Tras los datos publicados por el Ministerio Público, en el 2021 el hecho punible más denunciado fue la violencia familiar. En este sentido, la Fiscalía recibió el año pasado, de enero a diciembre, un total de 29.288 denuncias por el mencionado hecho punible.
De esta manera, se estima un promedio de 2.440 víctimas atendidas por mes y aproximadamente 80 víctimas por día, con lo cual se registra un incremento de casi 8 casos por día más con relación al 2020, en el cual se atendían 71 víctimas por día.
Mencionaron que a nivel país, en enero se denunciaron 2.513 casos, en febrero 2.288 y en marzo 2.584. Mientras que en abril se tuvieron 1.950 denuncias, en mayo 2.056 y en junio 2.022 casos. Seguidamente, en julio registraron 2.204 denuncias, en agosto 2.489 y en setiembre 2.589. Luego en octubre recibieron 2.412 denuncias, en noviembre ingresaron 2.956 casos y en diciembre un total de 3.125.
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Estas cifras reflejan que los meses con más denuncias fueron marzo, setiembre, noviembre y diciembre. En tanto que los departamentos con mayores causas ingresadas de violencia familiar figuran Central con 11.387, Asunción con 4.330, Alto Paraná con 3.569 y Caaguazú con 1.672.
Datos de años anteriores
Las cifras que maneja la Fiscalía señalan que hubo un aumento de denuncias por violencia familiar cada año, siendo que en el 2015 ingresaron 10.164 denuncias, en el 2016 se recibieron 13.142 denuncias, en el 2017 se recepcionaron 16.600 denuncias, en el 2018 ingresaron 21.840, en el 2019 la suma asciende a 26.039 y en el 2020 a 26.241.
Haciendo una comparación con años anteriores y según la evolución anual de denuncias por violencia familiar recibidas en el Ministerio Público en todo el país, entre el 2015 y el 2020 hubo un aumento de 158% de denuncias recibidas.
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Conatel informó a comisión del Senado sobre 290 prestadoras de internet
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.
Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.
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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.
Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.
“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.
Solución amigable
El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.
“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.
Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.
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Piden informe a Seprelad sobre cuentas offshore de Abdo y su esposa
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos solicitó informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que se informe sobre la vinculación del exmandatario y su pareja si se tiene cuentas en Seychelles.
El representante del Ministerio Público está investigando al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles, cuyos beneficiarios finales fueron el exjefe de Estado, y su esposa Silvana López Moreira.
De acuerdo a los datos preliminares, se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubái y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.
Los oficios fueron firmados el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
La unidad fiscal a cargo de la mencionada agente fiscal se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según documentos expuestos, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
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Contraloría Ciudadana pide avances a la Fiscalía en las denuncias penales contra Prieto
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este requiere a la Fiscalía avanzar en las denuncias penales presentadas por la organización no gubernamental contra el intendente Miguel Prieto, que cuenta con 49 casos por corrupción en su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, actualmente bajo intervención.
“En este proceso que estamos llevando adelante, a nosotros nos parece que la Fiscalía es muy lenta, ya que están comprobadas las irregularidades, los actos de corrupción que hizo Prieto en su administración. El intendente tiene solo dos imputaciones de las 49 denuncias en su contra”, indicó Magdalena Montiel, vocera de la agrupación civil, en una entrevista con radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños. “Las acusaciones son en base a documentos contundentes que fueron presentados. Prieto está perdiendo bastante fuerza, construyó su imagen política sobre las mentiras y, cuando estas fueron descubiertas, fue mermando la preferencia de la gente hacia él. Es un mesías y líder falso ya que en los primeros tiempos de su administración ya cometió hechos de corrupción“, refirió.
Antecedentes
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del movimiento Yo Creo está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500, en el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
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Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCIA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.