Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y los cirujanos pediátricos volverán a reunirse este viernes en el marco de una audiencia prevista en el Palacio de Justicia, en un intento por buscar un acuerdo entre las partes. El gerente de Salud, Gustavo González, afirmó que pese a la mesa negociadora no se ha podido aún zanjar la crisis desatada por el reclamo de la reducción de la carga horaria laboral a doce horas semanales.

“Hasta ahora no hay una solución, pero siempre está la mesa negociadora donde nos estamos reuniendo y parece que cada vez estamos más cerca, pero hasta hoy no tenemos una solución definitiva”, señaló a la 1020 AM. Aclaró que la convocatoria en el Poder Judicial es por el amparo presentado por el instituto y hoy podría surgir novedades sobre el punto.

El médico aseguró que la medida judicial permitió garantizar la atención en el servicio de cirugía pediátrica. “Están los médicos que no presentaron renuncia. Tenemos vacíos unos días que por el amparo está cubierto por los médicos de tal manera a no dejar sin atención a los niños”, manifestó.

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González dijo que en el Hospital Central cinco cirujanos pediátricos están dando cobertura a los asegurados. En tanto el servicio de Cirugía Pediátrica en la regional de Ciudad del Este ya se normalizó. “Ellos se reincorporaron totalmente, hasta ahora no hay problemas desde ese punto de vista”, aseguró.

El profesional admitió que se resiente la realización de cirugías pediátricas debido a la escasa cantidad de médicos. “Hay días de cirugías programadas que se están haciendo y las urgencias están totalmente cubiertas”, garantizó.

Por otro lado, el doctor González reconoció que en medio de este conflicto, un cirujano de adultos efectivamente operó a un niño aunque afirmó que “tiene otras connotaciones más médicas que gremiales”, al reafirmar que el paciente recibió los cuidados requeridos, pese a los cuestionamientos hechos por la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica.

En la audiencia prevista para las 9:00 de la mañana a instancias de la Justicia hoy se definirá si continúa vigente el amparo judicial o ya se levanta.

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El jueves 5 de setiembre se reunirán las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) con cirujanos pediátricos para abordar el conflicto por la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales, que derivó en la renuncia de 8 médicos que exigían su inclusión en el plan piloto de implementación, y la consecuente medida cautelar que obtuvo la previsional para que los 5 médicos restantes del área no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia en el citado centro asistencia.

“Hay una última reunión el día jueves en la Superintendencia de Salud con la gente de IPS. Se le han entregado las propuestas, ellos ya hace tiempo tienen la solución a este problema en la mesa. Creemos que ya es una falta de voluntad el hecho de firmar esto porque todo lo que se planteó es técnicamente viable y está demostrado eso. Esperamos una respuesta de IPS”, expresó el doctor Roberto Riveros Mazó, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica (Sopacipe), y vocero de los cirujanos pediátricos renunciantes de IPS, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.

Respecto a la medida cautelar firmada el 31 de agosto por la jueza penal de Garantía de Turno de Asunción, Clara Ruiz Díaz, el doctor opinó: “Apareció un amparo judicial que lo único que hace es empeorar las cosas porque vemos como un gran desacierto por parte del IPS involucrar a la Justicia en esto. Ellos hablan de una extorsión y nada de eso se ajusta a la verdad. Este amparo obliga a los médicos nombrados que quedan en los servicios a cubrir incluso en horas extraordinarias las urgencias que pueden ocurrir en el IPS”.

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“El amparo afecta a los médicos nombrados que no estuvieron en la grilla de los renunciantes. Al exjefe de servicio, Kichiro Matsumura, quien había renunciado justamente por la insostenibilidad del mismo, y a la doctora Carla Espínola, encargada de las cirugías programadas durante las mañanas”, detalló. El gremialista afirmó que dos médicos pediatras mencionados en el amparo no realizan cirugías, sino solamente se ocupan de la evaluación clínica de los pacientes.

