Al cumplirse este sábado tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, su esposa Claudia Aguilera divulgó una emotiva carta abierta haciendo un nuevo reclamo para que se haga justicia al recordar los terribles momentos que le tocó vivir el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú.

“Me desgasto día a día al pensar en lo que ocurrió. Perdóname, amor, por no poder recordarte sonriendo, por no recordar la calidez de tu abrazo y solo ver y escuchar los tres disparos; por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco”, expresa la periodista.

También menciona que su hijo Marcelito ya ha cumplido 2 años de edad, que cada vez se le parece más y está comenzando a hablar muy bien. Le comenta que le habla de su padre, pero tal vez no lo suficiente. Resalta que desea protegerlo de todo lo malo que les ha tocado vivir como familia, “de la infamia de vivir en un país sin justicia”.

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Aguilera manifiesta que la memoria de su esposo asesinado aún “molesta a las autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir, no sé a quién o a quienes, y borrar, de paso, tu legado".

“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”, continúa su carta. Así también, reconoce pesar por sentirse alejada de Dios en los momentos que le abruma la tristeza

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“Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor, son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras”, comparte en un tramo final.

Aguilera se despide pidiéndole a su esposo que le de la fuerza para no claudicar y mantener la fe. Señala que tanto sus padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas personas que lo han amado lo van a recordar y seguir honrando su memoria buscando que se haga justicia en algún lugar del mundo.

• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Este sábado 10 de mayo se cumplen tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en una playa de Barú, en Colombia, y el caso, lejos de cerrarse, sigue dejando muchas preguntas sin respuestas. El crimen, que estremeció a Paraguay y a gran parte de América Latina, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la lucha contra el crimen organizado en la región.

Pecci, fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, fue asesinado mientras se encontraba con su esposa —la periodista Claudia Aguilera, embarazada de pocos meses— durante su luna de miel, en un atentado que, según las investigaciones del Ministerio Público de Colombia, fue planificado con precisión por redes criminales transnacionales.

“Son tres años y lamentablemente no se sabe todavía quiénes fueron los autores de morales de su muerte. Hasta el momento la justicia está incompleta, pero las esperanzas son las últimas que se pierden, espero que en poco tiempo se pueda llegar a saber realmente quienes fueron”, dijo Maricel Albertini, madre de Pecci en comunicación con La Nación/Nación Media.

Desde entonces, nueve personas han sido capturadas, juzgadas y condenadas por su participación, entre ellos los autores materiales y algunos intermediarios logísticos. Sin embargo, el autor intelectual del crimen sigue en las sombras y se desconoce si fue una persona, un grupo criminal e incluso no se sabe de qué país vino la orden para acabar con la vida de Pecci.

Durante estos tres años, la figura de Marcelo Pecci ha sido recordada en múltiples escenarios como ejemplo de integridad profesional y valentía. Sin embargo, su familia insiste en que los homenajes deben ir acompañados de avances concretos en la identificación y juzgamiento de los verdaderos responsables detrás del asesinato.

“Tengo entendido que ahora hay una cooperación entre Paraguay y Colombia, creo que están intercambiando datos, pero no se sabe realmente, yo creo que la orden no solo salió solo de Paraguay y es un grupo más bien a nivel internacional, pero esas son suposiciones mías, porque no hay mucha información sobre eso”, expresó.

Los indicios apuntan a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, en grupos asociados al prófugo uruguayo Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Andrés Franco Mendoza, ambos paraguayos recluidos en cárceles de Paraguay. Incluso, el presidente colombiano Gustavo Petro apuntó en reiteradas ocasiones al uruguayo en sociedad con un capo en Colombia como responsables de haber ordenado y financiado este crimen.

En marzo de este año, la familia presentó una demanda contra el Estado colombiano y el hotel donde ocurrió el crimen, señalando fallas de seguridad y omisiones graves. La familia pide un resarcimiento de USD 2,4 millones y su defensa alegan se suministraron datos de suma relevancia y se facilitó el acceso de los asesinos a lugares reservados.

