El fiscal Eduardo Román explicó este viernes que con el fallecimiento de la joven Jennifer Alegre tras ser arrollada junto a otros de sus compañeros de colegio en la ciudad de Itá, se ampliará la imputación contra el menor que provocó el accidente y se agregaría la figura de homicidio culposo.
“Lastimosamente, el jueves falleció Jennifer Alegre. Con el fallecimiento de Jennifer cambiará la carátula fiscal, ya que el conductor fue imputado en principio por exposición al peligro en el tránsito terrestre”, manifestó el agente del Ministerio Público en comunicación con la radio 1080 AM.
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Mencionó que los compañeros de la joven ya fueron dados de alta, pero uno sigue internado y el menor de 17 años de edad, conductor del vehículo que habría arrollado a los adolescentes, sería imputado por homicidio doloso. La joven fallecida estaba embarazada y también perdió a su bebé.
Román indicó que en su momento ya se levantaron elementos probatorios del lugar donde los jóvenes fueron arrollados por el menor de 17 años. También personal de Criminalística elaboró un informe accidentológico sobre lo ocurrido, pero falta la pericia.
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“Se estaría ampliando la imputación, pero va a depender mucho del informe pericial que ahora estamos sacando una resolución para elaborar. Tenemos imágenes y podemos hacer una apreciación, pero dejamos siempre a los técnicos este tipo de casos. Las diligencias que apuntamos sería el homicidio culposo”, agregó el fiscal.
En el accidente resultaron heridas tres personas, entre ellas Jennifer Alegre, que falleció este jueves pasado, otra de las estudiantes resultó con heridas leves y un joven que estaba sobre su motocicleta sigue internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva. El menor que cometió el accidente habría tomado sin permiso el vehículo de la familia y fue a chocar contra estas personas en la ciudad de Itá.
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Procesan a una madre por abuso sexual y proxenetismo de su hija menor
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer es investigada por la agente fiscal Julia González y la imputó por abuso sexual, proxenetismo y violación del deber del cuidado de su hija menor de edad. El abuso sexual habría sido cometido de manera sistemática y la madre también la habría inducido a la prostitución.
La imputada, de 32 años, se encuentra recluida en la Comisaría de Mujeres, con asiento en el predio de la Dirección de Policía de Alto Paraná. La adolescente tiene hoy 15 años, pero los abusos sexuales ya las venía sufriendo, según la denuncia investigada por la fiscal Julia González.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, los hechos, habrían ocurrido de manera reiterada en la vivienda familiar de uno de los barrios de Ciudad del Este. La mujer habría manoseado a su hija desde que tenía 12 años.
También se la menciona a la mujer como responsable de haber ofrecido a la ahora adolescente, de 15 años, para mantener relaciones sexuales con un hombre, a cambio de dinero. En una ocasión, la adolescente fue trasladada a una vivienda de Presidente Franco para consumar el sometimiento sexual.
La Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes n.º 2 de Alto Paraná sostiene que, “la mujer no solo cometió los hechos de abuso sexual y proxenetismo, sino que también incumplió gravemente su deber de proteger y cuidar a su hija biológica”.
De acuerdo con los datos recabados por la agente fiscal, la menor era dejada sola en la vivienda, sin alimentos, lo que la obligaba a pedir comida a los vecinos. Fue una vecina quien la llevó a un dispensario médico porque la adolescente sentía molestias en su parte íntima.
En el citado dispensario, la víctima contó a una médica sobre los abusos sufridos. El personal de salud dio a conocer el caso a la Consejería de la Niñez y Adolescencia (Codeni), que luego comunicó a la Fiscalía.
Considerando la gravedad de los hechos imputados y la alta expectativa de pena carcelaria, la fiscal Julia González, solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de la mujer.
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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Alta velocidad causa accidente en Mariano Roque Alonso
Un aparatoso accidente se produjo en la ciudad de Mariano Roque Alonso que involucró al hijo de la intendenta de esta ciudad quien estaba al mando de la camioneta del diputado Marcelo Salinas. El conductor perdió el control del vehículo al impactar contra un montículo de arena y terminó incrustado en la muralla de una vivienda.
El siniestro se produjo a las 22:00 aproximadamente del día de ayer domingo en el barrio San Blas de la citada localidad. El joven identificado como Mauricio Sebastián Salinas Aranda (20) es hijo de la intendenta Carolina Aranda y del diputado Marcelo Salinas, quien fue auxiliado y derivado a un centro asistencial, pero por fortuna no sufrió lesiones de gravedad.
Aparentemente había una obra en construcción en esa zona por lo que había arena, piedra triturada en la capa asfáltica que habría ocasionado el percance de tránsito.
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Óscar Acuña, bombero voluntario de la compañía número 10 de Mariano Roque Alonso, explicó las circunstancias en que se produjo el accidente.
“Hubo un accidente de tránsito, nosotros vinimos a encontrar el vehículo ya incrustado acá por la casa. Hay una hipótesis que el vehículo venía de norte a sur y agarró un montículo de arena que dejaron seguramente albañiles. Y eso hizo que se desvíe ese vehículo y perdiera el control”, señaló a los medios de prensa.
Confirmó que el herido fue trasladado a un sanatorio por los propios vecinos del lugar. “Nosotros llegamos cuando ya le estaban llevando a la víctima. Según los transeúntes el muchacho estaba consciente y estaba hablando, quiere decir que no revestía tanta gravedad”, manifestó el rescatista.
A su vez el comisario Robert Caballero informó que el joven viajaba solo. “El vehículo es del diputado Marcelo Salinas, padre del accidentado”, confirmó el policía interviniente.
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Accidente en Caacupé se cobra su tercera víctima
El accidente registrado el pasado miércoles en el cruce Costa Pucú, en la circunvalación de Caacupé y donde primeramente perdieron la vida una abuela y su nieto, este domingo se cobró a su tercera víctima fatal, que sería la madre del pequeño fallecido identificada como Viviana Mabel Parra González.
La mujer se encontraba en estado crítico en el Hospital Distrital de Caacupé desde el miércoles y era tratada por diversas lesiones que habría sufrido tras el accidente automovilístico; pero este domingo en horas de la tarde, su suegro, a través de redes sociales, confirmó su deceso.
El accidente se produjo cuando el automóvil, un Toyota Corolla tipo Cross de color blanco, en el que circulaba la familia, intentó de manera brusca esquivar a un tractor que estaba tratando de cruzar la ruta. Debido a la maniobra, el conductor perdió el control del vehículo, el cual terminó impactando por el bloque de cemento que divide la ruta y pasó al carril contrario.
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Tras el impacto, Richard Antonio Leiva Bogado, quien iba al mando del automóvil, logró salir ileso del percance, sin embargo, en el lugar, casi de manera inmediata, se confirmó la muerte de su madre identificada como Porfiria Bogado Leiva (49) y su hijo Richard Samuel Leiva (3) y este domingo, tras la noticia del fallecimiento de su pareja, el joven se convirtió en el único sobreviviente de esta tragedia.
Según el relato del propio Richard, toda la familia estaba viajando desde Villarrica con destino a Asunción para un control médico programado, del niño fallecido. Este tramo ya fue catalogado por las autoridades locales como una zona muy peligrosa, ya que desde su habilitación se reportaron ya varios accidentes con derivación fatal en el sitio.
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