Riveros refirió que la medida judicial “exige que esas cinco personas estén pendientes de lo que pueda suceder en el IPS los siete días de la semana, las 24 horas del día”, y agregó que su aplicación resulta inviable porque estos médicos trabajan en otros centros asistenciales. “Este amparo lo único que hace es que nos une más como cirujanos pediátricos, nos reafirma en esta lucha y nos da más fuerza para seguir. Y se está generando un efecto bola de nieve donde otros médicos se están acercando a protestar”, comentó.

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El Instituto de Previsión Social inició la primera etapa de aplicación de la nueva carga horaria que rige desde el 1 de setiembre, en cumplimiento de la Ley 7137/2023, “Que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Salud”, y su reglamentación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mediante Resolución DGRRHH 2679 del 8 de julio de 2024, que establece la carga horaria de 12 horas semanales por cada vínculo laboral.

Sin embargo, este plan piloto no incluyó inicialmente a los cirujanos del área pediátrica del IPS, por lo que parte del equipo decidió renunciar al no obtener negociaciones favorables. La Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica (Sopacipe) emitió dos comunicados en apoyo a los renunciantes, los días 7 y 12 de agosto. En la última nota manifiesta: “Sostenemos como zona de conflicto al IPS, por lo que ningún otro especialista de cirugía infantil podrá ocupar estos cargos vacantes y exhortamos a todos los cirujanos infantiles que ocupan cargos en dicho centro de no aceptar nuevos rubros u horas extras bajo la presión de cubrir las vacancias perdidas”.

Este lunes, la previsional emitió este lunes un comunicado dirigido a asegurados y ciudadanía en general para explicar su versión de esta situación, luego de emitirse la resolución judicial, que expresa:

La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) se vio en la obligación de promover un amparo constitucional y accedió a una medida cautelar para garantizar la continuidad de los servicios de cirugía de urgencia en el Área de Pediatría del Hospital Central.

Esto se dio luego de que médicos cirujanos, en cumplimiento de un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, decidieran renunciar en conjunto para reclamar sus derechos relacionados con la carga horaria de 12 horas, establecida por la Ley 7137/2023. A pesar de que la propia ley dispone de una implementación gradual, los médicos buscan acceder de inmediato a través de una medida de fuerza.

La medida adoptada atenta contra el derecho a la salud y la vida de niños y adolescentes violando la Constitución de la República del Paraguay, tratados internacionales y leyes vigentes, especialmente el principio del “interiores superior del niño y el adolescente”.

Como medida de urgencia, la justicia dictó una acción cautelar que ordena a un grupo de médicos cirujanos del Servicio de Pediatría del Hospital Central a prestar atención médica en los horarios y turnos establecidos por la Dirección Médica del Hospital a los asegurados niños y adolescentes que requieran cirugías pediátricas en horario extraordinario.

Al mismo tiempo, insta a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica de abstenerse de promover medidas que restrinjan la atención a los asegurados, garantizándose el libre ejercicio profesional a los médicos que deseen cubrir esos turnos, para salvaguardar la salud y la vida de aquellos que requieran atención médica quirúrgica de urgencia.

La Administración del IPS reafirma su compromiso de escuchar las inquietudes de todos los sectores y, en la medida de lo posible, encontrar soluciones que beneficien a todos, pero siempre poniendo en primer lugar a los asegurados.

Orlandito es un pequeño de cuatro años y medio que en el 2021 fue diagnosticado con hipoacusia bilateral profunda, que se trata de la pérdida de la capacidad auditiva en ambos oídos, ante esta noticia sus padres Julio Gutiérrez y Dollys Rodríguez iniciaron una campaña para adquirir los dos implantes necesarios para salvar la audición de su pequeño, ahora que por fin cuentan con los mismos, pero los médicos del Hospital de Clínicas se niegan a realizarle la intervención.

