La Policía Nacional detuvo a Ronny Ayala Benítez, alias Alemao, e incautó un arma de quien sería el autor material del crimen del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Foto: Gentileza.
Investigadores siguen buscando el arma utilizada para asesinar a Acevedo
Compartir en redes
El fiscal Federico Delfino señaló este miércoles que todavía no se encontró el arma utilizada para acabar con la vida del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Hasta el momento el principal sospechoso es Ronny Ayala Benítez, alias Alemao, detenido el lunes pasado.
“Lo que tenemos son diversos informes policiales de diversos actos investigativos que se vinieron realizando durante todo este periodo. Ronny Ayala no cae con el arma que se usó, pero la trazabilidad nos da que en otros homicidios él fue la última persona que detentó esa arma”, explicó el fiscal en comunicación con la radio 1080 AM.
Sostuvo que se realizaron varias investigaciones desde el asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, se obtuvo informaciones y el dato manejado por los investigadores es que el arma que se usó tendría Ronny Ayala, alias Alemao, pero hasta el momento no está siendo encontrada.
Delfino indicó que el arma usada para matar a Acevedo fue utilizada en otros hechos de similares anteriormente cometidos, pero tampoco se descarta que los sicarios se presten armas en distintos hechos, especialmente las muertes por encargo. El principal sospechoso ya se encuentra en Asunción, a disposición de la Fiscalía.
“Se hicieron varias investigaciones y el dato que tenemos es que el arma que se usó tendría Ronny Ayala. La investigación sigue su curso, estamos intentado determinar y ubicar el lugar del arma a través de los análisis técnicos. La experiencia que tenemos es que los sicarios se van prestando armas, son datos que tenemos, no siempre usan la misma”, agregó el fiscal.
La Policía Nacional detuvo en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, a Ronny Ayala Benítez, alias Alemao, quien sería el autor material del crimen del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, ocurrido el pasado 17 de mayo. Otro de los demorados fue Alejandro Ariel Ayala Otazú.
La periodista Rosana Escobar y el abogado Carlos Palacios abordaron la investigación periodística de Argentina en el espacio de Nación Media. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Fiscalía y Seprelad cuentan con mecanismos para indagar sobre el caso Abdooffshore
Compartir en redes
El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.
Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.
Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,
“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.
Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.
A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.
“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.
Expertos resaltan que no se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para la investigación del Ministerio Público. Foto: Pánfilo Leguizamón
Evidencias claras
La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.
“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.
Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.
Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.
“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.
Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.
Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.
“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.
Fiscalía descartó fuga de amoníaco en frigorífico de Pedro Juan Caballero
Compartir en redes
La Fiscalía descarta una fuga de amoníaco en el frigorífico Frigonorte de Pedro Juan Caballero (Amambay), tras reportarse la internación de nueve trabajadores por presentar síntomas compatibles con intoxicación.
Los afectados sufrieron desmayos, mareos, náuseas y vómitos; al principio se pensó en una inhalación de amoníaco, por lo que fueron derivados al hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS). Pero se realizó una inspección técnica y no se hallaron vestigios del citado químico en el ambiente.
“Ellos niegan de que hubo esta fuga y los bomberos no encontraron vestigios”, dijo la fiscal interviniente a Telefuturo. Comentó que un equipo del Ministerio Público visitó el IPS a fin de verificar la situación de los pacientes. Se tomaron datos de los empleados, aunque aclaró que no se pudo hablar con ninguno de ellos.
Así también, mencionó que los médicos no pudieron determinar aún la causa por la que estas personas tuvieron esas manifestaciones clínicas. “Aproximadamente 8 a 10 personas estaban, de las cuales unas cuantas ya fueron dadas de alta y otras seguían”, subrayó.
Según la agente del Ministerio Público solamente los médicos podrán confirmar lo que ocurrió en la citada firma. Los bomberos voluntarios utilizaron un equipo que detecta amoníaco y el marcador arrojó nula presencia del gas tóxico.
La Fiscalía imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, a una funcionaria del Registro Público y al abogado Óscar Tuma, por alterar el sistema para realizar transferencia de inmuebles. FOTO: ARCHIVO
Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
Compartir en redes
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
alteración de datos
acceso indebido a sistemas informáticos
alteración de datos relevantes para la prueba
lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
Fiscalía podría requerir datos vía exhorto a Seychelles
Compartir en redes
El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del periodista argentino Luis Gasulla, publicada en el portal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuentas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancionada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contestar pedidos de asistencia de cooperación penal internacional, particularmente en materia de cuentas bancarias, contenidos, saldos movimientos. Esta es una legislación interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documentación bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocultaron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
CONVENCIÓN DE PALERMO
“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas internacionales y vigencias de normas internas la obligación de contestar solicitudes de asistencia internacional”, reiteró el experto en leyes.
El abogado detalló que, de generarse una investigación por parte del Ministerio Público, la institución podrá requerir informaciones vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancillería. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investigación en base a las contingencias que va teniendo”, dijo.
“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdicciones. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valores que son de todos”, refirió Fernández Zacur.