Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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En 1973, el condado de York, Pensilvania se vio conmocionado por la desaparición de una adolescente de 14 años. A principios de ese año, Ruth Elizabeth Brenneman había ido a la escuela y nunca más se supo nada de ella. Los familiares la buscaron, pero no había rastros de ella.

Unos meses después se encontraron los restos a 80 kilómetros al norte de su ciudad natal, específicamente el 10 de octubre de 1973, dos guardabosques encontraron los restos en avanzado estado de descomposición de una mujer, en aquel entonces no pudo ser identificado y la búsqueda siguió.

El hallazgo se produjo en un bosque de Union Township, según la Policía Estatal de Pensilvania, entre los matorrales, donde había una lona con los restos de una mujer de tez blanca, pero sin mayores detalles.

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Gracias al uso de la tecnología que existe hoy en día, las pruebas de ADN y las entrevistas con los familiares, se pudo determinar que los restos encontrados en ese entonces pertenecen a Ruth Elizabeth, la adolescente desaparecida hace más de 50 años. La identificación fue posible mediante investigación genealógica y análisis de ADN.

Ruth había nacido el 26 de noviembre de 1958 y cuando desapareció, en 1973, se había ido a la la escuela y nunca regresó a su casa. Si bien se logró la identificación del cuerpo, las investigaciones seguirán para determinar si llegó a la escuela y qué tan lejos llegó y volvió de ella.

Un par de meses después, sus restos fueron encontrados a unos 80 kilómetros al norte de su ciudad natal. Aún no está claro cómo murió la niña. La policía estatal de Pensilvania continúa la investigación sobre la muerte de Ruth para determinar sus últimas actividades conocidas, dijeron las autoridades.

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Este martes, dos delincuentes ingresaron a un local comercial de Lambaré y con arma de fuego en mano intimaron a los dueños y trabajadores para entregar el dinero, producto de la recaudación del día. Antes de cometer el acto delictivo, los malvivientes obligaron a los empleados a ingresar a la cámara frigorífica y los encerraron en el lugar.

Según el reporte policial, el hecho se registró hoy martes, en una carnicería ubicada sobre la avenida Cacique Lambaré. Todo quedó registrado en imágenes de cámara de seguridad donde se puede ver que los delincuentes ingresaron fuertemente armados, uno de ellos con el casco puesto y otro con la cara descubierta.

Tras dar la voz de asalto, estos se dirigieron a la caja donde estaba la dueña del local y la intimaron para que entregue todo el dinero, que rondaría los G. 20 millones. Un cliente que estaba siendo atendido fue obligado a tirarse al piso y también los trabajadores que estaban realizando sus labores.

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“Les entregué todo lo que tenía, porque temía por la vida de los trabajadores y mi hijo que estaba también en el local. Llegaron justo cuando estaba contando la recaudación hasta el mediodía y se llevaron más de 20 millones”, detalló Evangelista Aguilera, en entrevista con C9N.

Aseguró que estos hombres fueron muy violentos y que uno de ellos le tenía cara conocida e incluso pensó que se trataba de una broma. “Entraron y metieron a todos los trabajadores en la cámara frigorífica. Me dejaron sola con el cliente que se había tirado al piso. Creí que el primero que entró era un cliente, me tenía cara conocida”, puntualizó.

Se presume que estas personas manejaban los movimientos del local y que ya habrían llegado al lugar haciéndose pasar por clientes, para obtener datos relevantes. “Llegaron media hora antes de que haga mi cierre. Luego ya hacía los pagos y el depósito”, apuntó la mujer.

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La semana pasada se había publicado un informe oficial de la prueba de nitrito y nitrato en el caso del fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrido durante el allanamiento en su domicilio el 19 de agosto pasado en el marco del operativo Pavo Real II. El resultado de dicha prueba fue negativo; ya entonces se había informado que no era concluyente porque faltaban otros resultados.

Este jueves salió un nuevo informe oficial sobre el resultado de la pericia realizada por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, del Ministerio Público, en el cual señala que el arma del diputado Gomes realizó dos disparos, basándose en las dos vainillas servidas que fueron levantadas de la escena del hecho.

Ambas balas fueron recogidas del contramarco de la puerta, lado interno de la habitación de Lalo Gomes; y coinciden con el arma de fuego, pistola marca Glock 9 milómetros registrada a nombre del diputado colorado.

Igualmente, el informe señala los resultados obtenidos de las 5 vainillas servidas recogidas de la escena del hecho, que fueron percutidas por arma de fuego fusil marca Colt, perteneciente a los oficiales de la Policía Nacional, suboficial comisario Carlos García y suboficial Pablo Torales, quienes igualmente dieron positivo a la prueba de plomo, bario y antimonio, según detalla el mismo informe que se dio a conocer en la fecha.

En cuanto a la pericia de la autopsia realizada, como anticipo jurisdiccional de prueba, señala como conclusión que en las muestras tomadas del cuerpo del diputado fallecido no se ha detectado la presencia de alcohol, drogas o sustancias químicas. Por tanto, el dictamen de autopsia elaborado por el doctor Pablo Lemir concluyó que la muerte de Eulalio Gomes se dio de forma violenta, producida por un arma de fuego de alta velocidad que produjo la destrucción completa del corazón.

En tanto, señala que la descripción de las heridas halladas descarta que fueran compatibles con torturas o malos tratos, ni previos ni posteriores a la muerte del legislador.

En cuanto a la conclusión de la pericia química realizaa por el perito,concluye que las muestras tomadas mediante hisopado de manos y brazos de Eulalio Gomes resultaron positiva a plomo, bario y antimonio. Igualmente, menciona que la pericia realizada por el Ministerio Público, a las muestras tomadas por encintado de las manos y brazos del diputado Gomes resultaron negativo a plomo, bario y nitrito. Mientras que las muestras tomadas de las heridas del diputado si dieron positivas a plomo y bario.

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