El debate, las publicaciones periodísticas, la ley de transparencia para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido valoradas en el plano internacional, específicamente en Perú, país desde donde Rossana Escobar, jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, fue entrevistada este viernes.

“En Paraguay el año pasado fue un escándalo la donación de USD 58 millones que se había administrado en un grupo de ONG”, comentó la periodista, quien señaló que el 2024 fue un año clave en todo lo relacionado a los fondos administrados por las organizaciones sin fines de lucro.

De acuerdo a lo expuesto por Escobar, las investigaciones develaron que estas ONG administraban cifras siderales de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias de cooperación bajo la excusa de luchar contra la corrupción a través de diversos proyectos, no obstante, había un esquema donde la mayor parte del dinero era destinado simplemente a salarios y honorarios profesionales.

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“Se desmanteló un teatro gigantesco cuando salieron las facturas de cómo cobraban. Estos no son recursos privados como se quieren hacer creer, estamos hablando de una cooperación internacional que viene a nombre del Estado, tenían clanes enteros dentro de las organizaciones, había gente liderando ONG que se candidató en las últimas elecciones”, remarcó.

La entrevista a la periodista experta en investigación fue brindado por la Sociedad de la Libertad, un sitio peruano donde también dieron a conocer que el mismo esquema que estaba montado en nuestro país, también opera en Perú donde existe una fuerte campaña de quienes se oponen a que exista una ley que transparente el manejo de las organizaciones sin fines de lucro.

“Fue una dura lucha, acá había muchísimo temor con respecto a eso, pero acá no hay un solo indígena o campesino beneficiario de esas ayudas humanitarias que hayan salido a manifestarse, todos son miembros de estas ONG que en su mayoría son empresarios y políticos también. Los impulsores de la iniciativa se ganaron una cantidad de tapas de diario, garrotes a través de la prensa”, recordó Escobar.

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La periodista de Nación Media precisó al medio peruano que el escándalo en nuestro país surgió luego de que las investigaciones revelaran que un pequeño grupo de ONG eran los habituales receptores de dinero obtenido a través de la cooperación internacional. Estas organizaciones gozaban de la credibilidad de la ciudadanía por los espacios que recibían en la prensa por ser considerados personas de alto prestigio.

“Toda la plata se fue a honorarios profesionales, es decir, el proyecto que se había firmado era para fortalecer la transparencia, porque esa es la bandera que utilizan en la mayoría de los países, el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, del control ciudadano y la gente cree en eso, sin embargo, lastimosamente es un gran negocio”, expresó.

El jefe de Estado, Santiago Peña, anunció que ya se encuentra vigente la reglamentación de la Ley 7269/2024, “De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte”. La normativa fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 11 de junio del 2024 y plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficionados y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos.

“Cumpliendo con nuestro compromiso de garantizar un Paraguay más seguro, por primera vez hemos abordado de manera integral la violencia en el deporte”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales oficiales. La reglamentación de la citada ley fue establecida mediante el decreto 3337/25. La norma estipula entre las conductas de violencia no solo la agresión física, sino incluso cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones del evento.

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“Este nuevo marco legal brinda herramientas efectivas para combatir la violencia en los estadios, protegiendo a los espectadores, a la comunidad deportiva y asegurando el desarrollo seguro de los espectáculos deportivos”, manifestó Peña. En la ley también se fija el castigo para quienes financien a grupos organizados, conocidos como barrabravas. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para situaciones concretas de agresión y destrozos, se establece multas para los infractores.

Igualmente, la ley indica que se aplicará la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. “Las medidas implementadas no solo reforzarán la seguridad, sino que también contribuirán a la convivencia pacífica, al impulso del deporte y al fortalecimiento de la economía”, comentó el presidente.

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Por: Sofía Céspedes

(sofia.cespedes@nacionmedia.com)

La tendencia de los últimos seis años refleja que los gobiernos mantuvieron una inversión pública lineal, similar a la que se invertía en años prepandémicos, en promedio 1.000 millones de dólares por año. Al respecto, el viceministro de Economía y Finanzas (MEF), Javier Charotti, explicó a La Nación/Nación Media que es importante que la inversión pública sea sostenible. Eso implica que se puedan pagar las obras que se realizan.

Para ello, sostuvo que todo eso implica caminar hacia una consolidación fiscal, ya que, con la misma tendencia de inversión, Paraguay venía transitando márgenes elevados en su déficit fiscal, que está en camino a la convergencia con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) del 1,5 %, a la cual se prevé llegar en 2026 (ver infografía).

El viceministro explicó que la inversión debe ir de la mano con el crecimiento económico, siempre cuidando el nivel de endeudamiento. “Veníamos con un déficit fiscal sumamente elevado y es importante que vuelva a sus niveles prudentes. Con eso no solo se hace un proceso de consolidación fiscal, sino que se trabaja para mantener niveles de inversión que es bastante importante”, indicó Charotti a LN.

