El comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, ratificó este viernes que los camiones de gran porte no pueden ingresar a Asunción y destacó que los uniformados usarán la fuerza si los transportistas no respetan las leyes existentes. Los trabajadores del sector advierten que situarán la capital del país si el Gobierno no baja el precio del combustible de Petropar.
“Camiones de gran porte no pueden entrar a Asunción y no van a entrar. Entendemos sus reclamos, pero tenemos que actuar preservando el orden público. Hay calles que no tienen condiciones para que transiten estos grandes camiones”, manifestó el comandante en comunicación con la radio 650 AM.
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Mencionó que como comandante de la Policía Nacional ya dialogó con los líderes de los camioneros sobre la imposibilidad de ingresar a la capital del país con sus rodados de gran porte, en el marco de las protestas que vienen realizando por la reducción del precio del combustible de Petropar y las promesas incumplidas del Gobierno.
Fleitas indicó que los camioneros tienen todas las garantías para manifestarse por la reducción del precio del combustible, pero que la ciudadanía también tiene el derecho de circular libremente por todo el territorio nacional, consagrado en la Constitución Nacional, e insistió en que “no se puede quebrantar el orden público”.
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“Así como le damos garantías a los camioneros para manifestarse, también tenemos que dar garantías a los demás ciudadanos que tienen que movilizarse por la ciudad. Si se quebranta el orden público, deberemos tomar medidas. Venimos hablando con los líderes sobre eso y les informamos en su momento”, agregó el comandante.
Los camioneros y otros gremios de transportistas siguen con las protestas en varios puntos del país a causa de las promesas incumplidas de las autoridades con los precios de Petropar. En julio pasado, el Gobierno acordó una tarjeta de descuento con los transportistas, pero denunciaron que los plásticos no funcionaron y exigen G. 1.500 de reducción.
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El Gobierno convoca a tripartita con transportistas para evitar paro
El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó ayer que estarán remitiendo notas de invitación para la instalación de una mesa tripartita con el sector del transporte, el próximo 14 de julio a las 15:30, a fin de evitar el paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), entre el lunes 21 y el miércoles 23 de julio.
En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, que se emite por Universo 970 AM y canal GEN/Nación Media, Segovia explicó que el anuncio de la medida de fuerza activa un protocolo, que ya está establecido en la normativa legal, por el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remite una notificación para una audiencia tripartita de carácter obligatorio para las partes.
“En ese momento se buscarán los mecanismos y posibilidad de acuerdos, porque el objetivo de esta mesa es buscar la conciliación y evitar de ese modo la medida de fuerza”, explicó el viceministro del MTESS acerca de la convocatoria de representantes de Cetrapam y, por otro lado, del Viceministerio del Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Indicó que a la desactivación del paro se puede llegar de dos formas, por la suspensión o bien el levantamiento total de la medida de fuerza. Segovia recordó que ya en junio del año 2024 se había dado una situación similar, y que luego de una serie de deliberaciones se lograron importantes avances.
“En esa ocasión, el ministerio suspendió por 22 días la medida de fuerza, que es una de las facultades que tiene, y, en ese tiempo, se logró el acuerdo total y el levantamiento de la medida de fuerza. Ahora intentaremos de vuelta de acercar las posiciones, y todo dependerá de la voluntad de las partes porque, a pesar de que sea una cuestión extrema, el paro es un derecho constitucional que tiene tanto patronales como empleados”, mencionó Segovia a Nación Media.
No obstante, manifestó que se buscará garantizar que se preste el servicio mínimo en caso de no llegar a un acuerdo antes de las fechas establecidas para el paro. En tal caso, el Viceministerio del Transporte debe comunicar cuál es el mínimo de buses necesarios para garantizar que exista un servicio mínimo para no afectar a la ciudadanía.
Advierten que paro de buses generará gran perjuicio laboral
Las pérdidas estimativas rondarían alrededor de G. 66.000 millones.
“Es urgente destrabar el paro de buses, saldrá perjudicado el sector más humilde”, sostuvo el especialista en empleo Enrique López Arce, al advertir que la medida impulsada por los empresarios del transporte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, generará una pérdida equivalente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, López Arce indicó que para medir el impacto de la eventual huelga, considerada como ilegal por el Viceministerio del Transporte, usó como fuente los datos proveídos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referente al comportamiento laboral por departamentos, así como el último informe del Banco Mundial, emitido en abril, y el informe de movilidad de Asunción y el Área Metropolitana del Viceministerio del Transporte, publicado en julio de 2023.
CERCA DE 270 MIL TRABAJADORES
“De acuerdo a los últimos informes, en la ciudad de Asunción vienen a trabajar 269.470 trabajadores y en las principales ciudades de Central van 1.023.904 trabajadores”, puntualizó el especialista a LN.
Señaló que el 69 % de los hogares cuenta con movilidad propia, es decir, de cada 10 casas, en 7 hay una moto o un auto. Agregó que un 19.97 % de los trabajadores van en bus, cifra que representaría a un total de 100.000 personas.
