Un policía de nombre Jorge Villalba fue detenido por una denuncia de presunto secuestro exprés y extorsión ocurridos en el distrito de Yby Yaú, en el departamento de Concepción, realizada por Ramón Ibáñez, quien refirió que fue retenido por más de 5 horas por parte del uniformado que supuestamente le exigía G. 50 millones para liberarlo.
En tanto que, en su defensa, Villalba acusó a Ibáñez de impedirle acceder a un préstamo de G. 50 millones que habría solicitado cuando trabajaba como oficial de cuentas en una empresa. Entonces quedaron reunirse para llegar a un acuerdo en la terminal de ómnibus de Yby Yaú.
Según Ibáñez, fue subido a la fuerza por parte del policía a bordo de una camioneta, donde se encontraban dos hombres y una mujer. Allí le exigió que pague G. 50 millones o lo asesinarían. El denunciado como autor es un policía del Departamento de Investigación de Delitos.
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“Yo ordené que el personal policial y su celular sean traídos para el descargo. Él menciona que tiene audios y mensajes con el denunciante. Y que la suma de dinero que se menciona formaba parte de las conversaciones que tenían. Ahora tenemos que corroborar para esclarecer el hecho”, expresó el fiscal Carlomagno Alvarenga en contacto con 100 AM.
El denunciante finalmente logró realizar trasferencias bancarias que totalizaron G. 50 millones y lo dejaron en libertad. Cuando recibió la totalidad del dinero requerido, el policía liberó a Ibáñez en una zona boscosa de Yby Yaú, quien luego presentó una denuncia por secuestro en una comisaría de la zona.
“Se recepcionó una denuncia del señor que fue hasta la terminal de Yby Yaú, que fue alzado a la fuerza en un vehículo por un policía de nombre Jorge Villalba. El motivo sería porque el hombre debe al uniformado más de G. 50 millones, que se transfirieron en una cuenta bancaria”, dijo el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de investigaciones de Concepción.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.
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Denuncian escaneo de retina a cambio de dinero en Encarnación
A través de una minuta firmada este miércoles por los concejales encarnacenos, se hizo formal la denuncia acerca de escaneos de retina de varios ciudadanos por parte de desconocidos que ofrecen dinero a cambio. Hasta el momento se desconoce cuál sería el objetivo con este actuar.
En conferencia de prensa, el concejal Andrés Morel mencionó que desde la Junta Municipal se encuentran interiorizándose respecto a las circunstancias en que se habrían dado un importante número de escaneos de retina en la vía pública por parte de desconocidos que ofrecían entre 50.000 y 100.000 guaraníes.
Precisó que estas actividades se habrían llevado a cabo en zonas con una alta población vulnerable, como lo son los barrios San Antonio y San Pedro, donde inclusive por la gran afluencia de personas los montos de dinero disminuyeron. Explicó que las personas que están detrás de esta actividad aprovechan la necesidad de estos ciudadanos.
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“La verdad es que no sabemos cuál es la intención detrás de este escaneo. De acá a unos años las personas que entregaron esos datos pueden verse perjudicadas con un fraude informático y va a estar ligada sin saber; esa es la presunción que tenemos y lo que nos preocupa”, dijo el concejal.
Aseguró que cuentan con algunos indicios que ya fueron entregados a las autoridades, pero que esperan que la ciudadanía ya no caiga en esta entrega de información, aclarando nuevamente que no existe en el país una empresa que esté habilitada para recabar esta información tan personal.
“Lo que solicitamos es que se investigue, ya que desde que tomamos conocimiento e hicimos pública la información para advertir a los encarnacenos, estas personas desaparecieron, por lo que aún no tenemos su identidad”, sostuvo Morel.
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Boidanich refuta acusación fiscal y afirma que se cumplieron con todos los trámites
El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio
Solicitud al Brasil
En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.
Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.
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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.
Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.
Proceso de investigación
El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.
“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.
Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.
“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.
Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.
Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.
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CDE: directora de Talento Humano habría sido beneficiada con aporte para personas de escasos recursos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Suman datos sobre irregularidades en la administración del intendente Miguel Prieto, quien está a punto de ser apartado del cargo para el inicio de la intervención. La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este divulgó hoy martes un caso de asignación irregular de aportes a personas de escasos recursos, para responder a diferentes necesidades.
La entidad informó que realizó la investigación pertinente y encontró que figura en la planilla de abril un aporte de G 19.468.000 para Lilian Graciela Ávalos de Amaro. La nombrada es la madre de la directora de Talento Humano de la municipalidad de Ciudad del Este, Camila María Belén Zarza Ávalos, quien percibe un salario de G 14.500.000.
La licenciada Magdalena Montiel, dirigente de la Contraloría Ciudadana, manifestó a La Nación/Nación Media que, según la planilla municipal, figura como beneficiaria la madre de la funcionaria y la ayuda económica fue para la compra de medicamentos para su hija, la misma directora municipal.
La profesional refirió que la directora municipal no puede ser beneficiaria con ayuda económica de la comuna, porque no cumple con el requisito exigido por la ley, el de ser una “persona de escasos recursos”.
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La Contraloría Ciudadana recordó que, “este rubro consiste en aportes en concepto de asistencia social o de beneficencia, médico-hospitalarias, de laboratorios y otros servicios de asistencia directa a personas físicas y familias indigentes, personas especiales o excepcionales, comunidades indígenas y a sectores marginados”, según el inciso C de la normativa.
Agrega en el escrito de divulgación en red social que es “con fines humanitarios y otras asistencias de ayuda social a personas de sectores de escasos recursos”. El aporte para la directora no se inscribe dentro de los requisitos, remarcó Montiel.
Al revisar este caso, según la entrevistada, encontraron que los montos asignados para la ayuda económica aumentaron el doble en el presupuesto actual; el año anterior tenía como tope montos de G 10 millones, mientras que en el 2025, los topes son de G 20 millones.
La administración de Prieto fue intervenida, según decisión de la Cámara de Diputados y el jefe comunal será apartado del cargo para que asuma el interventor designado por el Poder Ejecutivo.