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Acerca de la convergencia fiscal, manifestó que lograron cumplir con todas las proyecciones que se propusieron al asumir el gobierno. En 2023 se cerró con el -4,1 % y en 2024 con el -2,6 %. “Ahora ya pasamos el presupuesto con el -1,9 % y nos queda solamente llegar al -1,5 %. Eso va a permitir que volvamos a niveles prudentes del déficit y, por lo tanto, a niveles prudentes de la deuda pública”, aseguró.

Al margen de lo presupuestado en el gobierno central, dijo que es necesario sumar las obras que se están haciendo en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y los recursos que se destinan a obras provenientes de la negociación de la tarifa de Itaipú (por venta de energía). Resaltó que todo esto fortalece la inversión en infraestructura en el país.

Un punto que destacó el ministro fue el compromiso honrado con las empresas constructoras en 2024. La deuda de USD 350 millones heredada del gobierno anterior se saldó mediante una ley de medidas extraordinarias para dinamizar la economía e impulsar el sector. Mencionó que todo esto se cumplió en un año en que Paraguay obtuvo grado de inversión por parte de la calificadora de riesgos Moody’s (julio de 2024).

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“Realmente fue un trabajo muy grande el que se hizo, y algo que me parece sumamente importante recordar es que todo esto se logró, se obtuvo el grado de inversión y va en aumento la calificación de riesgo del país”, dijo, y acotó que todo esto implica que no solamente se restauró la estabilidad macroeconómica, sino que se mantuvieron los niveles de inversión con muchas fuentes, y se inició un proceso de consolidación fiscal para volver al déficit a niveles sostenibles.

Acerca de la deuda de intereses generada por la deuda atrasada, que suma cerca de USD 100 millones, Charotti contó que están analizando las obras y trabajando para verificar ese proceso. Sin dar más detalles, expuso que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, informará en días más cómo se procederá con este compromiso.

El abogado y exdiputado Óscar Tuma recordó que en el 2016 había presentado un proyecto de ley acerca del uso de drones, que pretendía la reglamentación de la utilización responsable. Indicó que la propuesta había sido aprobada en comisiones, pero al momento de presentar ante el pleno de la Cámara Baja fue rechazada y se mandó al archivo, debido a presiones. Sostuvo que hoy se observa la necesidad de contar con esa legislación.

Durante una charla con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media señaló que en aquel tiempo la incursión de los drones era una situación prácticamente nueva en el país, y si bien en otros países ya se estaba aplicando la legislación que se había puesto a consideración del pleno, pero que finalmente fue rechazada.

“Yo recuerdo que hubo presiones de la propia gente de la Dinac, que buscó evitar la sanción de una ley, ya que ellos manifestaron que ellos lo podían hacer a través de reglamentaciones. Pero esa ley la trabajamos nosotros con la asociación de drones, no recuerdo quién exactamente se había ido, justamente preocupado porque debía haber una norma para el uso de drones. Sobre todo, cuando podés afectar la privacidad de las personas. Lastimosamente no corrió y hoy nos damos cuenta de que es absolutamente necesario”, indicó.

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Mencionó que hoy la reglamentación de los drones no es ningún secreto, ya que a estas alturas existe una normativa para el uso responsable de estos equipos, ya que no solo puede afectar el derecho a la privacidad, sino que también podría generar accidentes. Enfatizó que es necesaria la reglamentación del buen uso de los drones.

“El proyecto de ley contemplaba que debía haber una habilitación para el uso de drones, uno tiene que ser responsable y debe contar con una habilitación para su uso. Porque en el hipotético caso, que se ocasione un daño, ya sea a la privacidad, o por la caída de los artefactos, causen un daño material o de la salud de las personas, evidentemente debe existir un responsable. Así como existe un registro en el uso de vehículos, o cualquier instrumento que pueda generar daño a terceros. Esta ley contemplaba el uso responsable de los drones”, mencionó.

El abogado mencionó que a raíz de los últimos acontecimientos, que guardan relación con la exposición de la rutina del presidente de la República, Santiago Peña, sus llegadas y salidas de su domicilio particular, se considera necesario volver a poner en debate esta legislación, con el fin de que sea sancionada y promulgada y se cuente con una ley que reglamente el buen uso de los drones.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de trabajar en la prevención, y no esperar que ocurran los hechos para analizar la cuestión, señalando que con estos equipos se pueden muy bien planificar secuestros de cualquier ciudadano, asaltos domiciliarios.

“No podemos esperar que ocurran estos hechos, porque se puede utilizar para fines perversos los drones. Generalmente cuando ocurren este tipo de desgracias es cuando se toma conciencia de la necesidad de una ley que reglamente el uso de dron, porque mediante los drones estuvieron monitoreando la estancia de tal persona y supieron todos sus movimientos. Tenemos que prevenir esto. Por eso considero necesario analizar esto, porque nos damos cuenta de que no es un simple juguete”, concluyó.

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