La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se refirió sobre la reunión tripartita prevista para este lunes que impulsa el Gobierno con los empresarios del transporte en busca de desactivar el paro de buses previsto para el lunes 21 de julio por un lapso de 72 horas.

“Se estarán llevando adelante las negociaciones. El sector de los transportistas ya presentaron algunos puntos dentro de la nota que habían arrimado al Ministerio del Trabajo. Vamos a estar abriendo este espacio de diálogo para hacer las negociaciones respectivas y esperar que no se llegue al paro”, indicó Recalde, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, la secretaria de Estado indicó que “el Ministerio del Trabajo busca mediar. El sector transporte es un servicio imprescindible, por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que no solo las negociaciones se lleven dentro del marco de lo que establece el código, sino también de garantizar posteriormente que esta medida no sea afectada en su totalidad”.

Lea más: Estudio técnico definirá si gasoducto irá en el Puente Bioceánico o bajo el río Paraguay

La mesa tripartita contará con la presencia de las autoridades del Viceministerio del Transporte y representantes del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), que ya confirmaron su asistencia.

“La tripartita se lleva a cabo para ver cuáles son las medidas que se tomarán y cuál es la propuesta del Gobierno. Este espacio de diálogo es abierto porque la ley nos obliga a que cualquier tipo de medida de fuerza que se quiera tomar, ya sea por parte de los empresarios o trabajadores, tiene que comunicarse al Ministerio del Trabajo”, refirió.

Lea también: Crédito de Taiwán para Che Róga Porã beneficiará a 8.000 familias, detalla ministro

Recalde acotó: “Nosotros como mediadores tenemos que lograr que ellos lleguen a un acuerdo. Como ministerio tenemos mecanismos legales para suspender cualquier tipo de paro por ser un servicio imprescindible para la ciudadana. Es más, hemos aplicado el pasado año una suspensión y durante ese tiempo de 10 días, el sector transporte está obligado a tener una bipartita y tratar de llegar a un acuerdo, pero lo que queremos es que en esta oportunidad se acuerde algún tipo de negociación siempre y cuando esté dentro de la posibilidad del gobierno“.

“Si no se llega a la solución del conflicto, cualquiera de las partes puede pedir al tribunal laboral la declaración de la legalidad o ilegalidad de la huelga y el juez, como una medida cautelar rápida, tiene que expedirse al respecto y dependiendo de eso se aplicarán las sanciones. Otro aspecto importante es que cuando hay un paro de transporte público hay pérdidas millonarias dentro de la economía”, comentó.

“El Ministerio del Trabajo está en un papel de conciliador, buscará los acuerdos entre las partes. La posición oficial del Gobierno estará dada por la posición del Viceministerio del Transporte”, dijo César Segovia, viceministro del Trabajo, este domingo, en comunicación con La Nación/Nación Media, con relación a la mesa tripartita prevista este lunes 14 de julio, a las 15:30, con empresarios del transporte, que confirmaron su participación.

Segovia informó que las autoridades del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) estarán acudiendo al encuentro previsto en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), en avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción. Ambos gremios anunciaron un paro de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, exigiendo al Gobierno el pago del subsidio.

“Nosotros en este rol de árbitros mediadores, vamos a estar buscando el acercamiento entre las partes o, en todo caso, plantear las fórmulas para que el paro pueda afectar en la menor medida posible a los usuarios del transporte público. En la búsqueda de la conciliación se puede lograr una suspensión o el levantamiento del paro“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Lea también: Militar fue herido en enfrentamiento en reserva Mbaracayú

Segovia manifestó que en caso de darse la suspensión por un periodo determinado los empresarios del transporte deberán garantizar a la ciudadanía una cobertura mínima del servicio con el fin de evitar que los sectores imprescindibles como salud, educación, energía se vean afectados.

Detalló que esta exigencia se encuentra garantizada en la Constitución Nacional en su artículo 98. “Ellos ya fueron notificados sobre la mesa el pasado día viernes y ambos gremios han confirmado su presencia. De hecho por las particularidades que reviste un paro, ellos no pueden no acudir a la convocatoria de las autoridades administrativas del Trabajo, están obligados. También confirmaron presencia las autoridades del Viceministerio del Transporte", comentó.

Te puede interesar: Titular de la Senad destaca efectividad de salida de agentes especiales en las calles

Desde el Gobierno se desmintió que la deuda por subsidios sea de USD 8 millones, como reclaman los empresarios del transporte. Se indicó que el monto equivale a USD 3,9 millones y corresponde a un atraso de un solo mes.

“Nosotros tenemos antecedentes de años anteriores, el pasado año, en el mes de junio, la Cetrapam ya había convocado a un paro, pero después de conversaciones pudimos llegar a un acuerdo en el cual se logró primero la suspensión de la medida de fuerza y luego el levantamiento. En aquella ocasión habíamos logrado suspender el paro por 22 días”, recordó.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, manifestó que es posible destrabar el paro anunciado por los transportistas para el próximo 21 de julio. En ese sentido, recordó que el Ministerio de Trabajo ha convocado a una mesa tripartita para el lunes a las 15:30, con la participación de los gremios que han tomado esta medida de fuerza.

“Tenemos confianza de que dialogando podamos encontrar un punto intermedio entre las pretensiones del sector empresarial y el Gobierno”, señaló a la 780 AM Segovia, quien recordó que una situación similar se presentó en junio del año pasado, cuando, tras una serie de conversaciones, se logró la suspensión de la medida de fuerza.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Trabajo optó por suspender preventivamente el paro, una facultad legal que le corresponde cuando existen condiciones para evitarlo, explicó. Los transportistas del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) coinciden en los puntos de sus reclamos.