En Colombia, la investigación ha tenido avances significativos, pero también retrocesos dolorosos. El asesinato en prisión de Francisco Luis Correa, quien habría sido un testigo clave por su rol de coordinador entre los autores materiales y los autores intelectuales, fue un golpe a la causa. Para muchos, su muerte representa una muestra más de la capacidad de las estructuras criminales para obstruir la justicia incluso dentro del sistema penitenciario, puesto que existen severas dudas de que su fallecimiento haya sido simplemente producto de una rencilla entre reclusos.

Desde organismos internacionales hasta embajadas extranjeras, la presión para esclarecer el caso se mantiene. Estados Unidos ha reiterado su compromiso en apoyar la lucha contra el crimen organizado en Paraguay, y asociaciones de fiscales de toda Iberoamérica han elevado su voz para exigir justicia y recordar el legado de Pecci.

En Asunción, este nuevo aniversario estará marcado por conmemoraciones y recordaciones organizadas por la familia Pecci y por sus excompañeros del Ministerio Público, a quien les une el reclamo de poder llegar a la verdad, porque a tres años del crimen, la justicia sigue siendo una deuda pendiente.

“Muere el que es olvidado y él siempre está vivo, a menudo le hacen homenajes y siempre se le recuerda. Él está aunque no esté presente de cuerpo con nosotros, su alma está entre nosotros”, cerró diciendo su Maricel.

El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, reveló una noticia de gran valor a nuestro diario. En una entre­vista para La Nación/Nación Media señaló que en estos tres años que van desde el 2024 al 2026 la entidad binacional invertirá en Paraguay en ayudas sociales 1.950 millo­nes de dólares, una cifra superior a todo lo que ha invertido en el país en los últimos 20 años, que eran 1.670 millones, monto que representa un 16,76 % más que lo apor­tado en los dos decenios pasados. Esto dará impulso a numerosos proyectos económi­cos y sociales en todos los departamen­tos del país para dinamizar el desarrollo que está encarando el Gobierno nacional, tanto en obras viales, infraestructura, como equipamientos para la Policía Nacional y la salud pública. Muchos de estos proyectos ya están en plena ejecución, en tanto que otros están a punto de iniciarse con la interven­ción del Estado.

Lo resaltante es lo mencionado por el director de la entidad, que hizo hincapié en los benefi­cios que se están financiando con las nuevas transferencias de esta administración.

Manifestó que se está apostando a la descen­tralización mediante los aportes que está haciendo a los distintos departamentos del país, como las maquinarias viales de gran nivel, con mantenimiento y combustible incluido, que ya están trabajando en diver­sos lugares geográficos. Esto costó a la Itaipú alrededor de 20 millones de dólares que se han entregado a las gobernaciones.

En materia de seguridad, destacó la entrega de 560 camionetas que son los vehículos patrulleros de la Policía Nacional, a las que se sumarán otras 100 unidades móviles que proporcionarán próximamente, además de equipamientos varios, equipos de comuni­cación, chalecos, armas y proyectiles.

El Hospital General de Coronel Oviedo, recientemente inaugurado, recibió una importante contribución de la binacional, lo mismo que el Gran Hospital del Sur, ubicado en Encarnación, que se habilitará a media­dos de año.

La construcción de viviendas para la gente necesitada también tiene el aporte de la enti­dad, para lo cual cuenta con convenios con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi­tat (MUVH) para poder construir más de 3.000 casas.

Es importante resaltar que, como parte de su tarea habitual, la entidad hidroeléctrica ha transferido al país en el 2024 en cumpli­miento de las obligaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú la suma de 549 millones de dólares, una cifra superior en algo más del 2 % a la que había pasado al Estado para­guayo en el 2023. El mencionado monto corresponde a la producción eléctrica de la entidad y corresponde a los royalties, cesión de energía y pagos a la Ande.

