La Patrulla Caminera demoró 580 vehículos cuyos conductores incumplieron la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 5016/2.014. En total fueron realizados 7.315 alcotest a nivel país, de los cuales 297 dieron positivo durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de mayo.
Desde la institución se precisa que por carecer de chapa del rodado fueron sancionados 12 conductores, 21 por adelantamiento indebido y 37 por exceso de velocidad. En zonas de competencia de la Patrulla Caminera se registraron 39 siniestros viales, de los cuales en 19 solo se reportan daños materiales, 15 con saldo de heridos y 5 accidentes fatales. Entre las víctimas se contabilizan 23 heridos y 6 fallecidos.
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La Caminera insta a manejar con estricta atención a las normativas, además de protocolos de conducción segura, y pide fortalecer las buenas prácticas de conducción con énfasis en el estricto cumplimiento de alcohol cero al volante. Además, recuerda que la conducción debe ser con el cinturón de seguridad puesto.
Entre las principales infracciones resalta la falta de la licencia de conducir, que equivale a una sanción económica de G. 880.550, mientras que carecer de habilitación tiene una multa de G. 440.255. Igualmente, por adelantamiento indebido la multa alcanza los G. 1.056.361 y por exceso de velocidad equivale a G. 880.510.
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Corte investigará a abogada que usaba sala de juicios como set de videos para promocionarse
Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.
Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.
Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.
Comunicado
Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.
Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.
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Sanción o suspensión
“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.
El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.
Antecedentes del caso
Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.
El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.
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Ruta PY-12 reporta un avance del 60 % en su lote 3
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reportó que el lote 3 de la ruta PY-12, que conectará el bajo Chaco con el distrito de General Bruguez, Boquerón, reporta un avance del 60 %. La obra se divide en cuatro lotes con el fin de acortar distancias y dinamizar la economía de los distritos ribereños del Pilcomayo.
Las obras del lote 3 del proyecto de mejoramiento y conservación de la ruta PY-12, emprendido por el MOPC, llevan un 60 % de progreso, con varios frentes de trabajo activos a lo largo del tramo comprendido entre el kilómetro 80 y el 122, en el departamento de Presidente Hayes.
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La cartera del Estado reporta que entre las tareas en desarrollo se destacan la construcción de terraplenes, la estabilización de suelos con cal, la conformación de espaldones con suelo mejorado y la ejecución de excavaciones no clasificadas. También se avanza en la colocación de bolsones, la aplicaciones de suelo cemento y la instalación de drenajes transversales como alcantarillas, que conforman parte fundamental del sistema de desagüe.
El lote 3 tiene una longitud total de 44,4 kilómetros sobre el trazado principal e incluye un acceso adicional de 2,63 kilómetros hacia la comunidad de Ninfa, Presidente Hayes. Los trabajos están a cargo del Consorcio Vial Chaco, conformado por las empresas Weell Co S.A. y Teco SRL, con una inversión de G. 244.003 millones.
Los otros lotes
La obra está dividida en cuatro lotes y su objetivo principal es acortar distancias, mejorar el acceso a servicios básicos y dinamizar las economías de los distritos ribereños del Pilcomayo. El lote 1 abarca desde el kilómetro 2,5 hasta el 37,4, incluyendo el acceso a Nanawa, a cargo del Consorcio TEC.
El lote 2, va a lo largo de 42,8 kilómetros, a cargo del Consorcio Avanza Chaco, integrado por Construpar S.A., Tecnoedil S.A. y Ocho A S.A. Por último, el lote 4 se desarrolla entre el kilómetro 122,2 y el 160, incluyendo el acceso a General Bruguez y está a cargo del Consorcio Chaco Sur.
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Uso indebido de rampa de emergencia es pasible de multas de más de G. 1 millón
Ante la gran cantidad de conductores que deciden hacer mal uso de la rampa de frenado que se encuentra ubicada al pie del Cerro de Caacupé en zona de Pedrozo, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) informaron que los infractores se exponen a multas de hasta 10 jornales mínimos, por el uso indebido.
