Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

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Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

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Durante la última sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que crea juzgados laborales, defensorías públicas, fiscalías laborales y tribunal de apelación en lo laboral en la circunscripción judicial del departamento de Paraguarí”. El proyecto será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su estudio.

El senador Ramón Retamozo, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la propuesta contempla la creación de dos juzgados laborales, dos defensorías públicas, dos fiscalías laborales especializadas y un tribunal de apelación en lo laboral para dicha circunscripción judicial de Paraguarí.

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Indicó que esta estructura será implementada con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación, y que la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública y el Ministerio Público estarán facultados a realizar los ajustes necesarios para su concreción.

El legislador resaltó que, según informes proporcionados por la Corte Suprema de Justicia, existe una necesidad prioritaria de fortalecer el fuero laboral en el departamento de Paraguarí.

La iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados para su correspondiente consideración. Cabe mencionar que la propuesta legislativa fue presentada por el diputado Héctor Rubén Figueredo Notario.

Por otra parte, el plenario de la Cámara Alta analizó el mensaje Nº 1.946 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que reglamenta los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución de la República del Paraguay”, presentado por varios diputados. La propuesta se aprobó con modificaciones y será remitida nuevamente a Diputados.

La iniciativa legislativa tiene como fundamento la necesidad de brindar eficacia y celeridad al procedimiento constitucional de los proyectos de ley que se encuentran en el segundo trámite constitucional del vencimiento, es decir, garantizar el cumplimiento por las Cámaras del Congreso, facultad reconocida expresamente en los artículo mencionados de la Carta Magna.

Asimismo, la propuesta propone una disposición que regule con fuerza de ley aspectos que han quedado vacíos y que requieren de clara reglamentación concerniente a la interpretación y unificar criterios.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, mencionó que desde la Comisión se recomienda la aprobación con modificaciones del mencionado proyecto, teniendo en cuenta que se había hecho una reglamentación por la Ley 2.648/05. Pero, la misma resultó insuficiente para atender ciertas situaciones que generan disparidad de criterios, fundamentalmente a la hora del cómputo de los plazos durante el proceso del tratamiento en particular del veto parcial o total del Poder Ejecutivo ante una ley sancionada por el Congreso.

En efecto la propuesta tiene como fundamento la necesidad de brindar eficacia y celeridad al procedimiento constitucional de los proyectos de ley que se encuentran en trámite constitucional y requiere el adecuado cómputo de plazos del vencimiento para que ambas Cámaras, tanto de origen o revisora pidan ante las circunstancias previstas en estos artículos de la Constitución Nacional.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien le informó sobre el aumento registrado en la recaudación durante el primer trimestre del 2025, que fue de casi 11 %. Destacó que este incremento refleja una tendencia positiva para la economía.

Al término de la reunión, el alto funcionario explicó que este incremento de las recaudaciones es teniendo en cuenta el vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial, que se concreta este fin de mes de abril. Recordó que con todo esto se han logrado buenos resultados en las recaudaciones. “Hemos tenido un primer trimestre muy bueno, en el que llegamos a casi 11 % de aumento en las recaudaciones”, explicó Orué.

Igualmente, el titular de la DNIT informó que presentó al jefe de Estado todos los avances para reglamentar la nueva ley que regula los juegos de azar, que permitirá mejorar y transparentar los próximos procesos de licitación impulsados ​​desde el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

“Esta nueva legislación permitirá un cambio importante en las nuevas licitaciones que se estarán llamando más adelante”, acotó.

Cabe recordar que el presidente Peña había firmado en enero de este año la promulgación de la Ley 7.438/25, que a su vez modifica la Ley 1.016/97 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar”.

Con esta nueva legislación la Conajzar dejó de depender administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas y pasó a formar parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La desmonopolización de los juegos de azar incluye también a la quiniela y las apuestas deportivas, que hasta la fecha solo eran explotadas por una única empresa, respectivamente.

Otro aspecto importante de esta legislación y uno de los principales propósitos de la modificación es el combate frontal a la explotación clandestina de juegos de azar.

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• Victor Pavón (*)

Hay dos maneras de asignar los siempre escasos recursos. (Sobre el tema de la pobreza sugiero al lector los trabajos de Martín Burt, programa “Semáforo de Eliminación de la Pobreza” desarrollado en 60 países con 535 mil familias).

La primera manera de asignar los escasos recursos es utilizando la coerción que funciona como una orden de abajo hacia arriba mediante la legislación, por cierto, la preferida por los políticos y burócratas para congraciarse con sus electorados disponiendo del dinero de los demás.

La segunda manera, la eficiente y justa, consiste en promover la colaboración entre las personas mediante los acuerdos libres y voluntarios para organizarse, producir y comercializar los bienes y servicios.

Incluso en términos personales la respuesta no es diferente. Un antiguo proverbio chino lo explica mejor: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

Se trata, siempre, de predicar con el ejemplo. Es mostrar al indigente que el ser humano no está destinado a ser pobre toda la vida o predestinado a la mendicidad perpetua por algún designio del más allá.

Enseñar a pescar es una herramienta de doble vía: conocimiento y motivación. La persona que se gana el pan diario eleva su autoestima y es valorado por los demás. Alguien que no le culpa a otros de su situación para no convertirse en un resentido, pronto se percata que no hay mejor conducta que la del trabajo diario, el estudio y la disciplina. Nada es gratis. Es tener la actitud de saber que todo cambia en la medida en que, primero, nosotros cambiamos.

Desde luego que la educación es fundamental; la misma se inicia en el hogar y luego en la escuela. Y no solo se instruye para escribir, leer, sumar y restar, sino también la genuina educación es la que enseña buenos modales, el valor de la honradez, la disciplina, la capacitación, de que es bueno tolerar las diferencias sin dejar de lado los propios ideales.

De igual importancia, lo que he expresado hasta aquí no está aislado de la cuestión política. Cuando los gobernantes gozan de la riqueza malhabida, pronto los niños y jóvenes creen que ese es un modelo de vida, lo que luego los lleva a esperar que alguien con dádivas sin mérito alguno les provea del pescado, cumpliéndose así la primera manera de asignar los escasos recursos al que me refería al inicio de esta nota. Es más coerción, menos libertad.

En cambio, si se promueven los acuerdos libres y voluntarios entre los individuos se está enseñando a pescar en vez de dar el pescado y de ese modo se está dando un paso hacia una mejor sociedad civil, un mundo mejor ayudando de verdad a los pobres.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.