Lea también: Peña anuncia nuevo episodio de su podcast con foco en el empleo

Uno de ellos es el atraso de dos meses en el pago del subsidio al transporte público, la revisión de la tarifa técnica, calculada en función a kilómetros recorridos y otros componentes, y el cuestionamiento al mecanismo de pago del subsidio, que actualmente se transfiere a mes vencido a las empresas, mientras que el gremio plantea que se haga directamente al usuario. Esta última propuesta implicaría un cambio en los procedimientos del Ministerio de Economía.

“El Viceministerio de Transporte ya manifestó que se están haciendo ajustes en la fórmula técnica, aunque reconocen que llevará un tiempo completarlos”, indicó el viceministro. Por otro lado, Segovia recordó que la ley establece la obligatoriedad de la convocatoria a una mesa de diálogo cuando se presenta una medida de fuerza, especialmente cuando se trata de servicios considerados imprescindibles.

“Vamos a tratar de que, si no se logra un acuerdo, el impacto sea lo menor posible. El transporte público está catalogado como un servicio imprescindible por ley, y los transportistas deben garantizar una cantidad mínima de buses en circulación”, puntualizó.

Le puede interesar: Ejecutivo firma decreto que fortalece la protección del derecho de autor

El viceministro de Tra­bajo, César Segovia, confirmó ayer que estarán remitiendo notas de invitación para la insta­lación de una mesa tripar­tita con el sector del trans­porte, el próximo 14 de julio a las 15:30, a fin de evitar el paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metro­politana (Cetrapam), entre el lunes 21 y el miércoles 23 de julio.

En conversación con el pro­grama “Dos en la ciudad”, que se emite por Universo 970 AM y canal GEN/Nación Media, Segovia explicó que el anuncio de la medida de fuerza activa un protocolo, que ya está establecido en la normativa legal, por el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remite una notifi­cación para una audiencia tri­partita de carácter obligato­rio para las partes.

“En ese momento se busca­rán los mecanismos y posi­bilidad de acuerdos, porque el objetivo de esta mesa es buscar la conciliación y evi­tar de ese modo la medida de fuerza”, explicó el viceminis­tro del MTESS acerca de la convocatoria de represen­tantes de Cetrapam y, por otro lado, del Viceministe­rio del Transporte, depen­diente del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC).

Indicó que a la desactivación del paro se puede llegar de dos formas, por la suspensión o bien el levantamiento total de la medida de fuerza. Segovia recordó que ya en junio del año 2024 se había dado una situación similar, y que luego de una serie de deliberacio­nes se lograron importantes avances.

“En esa ocasión, el minis­terio suspendió por 22 días la medida de fuerza, que es una de las facultades que tiene, y, en ese tiempo, se logró el acuerdo total y el levantamiento de la medida de fuerza. Ahora intentare­mos de vuelta de acercar las posiciones, y todo dependerá de la voluntad de las partes porque, a pesar de que sea una cuestión extrema, el paro es un derecho constitucional que tiene tanto patronales como empleados”, mencionó Segovia a Nación Media.

No obstante, manifestó que se buscará garantizar que se preste el servicio mínimo en caso de no llegar a un acuerdo antes de las fechas estableci­das para el paro. En tal caso, el Viceministerio del Trans­porte debe comunicar cuál es el mínimo de buses necesarios para garantizar que exista un servicio mínimo para no afec­tar a la ciudadanía.

Las pérdidas estimativas rondarían alrededor de G. 66.000 millones.

“Es urgente destrabar el paro de buses, saldrá perjudicado el sector más humilde”, sos­tuvo el especialista en empleo Enrique López Arce, al adver­tir que la medida impulsada por los empresarios del trans­porte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, generará una pérdida equi­valente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, López Arce indicó que para medir el impacto de la eventual huelga, considerada como ilegal por el Vicemi­nisterio del Transporte, usó como fuente los datos proveí­dos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refe­rente al comportamiento laboral por departamentos, así como el último informe del Banco Mundial, emitido en abril, y el informe de movi­lidad de Asunción y el Área Metropolitana del Viceminis­terio del Transporte, publi­cado en julio de 2023.

“De acuerdo a los últimos informes, en la ciudad de Asunción vienen a trabajar 269.470 trabajadores y en las principales ciudades de Cen­tral van 1.023.904 trabajado­res”, puntualizó el especia­lista a LN.

Señaló que el 69 % de los hoga­res cuenta con movilidad pro­pia, es decir, de cada 10 casas, en 7 hay una moto o un auto. Agregó que un 19.97 % de los trabajadores van en bus, cifra que representaría a un total de 100.000 personas.

“Si de estas 100.000 perso­nas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logís­tica ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, refirió López Arce.

Respecto al volumen de via­jes, detalló que el 51 % de la población utiliza los buses para acudir a sus puestos de trabajo, el 10 % usa para reali­zar compras, el 8 % para estu­dios y otro 8 % para el ocio, mientras que un 7,8 % para desarrollar otras gestiones (recoger a alguien).

“Hay aproximadamente 350.000 personas que se mueven diariamente en buses, el 51 % equivale a 175.000 trabajadores que probablemente estén usando los buses. Con el paro de buses nadie gana, ni el traba­jador, ni el transportistas, ni las empresas y mucho menos la economía”, lamentó.

“La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio”, expresó Rodrigo Gamarra.

El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sec­tor transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna cri­sis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del trans­porte”, dijo.

De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador com­partió unos datos concretos respecto a la suba de combus­tible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente San­tiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del -18 %.

“Nosotros, y menos la ciuda­danía, podemos seguir siendo rehenes de un grupo que ame­naza con paralizar el país cada vez que no se le da un privile­gio. El Estado no puede legis­lar bajo extorsión. Acá es nece­sario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .