Fiscalía reitera difundir imágenes de José Ozuna, niño desaparecido en Barrio Obrero
Compartir en redes
Hoy, 24 de julio, se cumple un mes de la desaparición de José Ozuna, el niño de 12 años que fue visto por última vez en Barrio Obrero de Asunción. Al respecto, el Ministerio Público reiteró y solicitó que se sigan difundiendo las imágenes del menor a fin de dar con su paradero.
“Niño desaparecido en Barrio Obrero: fiscal solicitó y reiteró que imágenes del niño José Ozuna de 12 años sean difundidas en todas las comisarías a nivel nacional”, indica la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.
Fiscalía reitera difundir imágenes de José Ozuna, niño desaparecido en Barrio Obrero. Foto: @MinPublicoPy.
Investigación
La fiscal del caso, Fátima Girala, había explicado a la 650 AM que desde el Ministerio Público manejan ciertas informaciones que hacen al proceso de investigación, pero que pistas claras sobre dónde podría estar “Peño” no se tienen. “Nada sabemos, pero manejamos mucha información, no podemos dar con el paradero de este chico. Se está haciendo la búsqueda en todo el país”, dijo.
Por otro lado, también cabe recordar que la madre del niño desaparecido, Josefina Ozuna fue imputada hace semanas por falta del deber del cuidado y cuenta con medidas alternativas a la prisión.
Además, la casa donde residía el menor junto con su progenitora y otros integrantes de la familia fue allanada y los celulares de cada uno fueron decomisados, mientras que en el patio de la vivienda se realizaron excavaciones para ahondar en posibles hipótesis en torno a la desaparición de Ozuna, pero no se encontraron elementos o indicios de dónde pudiera estar el niño.
Todas las personas interesadas en aportar datos sobre el paradero de José Ozuna, pueden comunicarse al Fono Ayuda 147, Sistema 911 de la Policía o al (0994) 748-826 con Emilce, hermana de Josefina.
La fiscal Mirtha Arévalos se constituyó en el Hospital San Jorge de Asunción ante presunto hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, denunciado por la jefa de la farmacia, Mirtha Orrego.
Los funcionarios de dicha dependencia fueron convocados por el Ministerio Público para brindar declaraciones sobre lo ocurrido.
“Lo primero que hicimos es constituirnos, conversar con el director, el doctor César Delmás. Nos autorizó a ingresar acá en la parte de farmacia, conversamos con la doctora Mirtha Orrego. Mayores datos aún no podemos dar”, dijo a Unicanal.
La agente del Ministerio Público explicó que mediante la constitución en el lugar se busca verificar los hechos denunciados.
“El día de mañana estarían por la unidad fiscal la doctora Mirtha Orrego, la licenciada Jacqueline y otros funcionarios que estuvieron de guardia el díaen que supuestamente ocurrió el hurto”, refirió.
En cuanto a la verificación de lo que es el sistema de seguridad de la institución manifestó que no vio “ningún circuito cerrado”.
“Le preguntamos también a la doctora Orrego si contaban con circuito cerrado en la zona anteriormente. Nos manifestó que no, pero que sí tienen circuito cerrado en la parte de Tomografía”, detalló.
La abogada Arévalos adelantó que en prosecución de la investigación, el Ministerio Público estará solicitando “todas las copias del circuito cerrado” a fin de llegar a esclarecer el hecho de hurto.
“El fiscalizador nos mostró más o menos el tipo de caja, esto podría sacarse en un bolso, solamente en un auto. No se necesitaba ningún vehículo de gran porte para ser trasladados estos medicamentos. Son pequeños medicamentos, pero en cuanto al valor económico son bastante altos”, expresó.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
Compartir en redes
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
Compartir en redes
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
Avioneta incautada: “No observé ninguna situación de violencia”, afirma fiscal
Compartir en redes
El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.
“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ningunasituación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.
El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.
“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.
Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.
“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.
Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.
Varias hipótesis
Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.