para extinguirlo en su totalidad.

Uno de los rodados fue el que, a raíz presumiblemente de un corto circuito, habría generado el incendio. Posteriormente el fuego pasó al otro vehículo.

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Uno de los bomberos que acudió al sitio señaló que “se logró extinguir el fuego gracias al trabajo en conjunto con otras unidades donde un vehículo fue totalmente consumido por el fuego mientras que el otro camión solo la parte de la cabina fue afectada”.

Ahora se deberá saber cual podría ser la causa del incendio de ambos rodados.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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