Por otro lado, las contribuciones a la vida paraguaya que ha anunciado el director paraguayo constituyen ayudas adiciona­les a los otros aportes, como los realiza­dos hasta ahora por Itaipú por el Anexo C, que constituyen una importante colabo­ración para los gobiernos departamenta­les y municipales para encarar programas e inversiones. Cabe mencionar que una parte de los royalties se destina al Presu­puesto General de la Nación, y el dinero obtenido por cesión de energía se incor­pora al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), que se distribuye a los departamentos del país.

Por consiguiente, a todo lo que hasta ahora la entidad binacional ha contribuido habi­tualmente para el país debe agregarse lo mencionado por el director paraguayo a nuestro diario que, según la interpretación de los entendidos, constituye una ayuda adi­cional de extraordinarias dimensiones.

El hecho de que en tan solo tres años la Itaipú Binacional está erogando en con­cepto de gastos sociales y continuará invir­tiendo más que todo lo que se ha venido pagando por diversos conceptos en los últimos 20 años es digno de destacar, pues constituye una realidad de gran relevan­cia para el país. Porque el beneficiario será el pueblo paraguayo, sea como niño estu­diante o ciudadano común, que será objeto de mayores inversiones encaminadas a avanzar como persona para el logro de sus objetivos.

Con nuevas rutas, mejores caminos, ali­mentación escolar suficiente, hospitales bien equipados y mayor seguridad pública, el principal favorecido será el pueblo al que van destinados los principales esfuerzos de las instituciones del Estado. Teniendo en cuenta el buen crecimiento económico esperado, todo lo mencionado contribuye fuertemente a encender las esperanzas de que más gente tendrá una vida mejor.

Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, secuestrado hace tres años por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aguarda que el nuevo gobierno encabezado por Santiago Peña logre dar con el paradero del dirigente político de Concepción y los demás retenidos, el suboficial Edelio Morínigo y el empresario del sector ganadero Félix Urbieta.

Lamentó que en el anterior gobierno comandado por el exmandatario Mario Abdo Benítez no se haya tenido mayores informaciones sobre el paradero de los secuestrados. “Tuvimos muchas promesas, no se logró el resultado que nosotras queríamos, volvemos a tener promesas, pero ahora sí ya con un plan de acción, apenas asumieron estas nuevas autoridades. Seguiremos exigiendo y luchando hasta encontrar a los tres, no nos cansaremos. Nuestras esperanzas están centradas”, refirió.

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“Estamos llegando al tercer año sin papá, sin saber nada de él, sin tener información, sin nada. El Gobierno ahora tiene una nueva cara, hay muchos compromisos, promesas, esperanzas centradas, pero esperamos que no termine solo en eso, en simples promesas, sino que realmente sean realidades y que podamos tener algún avance que nos lleve a encontrar no solo a papá, sino a Edelio Morínigo y Félix Urbieta”, sostuvo Denis.

Óscar Denis fue secuestrado por el EPP la tarde del jueves 9 de setiembre de 2020 cuando se encontraba en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Con­cepción. El plagio del político, ya retirado en ese entonces, fue a sus 74 años. También fue secuestrado el peón identificado como Adelio Mendoza, quien fue liberado el 14 de setiembre y fue la última persona que vio al dirigente liberal.

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“Nosotros nos guiamos por resultados y en la fecha no se tiene ningún resultado en cuanto a los secuestrados. A lo mejor, el Estado tiene una visión diferente o tenemos objetivos diferentes, encontrar a los secuestrados para nosotros es prioridad, pero a lo mejor para ellos no fue la misma”, manifestó la hija del exvicepresidente.

Si bien, en un principio la búsqueda para dar con su paradero fue intensa, incluso el anterior gobierno recibió el apoyo de expertos de Colombia con el fin de fortalecer las acciones de inteligencia para hallar a Denis, las tareas fueron diluyéndose con el tiempo, hasta llegar a la nada y sin tener respuestas de qué fue lo que ocurrió con Óscar Denis.