Durante una entrevista con el programa Arriba Hoy emitido por el canal GEN/NaciónMedia el padre del pequeño explicó que primeramente ellos acudieron a pedidos de ayuda con amigos, familiares y entidades como el Ministerio de Salud para que los asistan en la compra de los implantes, ya que el monto es bastante elevado, finalmente recibieron respuesta favorable del Ministerio tras varios papeleos y solicitudes.

Hace más de siete meses que ya cuentan con los implantes necesarios, pero los médicos del Hospital de Clínicas, que es el único lugar donde se ejecutan este tipo de intervenciones, se niegan a aceptar los implantes, ya que según los profesionales el Ministerio de Salud debe hacerse cargo porque fue una compra hecha por el ente. Actualmente, la familia de Orlandito se encuentra llevando adelante un proceso judicial para acceder a la operación del pequeño mediante un amparo.

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“Hace más de siete meses que tenemos los implantes y estamos en este proceso y nuevamente desde el Hospital de Clínicas se niegan a dar una fecha para la cirugía, esta operación tiene que ser realizada antes de los cinco años porque de lo contrario va disminuyendo los beneficios con los que cuentan estos implantes para la mejoría del estado actual de mi hijo”, comentó visiblemente afectado Julio Gutiérrez al canal GEN.

El mismo manifestó que acude a denunciar públicamente el retraso de la operación porque considera que los temas burocráticos ya fueron zanjados y que se pone en riesgo el éxito de los implantes para un niño que cada día sufre por el deterioro de uno de sus sentidos, eso sin contar el hecho de que actualmente se encuentran contra reloj, motivo por el cual claman sé de una respuesta pronta y favorable por parte de las autoridades médicas.

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El juez Humberto Otazú indicó que cuenta con un plazo de 48 horas para emitir su resolución sobre el pedido de frenar la convocatoria de la megalicitación del Instituto de Previsión Social (IPS), referente a la intención de tercerizar por 10 años el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias por 67.000.000 de dólares.

“Para que el juzgado pueda tener la claridad de qué es lo que está sucediendo también necesitamos escuchar a la otra parte (autoridades del IPS). Esto es una circunstancia que tomó estado público en la prensa y a través de la misma, me voy enterando de algunas cosas. Las autoridades del IPS tienen tiempo de responder hasta este viernes, espero que lo hagan en un horario prudente para poder avanzar”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por la radio Universo 970 AM/Nación Media.

El amparo judicial y la medida cautelar fueron presentadas el pasado martes 30 de mayo, por Sergio Lovera, titular del Sindicato de Profesionales del IPS, y el abogado José Duarte, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la previsional. Ese día el magistrado informó al IPS respecto al litigio judicial.

“Yo tengo 48 horas para emitir mi resolución conforme a la ley. Me tocará estudiar el caso todo este fin de semana. Los plazos para su cumplimiento son improrrogables, son juicios especiales. Acá solo hay dos camino, es un sí o es un no (suspender o dar vía libre a la convocatoria para la licitación)”, puntualizó.

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Llamativamente la convocatoria fue acelerada tras los comicios generales del 30 de abril y se pretende su concreción antes de la asunción del próximo gobierno. La disposición cuenta con las firmas de Bataglia, Ricardo Vicente Oviedo y Roberto Brítez, miembros del Consejo de Administración como representantes del Ministerio de Salud Pública y de los Jubilados y Pensionados.

“Yo debo saber primeramente si cuando se presentó la acción del amparo ya existía o no un llamado a licitación, luego tengo que evaluar si el patrimonio se vería perjudicado, de quién o quiénes, cómo y cuándo, si ese acto administrativo es contrario a la ley o si esa omisión pueda perjudicar a alguien. Todas estas circunstancias vamos a poder evaluar una vez que el IPS conteste. Ahí haremos el contraste con los hechos que afirman los amparistas en este caso”, indicó Otazú.

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