Según el ingeniero José Cabral, del ministerio de obras públicas, el uso indebido de esta franja auxiliar de emergencia es caratulada como una falta grave y que los conductores que la usan sin necesidad son pasibles a sanciones. Estas multas pueden pueden llegar a los 1.076.270 guaraníes (10 jornales mínimos).
“Imagínese que venga un camión de gran porte sin frenos y que un automóvil se ponga en el lugar. Tuvimos el caso de una camioneta cuyos datos ya se derivaron para su reconocimiento y también tuvimos el caso de una motocicleta, que estaba usando como mirador”, detalló Cabral, en entrevista con C9N.
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Desde su inauguración en octubre del 2023 hasta la fecha, un total de 44 conductores realizaron el buen uso de la rampa. En lo que va del año un total de 17 vehículos que realmente estaban en emergencia usaron la rampa de frenados. En tanto que, en el 2024 se reportaron 23 situaciones que ameritaron el uso y en el 2023 con cuatro reportes.
La infraestructura está disponible las 24 horas y su uso es totalmente gratuito para cualquier conductor que experimente fallas en los frenos o problemas mecánicos tras descender del cerro. El servicio de retiro de vehículos con desperfectos también se ofrece sin costo alguno para los conductores.
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Ejecutivo presentará un proyecto de ley “más amplio e integral” sobre el criadazgo
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Congreso, que buscará abordar de una manera más amplia e integral el flagelo del criadazgo que penosamente es una situación que se tiene en el país desde hace muchos años.
En conferencia de prensa en Mburuvichá Roga, luego de conversar con el vicepresidente y presidente en Ejercicio, Pedro Alliana, Gutiérrez explicó que la propuesta apunta a una legislación que permita una comprensión total de esta problemática.
“La posición del Poder Ejecutivo es que se pueda sancionar a las personas que cometen este tipo de situaciones y que tienen como víctimas a niños y niñas en situación de criadazgo. Una penosa situación que se vive en nuestro país desde hace muchos años, pero desde el Ejecutivo entendemos que debemos luchar frontalmente”, expresó el ministro.
En sesión extraordinaria, esta semana, el Senado analizó como único punto del orden del día el proyecto de ley “Que garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes”. Tras un amplio debate, el pleno resolvió rechazar la propuesta legislativa y la devolvió nuevamente a la Cámara de Diputados.
Durante este debate se pudo visualizar varias situaciones que generan preocupación, por lo que se vio la necesidad de impulsar una lucha frontal que contemple aspectos como la prevención y sanciones penales a los responsables.
“Entendemos que hubo alguna confusión, faltó aclarar algunos conceptos (…), al criadazgo no lo podemos considerar como algo bueno, es algo nefasto para nuestros niños y niñas, no debemos confundir algunas situaciones con el criadazgo, esto se da cuando un niño es separado de su familia y es llevado a otra familia, en esa se encuentra bajo condiciones de explotación laboral infantil a través del trabajo doméstico donde se le priva del acceso pleno de sus derechos como educación, salud, protección”, explicó.
No es cultura paraguaya
A criterio de Gutiérrez, el criadazgo no puede estar relacionado con la cultura paraguaya, bajo ningún punto de vista, por lo que debe ser desnaturalizado de la sociedad. Necesitamos de una pena o una sanción, remarcó.
Anunció que desde el Ejecutivo trabajarán con los diferentes actores parlamentarios, convencidos de que nadie quiere “algo malo para los chicos”, en contrapartida según dijo, están en la misma sintonía de proteger a los niños y niñas y salvaguardar sus derechos.
“En tema de los menores siempre hago la comparación con el abigeato, el hurto de una cabeza de ganado puede llevarte a la cárcel hasta 10 años y esclavizar a un niño o niña, no? Entonces debemos definir muy bien qué es lo que queremos como Estado, nosotros tenemos una claridad absoluta desde el Poder Ejecutivo y vamos a estar trabajando y dialogando con los diferentes actores”, acotó.
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