“Si de estas 100.000 personas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logística ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, refirió López Arce.
MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN
Respecto al volumen de viajes, detalló que el 51 % de la población utiliza los buses para acudir a sus puestos de trabajo, el 10 % usa para realizar compras, el 8 % para estudios y otro 8 % para el ocio, mientras que un 7,8 % para desarrollar otras gestiones (recoger a alguien).
“Hay aproximadamente 350.000 personas que se mueven diariamente en buses, el 51 % equivale a 175.000 trabajadores que probablemente estén usando los buses. Con el paro de buses nadie gana, ni el trabajador, ni el transportistas, ni las empresas y mucho menos la economía”, lamentó.
Diputado afirma que el paro es presión abusiva contra la ciudadanía
“La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio”, expresó Rodrigo Gamarra.
El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte”, dijo.
De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.
Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del -18 %.
“Nosotros, y menos la ciudadanía, podemos seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .
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Paro de transportistas es una presión abusiva contra la ciudadanía, reprocha legislador
El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.
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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.
Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.
“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .
El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.
“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.
Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.
“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.
Posibilidad de demanda civil
Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.
Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.
“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.
Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.
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Paro de buses generará perjuicio laboral por G. 66.000 millones, advierte experto
“Es urgente destrabar el paro de buses, saldrá perjudicado el sector más humilde”, sostuvo el especialista en empleo, Enrique López Arce, al advertir que la medida impulsada por los empresarios del transporte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, generará una pérdida equivalente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, López Arce indicó que para medir el impacto de la eventual huelga, considerada como ilegal por el Viceministerio del Transporte, usó como fuente los datos proveídos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), referente al comportamiento laboral por departamentos, así como el último informe del Banco Mundial, emitido en abril, y el informe de movilidad de Asunción y el área metropolitana del Viceministerio del Transporte, publicado en julio del 2023.
“De acuerdo a los últimos informes, en la ciudad de Asunción vienen a trabajar 269.470 trabajadores y en las principales ciudades de Central van 1.023.904 trabajadores”, puntualizó el especialista a LN.
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Señaló que el 69 % de los hogares cuenta con movilidad propia, es decir, de cada 10 casas, en 7 hay una moto o un auto. Agregó que un 19.97 % de los trabajadores van en bus, cifra que representaría a un total de 100.000 personas.
“Si de estas 100.000 personas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logística ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, refirió López Arce.
Respecto al volumen de viajes, detalló que el 51 % de la población utiliza los buses para acudir a sus puestos de trabajo, el 10 % usa para realizar compras, el 8 % para estudios y otro 8 % para el ocio, mientras que un 7,8 % para desarrollar otras gestiones (recoger a alguien).
“Hay aproximadamente 350.000 personas que se mueven diariamente en buses, el 51 % equivale a 175.000 trabajadores que probablemente estén usando los buses. Con el paro de buses nadie gana, ni el trabajador, ni el transportistas, ni las empresas y mucho menos la economía", lamentó.
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Gobierno convoca a mesa tripartita con transportistas para evitar el paro
El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que este viernes estarán remitiendo notas de invitación para la instalación de una mesa tripartita con el sector del transporte, el próximo 14 de julio a las 15:30, a fin de evitar el paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), entre el lunes 21 y el miércoles 23 de julio.
En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, que se emite por Universo 970 AM y canal GEN/Nación Media, Segovia explicó que el anuncio de la medida de fuerza activa un protocolo, que ya está establecido en la normativa legal, por el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remite una notificación para una audiencia tripartita de carácter obligatorio para las partes.
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“En ese momento se buscarán los mecanismos y posibilidad de acuerdos, porque el objetivo de esta mesa es buscar la conciliación y evitar de ese modo la medida de fuerza”, explicó el viceministro del MTESS acerca de la convocatoria de representantes de Cetrapam y, por otro lado, del Viceministerio del Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Indicó que a la desactivación del paro se puede llegar de dos formas, por la suspensión o bien el levantamiento total de la medida de fuerza. Segovia recordó que ya en junio del año 2024 se había dado una situación similar, y que luego de una serie de deliberaciones se lograron importantes avances.
“En esa ocasión, el ministerio suspendió por 22 días la medida de fuerza, que es una de las facultades que tiene, y, en ese tiempo, se logró el acuerdo total y el levantamiento de la medida de fuerza. Ahora intentaremos de vuelta de acercar las posiciones, y todo dependerá de la voluntad de las partes porque, a pesar que sea una cuestión extrema, el paro es un derecho constitucional que tiene tanto patronales como empleados”, mencionó Segovia a Nación Media.
No obstante, manifestó que se buscará garantizar que se preste el servicio mínimo en caso de no llegar a un acuerdo antes de las fechas establecidas para el paro. En tal caso, el Viceministerio del Transporte debe de comunicar cuál es el mínimo de buses necesarios para garantizar que exista un servicio mínimo para no afectar a la ciudadanía.